Se buscan compradores de la maquinaria embargada a Magrudis
Las partes personadas en la causa judicial abierta por el brote de listeriosis detectado en el verano de 2019 han alcanzado un acuerdo para buscar compradores para más de una veintena de bienes, sobre todo maquinaria, que el juzgado embargó a la empresa Magrudis, cuyos productos fueron el foco de la epidemia. La recaudación que se obtenga con estas ventas se consignará en parte a responder por las posibles responsabilidades civiles que puedan resultar impuestas en un futuro como consecuencia de la investigación judicial.
El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla dictó el 7 de julio de 2020 una diligencia de embargo sobre bienes de las naves donde desarrollaban su actividad Magrudis y Elaborados Cárnicos Mario, ubicadas en el polígono industrial El Pino, en la capital andaluza.
Según ha informado la asociación Facua-Consumidores en Acción, las acusaciones particulares y las defensas de los investigados han acordado formalizar un convenio de realización para tratar de liquidar veintidós de los bienes muebles embargados, que fundamentalmente consisten en maquinaria utilizada para la elaboración de sus productos cárnicos y mobiliario.
Las partes en este procedimiento disponen hasta el 26 de marzo para localizar a posibles compradores que estén dispuestos a adquirir los bienes embargados e informar de las ofertas al juzgado, que a su vez valorará todas las propuestas para tomar la decisión más beneficiosa para las víctimas.
Las ofertas podrán realizarse de forma individualizada sobre cualquiera de los bienes o de forma global, aunque en este último supuesto se deberá desglosar la valoración o precio que se señale sobre cada efecto embargado. El importe total correspondiente a la valoración económica de los bienes embargados ronda los 30.000 euros.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla sigue investigando el brote de listeriosis, que en total provocó cuatro fallecidos y varios abortos. Dos de los investigados, el propietario de Magrudis y uno de sus hijos, llegaron a estar varios meses en prisión provisional y la jueza les atribuye un delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, cuatro homicidios por imprudencia, seis abortos y lesiones “cuyo número exacto aún está por determinar”.
