Los centros educativos deberán minimizar los datos personales que solicitan a las familias
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha dado a conocer las nuevas directrices del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el principio de minimización de datos en la expedición de certificados relacionados con menores. La medida pretende evitar que las familias entreguen a los centros educativos sentencias judiciales completas cuando basta con acreditar la información estrictamente necesaria.
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) ha informado sobre la entrada en vigor de las Directrices 1/2026, aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que buscan reforzar la protección de la privacidad de los menores mediante una aplicación más estricta del principio de minimización de datos en los documentos que las familias presentan ante los centros educativos.
La iniciativa responde a una situación habitual en los colegios, donde en ocasiones es necesario acreditar aspectos relacionados con la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de recogida del alumnado, la participación en actividades complementarias o extraescolares, el uso de la imagen y la voz, el comedor, el transporte escolar o la existencia de medidas de protección.
Hasta ahora, en muchos casos las familias aportaban sentencias judiciales o convenios reguladores completos, documentos que incluyen información personal, familiar, económica o judicial que resulta innecesaria para la gestión educativa. Las nuevas directrices establecen que, siempre que sea posible, deberá sustituirse esa documentación por un certificado limitado exclusivamente a los datos que el centro necesite conocer.
Según explica el INTEF, esta medida facilita el cumplimiento de la normativa de protección de datos y reduce la exposición de información sensible tanto de los menores como de sus familias.
Foto: INTEF.
Los centros deberán informar a las familias sobre esta posibilidad
Las directrices contemplan que sean los propios progenitores quienes soliciten al órgano judicial un certificado específico con la información imprescindible que deba acreditarse ante terceros, entre ellos los centros educativos. La solicitud puede realizarse directamente o a través de procurador.
El papel de los centros educativos no será tramitar estos certificados, sino informar a las familias de que existe esta posibilidad y evitar solicitar documentación más amplia de la necesaria cuando un certificado limitado sea suficiente para acreditar la situación correspondiente.
El INTEF recuerda que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado una guía en formato de preguntas frecuentes en la que explica este procedimiento y facilita el acceso tanto a las Directrices 1/2026 como a los formularios necesarios para solicitar estos certificados.
La aplicación de estas recomendaciones permitirá a los centros educativos reducir el volumen de información sensible que reciben y custodian, reforzando la protección de la privacidad de los menores y alineando sus procedimientos con el principio de minimización de datos establecido en la normativa de protección de datos personales.
