El empleo en la pesca española cayó un 13% entre 2017 y 2023, según el primer informe social europeo del sector
El sector pesquero español perdió un 13% de sus empleos entre 2017 y 2023, en línea con la tendencia registrada en el conjunto de la Unión Europea, donde la ocupación descendió un 15% durante el mismo periodo. Así se desprende del Informe Social Anual (ASOR) publicado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF), en cuya elaboración ha participado personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).
Se trata del primer análisis realizado a escala europea que evalúa de forma sistemática la dimensión social de la sostenibilidad pesquera y que servirá de apoyo a la Comisión Europea para incorporar estos criterios en el desarrollo de la Política Pesquera Común (PPC).
El informe supone un nuevo paso en el seguimiento de la actividad pesquera europea al complementar los tradicionales indicadores biológicos y económicos con variables relacionadas con el empleo, la estructura del sector, las comunidades pesqueras y el impacto social de las medidas de gestión.
Según el estudio, la pesca extractiva de la Unión Europea empleó en 2023 a cerca de 120.000 personas distribuidas en más de 53.000 buques activos. Grecia, España, Francia, Italia y Portugal concentraron la mayor parte del empleo pesquero comunitario, reflejando el peso económico y social de la actividad en estos países.
Los datos confirman además una tendencia continuada de reducción del empleo, especialmente en la pesca costera artesanal y en las flotas de menor tamaño. España registró una caída del 13 % entre 2017 y 2023, mientras que Italia y Grecia experimentaron descensos aún más acusados.
El documento también amplía el análisis a la acuicultura y a la industria transformadora de productos pesqueros. En conjunto, estos tres ámbitos generaron alrededor de 299.000 empleos en la Unión Europea durante 2023, ofreciendo una visión más completa de la contribución social y económica del sistema alimentario marino europeo.
Los autores destacan que la necesidad de incorporar indicadores sociales a la evaluación de la Política Pesquera Común se ha intensificado en los últimos años debido a factores como la pandemia de covid-19, el Brexit, el cambio climático o la creciente competencia por el uso del espacio marítimo. Estos procesos han tenido repercusiones directas sobre la actividad pesquera y sobre las comunidades costeras dependientes del mar.
El informe pretende proporcionar una base científica que permita valorar cómo afectan las políticas pesqueras al tejido social antes, durante y después de su aplicación, facilitando una toma de decisiones más equilibrada entre los objetivos ambientales, económicos y sociales.
La participación del IEO-CSIC en este trabajo ha contado, entre otros, con la contribución de Marta Ballesteros, investigadora del Grupo de Investigación en Ciencias Socio-Ecológicas Marinas (SOMARES), integrante del STECF y copresidenta de su Grupo de Expertos en Datos Sociales. Su labor se ha centrado en el desarrollo de herramientas destinadas a integrar de forma estable la dimensión social en la gestión sostenible de la pesca europea.
