La FEV pide ayuda al Gobierno y rechaza la destilación
La Federación Española del Vino (FEV) ha reclamado al Gobierno que dote de más fondos el programa de ayudas para el sector debido a las dificultades vinculadas con la caída de ventas en la hostelería por la COVID-19, y ha instado a priorizar otras medidas antes que la destilación.
“No es que estemos en contra de la destilación, pero en el actual contexto, ante la falta de presupuesto, no hay que destinar fondos a arreglar un problema más bien estructural –el exceso de producción– sino a medidas enfocadas en la crisis puntual que vivimos”, ha argumentado en declaraciones a Efeagro el director general de la patronal, José Luis Benítez.
El representante de las bodegas españolas ha defendido que son éstas las principales perjudicadas por la pandemia, ya que vendían a bares y restaurantes “con valor añadido” y aunque se ha registrado un repunte de las ventas en el supermercado, no compensa ni de lejos el desplome de los negocios de hostelería.
Benítez ha señalado que este descenso de las ventas genera tensiones “a nivel de liquidez y tesorería” en las bodegas, y ha incidido en que la mejor medida posible sería ayudar al almacenamiento privado (es decir, dejar vino guardado sin vender durante un tiempo para reducir la oferta ante la bajada de la demanda, evitando que su precio se derrumbe).
La posición de la FEV es compartida por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (que representa los intereses de las Denominaciones de Origen), pero contrasta con la postura de las organizaciones agrarias, que apuestan por la destilación como la mejor forma de ayudar al dueño de la viña.
Al subvencionar que se retire una parte de la producción para destinarla a destilación –generando alcohol para uso industrial–, los representantes de los viticultores consideran que también se contribuye a aliviar la presión sobre los precios reduciendo la oferta de vino.
Las diferencias dentro del sector vitivinícola se registran justo cuando el Gobierno estudia qué fondos destinar a cada medida a través del Programa de Apoyo al Sector de Vino (Pasve), un instrumento dotado con 210 millones de euros en 2020 y que de cara a este año cuenta con 202 millones de presupuesto.
El Pasve, financiado por la Comisión Europea, apoya habitualmente la promoción internacional del vino, la reestructuración y reconversión de viñedos y las inversiones en bodegas; sin embargo, en 2020 se aprobó redirigir una parte de esas ayudas (unos 91 millones) a otras medidas específicas por la crisis de la COVID-19.
A finales de enero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) advirtió en un comunicado de que la disponibilidad presupuestaria para medidas excepcionales de cara al ejercicio 2021 es limitada, ya que de momento Bruselas se ha negado a proporcionar más fondos.
