Cuenta atrás para la DAE: el sector alimentario afina su cumplimiento RAP
El cierre llega en plena aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para envases industriales y comerciales y con el foco puesto en el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR), que irá endureciendo requisitos de aquí a 2030 y más adelante.
Para Joan Ros, director general de Envalora, la RAP se ha convertido en un cambio de calado en la gestión diaria de las empresas: “Es una obligación legal que afecta a quienes ponen envases en el mercado español y supone asumir la organización y financiación de la correcta gestión de los residuos, además de reportar información cada año ante la Administración”.
En la práctica, este nuevo marco implica trabajar con trazabilidad, asegurar la coherencia documental y elevar el control de datos. También obliga, en muchas organizaciones, a revisar procedimientos internos y a profesionalizar cómo se recopila y valida la información.
En este punto, Ros insiste en que la cuestión no es “cumplir por cumplir”, sino evitar que el proceso se convierta en un trámite aislado. En su visión, el cumplimiento debe asentarse como parte de la operativa y de la toma de decisiones, porque “ya no se trata solo de cumplir formalmente, sino de integrar la sostenibilidad en la operativa diaria y en la toma de decisiones empresariales”.
En la DAE, las compañías deben declarar cantidades de envases puestos en el mercado, materiales, tipologías y, cuando corresponda, el porcentaje de material reciclado. Y aquí el margen de error no es trivial: “Su incumplimiento o presentación incorrecta puede derivar en sanciones económicas y responsabilidades administrativas”.
La complejidad técnica del trámite es precisamente uno de los puntos de fricción habituales. Desde Envalora señalan que, sin herramientas adecuadas, la DAE puede resultar difícil de gestionar con garantías. Por eso, el SCRAP ofrece a las empresas adheridas una plataforma digital que “genera un informe estructurado listo para su presentación ante el Ministerio”. El objetivo: reducir fallos, ordenar la información y reforzar la seguridad jurídica. “Se reducen errores, se facilita la coherencia de los datos y se aporta seguridad jurídica en la gestión de los residuos de envases”, resume Joan Ros. A ello se añade un “servicio de apoderamiento y asesoramiento técnico continuo durante todo el proceso”.
PPWR: más presión regulatoria y requisitos graduales hasta 2030 (y 2040)
Más allá de la fecha del 2 de abril, el otro gran eje que condiciona la planificación del sector es el marco europeo. Joan Ros explica que el PPWR define “un nuevo marco europeo que se desplegará progresivamente hasta 2030”. Aunque todavía se preparan “notas interpretativas para concretar algunas obligaciones”, el reglamento ya fija movimientos relevantes: “traslada la definición de productor a los fabricantes en determinados envases de transporte, como los palets” —hasta ahora no afectados por la RAP en España— y “refuerza de forma gradual las exigencias de ecodiseño y reciclabilidad de los envases industriales”.
La fotografía de 2030 también está marcada: “a partir de 2030, todos los envases deberán ser reciclables y los plásticos incorporar contenido mínimo reciclado”. Y el horizonte se alarga con “objetivos de reducción de residuos para 2040”, que apuntalan un modelo con mayor exigencia en circularidad y, de nuevo, en control y reporte documental.
En este escenario, Envalora se posiciona como vía colectiva para ordenar el cumplimiento. Un sistema colectivo sólido, impulsado por la industria y respaldado por 24 asociaciones sectoriales, que agrupa ya a más de 2.900 empresas de sectores como química, automoción, construcción, alimentación, plásticos o metal, entre otros, con el objetivo de garantizar un cumplimiento homogéneo y trazable de la RAP.
Envalora también destaca por su incorporación como miembro asociado a la CEOE, un paso que refuerza su interlocución institucional “en un momento clave”. De cara a 2026, Envalora ha ajustado sus tarifas RAP bajo criterios de eficiencia, mantiene bonificaciones y amplía servicios, con una propuesta centrada en seguridad jurídica, herramientas digitales y acompañamiento técnico especializado.












