El fraude en uno de cada cinco intercambios de pescado pone en alerta al sector

El fraude en el sector de la pesca y la acuicultura afecta aproximadamente al 20% del comercio mundial de estos productos, en un mercado global valorado en 195.000 millones de dólares. Así lo recoge el informe ‘El fraude alimentario en el sector de la pesca y la acuicultura’, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que ofrece una radiografía de las prácticas más comunes y de los riesgos asociados.

El documento define el fraude como una “práctica deliberada con intención de engañar a otros” y advierte de que sus efectos van más allá del impacto económico: puede comprometer la biodiversidad, la salud humana y la estabilidad de los sistemas productivos. La diversidad de especies comercializadas —más de 12.000 en todo el mundo— explica, en parte, que la incidencia sea superior a la registrada en otros sectores alimentarios como la carne o las frutas.

“Con demasiadas frecuencia, el pescado o marisco que comemos no es lo que dice el menú”, señala la FAO en el informe.

Entre las prácticas más habituales figura la adulteración con colorantes para hacer que determinadas especies, como el atún, parezcan más frescas, así como la sustitución de especies de menor valor por otras de mayor precio. Es el caso de la tilapia vendida como pargo rojo o del salmón de piscifactoría comercializado como si fuera salvaje.

El informe apunta que presentar salmón del Atlántico —mayoritariamente de acuicultura— como si fuera del Pacífico, en su mayoría de captura salvaje, puede generar un beneficio adicional de hasta 10 dólares por kilogramo. También cita el ejemplo de la lubina de piscifactoría en Italia, que etiquetada como ‘producto local’ puede triplicar el precio respecto a la procedente de Grecia o Turquía.

Estas prácticas buscan en ocasiones ocultar el verdadero origen geográfico o encubrir desembarques que superan las cuotas legales, lo que supone un riesgo añadido para la sostenibilidad de las poblaciones pesqueras.

El informe también alerta de falsificaciones como imitaciones de gambas elaboradas con compuestos a base de almidón, el uso de surimi para simular carne de cangrejo o el etiquetado engañoso en productos transformados.

Más allá del perjuicio económico, la FAO advierte de posibles riesgos para la salud pública, como la recongelación de productos para aumentar su peso o el consumo de pescado crudo en establecimientos donde las especies no están correctamente identificadas.

Diversos estudios citados en el documento indican que hasta el 30% de los productos del mar servidos en restaurantes podrían estar mal etiquetados. Se recogen casos en América Latina, China, la Unión Europea y Norteamérica. En la provincia de Buenos Aires (Argentina), por ejemplo, un estudio de 2020 detectó una tasa de sustitución de especies del 21,3%, mientras que en Brasil los niveles de fraude se sitúan entre el 17,3 y el 22%. En Estados Unidos y Canadá, las investigaciones apuntan a tasas cercanas al 25%.

En algunos mercados se emplean nombres vernáculos confusos para ocultar la verdadera identidad de la especie, como 'pollo de mar' para referirse al pez elefante o 'palo rosado' para comercializar distintas especies de tiburón.

El informe conjunto de la FAO y el OIEA revisa los marcos regulatorios existentes y estándares como los del Codex Alimentarius, así como directrices de la FAO y esquemas de certificación reconocidos por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI). Entre sus recomendaciones figura la armonización internacional de los requisitos de etiquetado, la obligatoriedad de incluir el nombre científico de las especies y el refuerzo de los sistemas de trazabilidad.

Asimismo, plantea el uso de herramientas científicas y modelos de aprendizaje automático para detectar anomalías en la cadena de suministro y subraya el papel de la transparencia empresarial y la concienciación del consumidor como elementos clave para frenar el fraude.

En un contexto de creciente globalización del comercio pesquero, el organismo concluye que reforzar la cooperación internacional y los mecanismos de control será determinante para preservar la confianza del consumidor y la sostenibilidad del sector.