Entra en vigor el Tratado de Alta Mar: implicaciones para la industria pesquera global

El pasado 17 de enero entró en vigor el Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés). Este acuerdo internacional marca un antes y un después en la gobernanza oceánica: introduce más regulaciones, eleva las exigencias de sostenibilidad y habilita nuevas áreas marinas protegidas. Para la pesca en aguas internacionales —que abarca casi la mitad del planeta—, supone el inicio de una nueva etapa con implicaciones directas para armadores, flotas industriales y autoridades pesqueras de todo el mundo.

El Tratado BBNJ establece por primera vez un marco jurídico global para conservar la biodiversidad en alta mar y garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados de sus recursos. Esto incluye disposiciones que afectan directamente a la industria pesquera, como la creación de áreas marinas protegidas (AMP), la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y el compromiso con el uso sostenible de los recursos biológicos marinos.

Varias entidades han destacado que el éxito del Tratado dependerá de su traducción en medidas operativas. "Los gobiernos deben avanzar con rapidez desde la ratificación hasta un impacto real", señala Matthew Collis, director sénior de Política de IFAW, subrayando la urgencia de crear áreas protegidas y salvaguardar la vida marina en zonas que hasta ahora carecían de protección.

Con la aplicación de este Tratado, cualquier actividad planificada por los Estados que pueda afectar a la biodiversidad en alta mar estará sujeta a procesos de evaluación ambiental conforme a los criterios del Tratado. Para el sector pesquero, este punto puede reforzar la tendencia hacia una mayor rendición de cuentas: "La implementación efectiva dependerá de la transparencia de la información que haga visible, medible y verificable la actividad humana en el mar", afirma Tony Long, CEO de Global Fishing Watch, en referencia a la necesidad de monitorización y datos para apoyar la sostenibilidad de la biodiversidad, las pesquerías y las comunidades costeras. Para la pesca industrial, esto implica una mayor supervisión y trazabilidad en operaciones que se desarrollen fuera de las aguas jurisdiccionales, especialmente en zonas de biodiversidad sensible.

Asimismo, el Tratado allana el camino para la creación de una red de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar. En este sentido, desde la sociedad civil se ha señalado que el acuerdo cubre un vacío histórico en la regulación. "Durante demasiado tiempo, la alta mar ha sido un gran vacío en la gobernanza mundial, lo que ha derivado en una especie de ‘barra libre’ para empresas de pesca industrial que han devastado poblaciones de peces en todo el mundo. Ahora la alta mar tiene la oportunidad de recuperarse", afirma Flora McMorrin, directora ejecutiva de RISE UP for the Ocean. La identificación y propuesta de estas zonas será clave para definir nuevas restricciones a la actividad extractiva, incluyendo vedas, limitaciones técnicas o cambios en las rutas de pesca. La industria deberá anticiparse a estos escenarios con estrategias de adaptación productiva y logística.

Uno de los elementos diferenciales del BBNJ es su enfoque en la equidad: busca facilitar el acceso a capacidades y tecnología para que todos los países puedan participar en igualdad de condiciones en la gestión de los recursos marinos en alta mar.

El Tratado BBNJ también prioriza el acceso equitativo a los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos y promueve la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades en países en desarrollo. "El Acuerdo permite avanzar en la implementación efectiva del principio de patrimonio común de la humanidad y fortalece la creación de capacidades y la transferencia tecnológica, elementos clave para garantizar una participación equitativa en todas las regiones, especialmente en América Latina", indica Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Para el sector pesquero, esto representa una oportunidad de cooperación técnica, innovación en sistemas de monitoreo y mejora en los estándares de sostenibilidad.

América Latina, con una importante presencia en flotas de altura y biodiversidad marina, podría jugar un papel estratégico en esta nueva etapa, participando en condiciones de mayor equidad y acceso a tecnología.

¿Qué cambia para armadores y flotas?

• Más control ambiental: Será obligatorio evaluar el impacto ambiental de las operaciones pesqueras en alta mar.
• Zonas restringidas: Se crearán nuevas áreas marinas protegidas que pueden afectar rutas, capturas y logística.
• Mayor trazabilidad: Se reforzará el monitoreo y la transparencia sobre la actividad pesquera más allá de las fronteras nacionales.
• Nuevas oportunidades de cooperación: Se impulsará la transferencia tecnológica y la cooperación internacional, con foco en regiones en desarrollo.
• Gobernanza internacional: Las decisiones sobre alta mar estarán sujetas a nuevos órganos multilaterales con poder vinculante.

Más allá de su valor simbólico, varias voces coinciden en que el reto inmediato será construir la arquitectura institucional que permita que el Tratado tenga un impacto real sobre el terreno. "Las naciones deben utilizar ahora el plano del Tratado para crear las instituciones, procedimientos y órganos necesarios que proporcionen una base sólida desde la que materializar su visión de conservación: establecer protecciones duraderas para la alta mar", afirma Liz Karan, directora de gobernanza oceánica de The Pew Charitable Trusts.

El verdadero alcance del Tratado dependerá de su implementación efectiva. Con 83 países ya adheridos y su primera Conferencia de las Partes (CoP1) prevista en el plazo de un año, se espera que en los próximos meses se definan los mecanismos institucionales que marcarán la aplicación práctica del acuerdo.

Para la industria pesquera global, el Tratado de Alta Mar plantea un nuevo escenario normativo que exigirá adaptación, pero también ofrece la posibilidad de consolidar un modelo de explotación sostenible, transparente y alineado con los objetivos globales de biodiversidad y clima para 2030.

Los actores del sector deberán estar atentos a la evolución de este marco, participar en los procesos de consulta y prepararse para operar bajo nuevos estándares internacionales de sostenibilidad marina.