El Gobierno aprueba medidas urgentes para fortalecer el sistema eléctrico

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico, cumpliendo el compromiso adquirido tras el apagón del 28 de abril. La norma se estructura en tres bloques que abarcan supervisión, almacenamiento y electrificación. Además, se ha adoptado un Real Decreto que activa inversiones por 931 millones de euros con cargo a fondos europeos para proyectos estratégicos de descarbonización, mejora de redes y protección del consumo industrial. El conjunto de decisiones persigue dotar al sistema de mayor estabilidad, adaptabilidad y autonomía y facilitar la integración de renovables, industria y nuevas demandas energéticas, según el comunicado oficial emitido por La Moncloa.

El Real Decreto-ley aprobado se articula en tres bloques. El primero está orientado a mejorar la supervisión, la verificación y el cumplimiento del sistema eléctrico. Se refuerzan las capacidades de control, así como la posibilidad de amortiguar oscilaciones en situaciones críticas. La norma asigna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia nuevas funciones de seguimiento e inspección y establece un calendario para que el operador del sistema presente propuestas de regulación técnica vinculadas al funcionamiento general de la red.

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, los elementos técnicos necesarios para evitar la caída del sistema el 28 de abril estaban disponibles, pero no se activaron en la magnitud requerida o no funcionaron como se esperaba. Para evitar que se repita una situación similar, el texto normativo establece mecanismos adicionales de coordinación, control y planificación técnica.

El segundo bloque de medidas se centra en potenciar el almacenamiento y la flexibilidad del sistema. Según detalló la vicepresidenta, el texto prioriza la instalación de baterías en emplazamientos que ya cuentan con parques renovables, lo que permite aprovechar infraestructuras existentes mediante procesos de hibridación.

La norma fomenta además la figura del gestor del autoconsumo colectivo como vía para ampliar la capacidad de adaptación del sistema a variaciones en la generación y la demanda. Con ello se pretende mejorar la respuesta operativa ante cambios repentinos o desviaciones en el equilibrio energético, incorporando nuevos agentes y tecnologías que puedan actuar de forma coordinada con el operador.

Estas medidas están diseñadas para facilitar la integración de nuevas capacidades de almacenamiento en un modelo descentralizado y aumentar la capacidad del sistema para absorber energía renovable en periodos de baja demanda sin comprometer la estabilidad.

El tercer bloque está dedicado a la planificación de la red y a la electrificación de sectores productivos y sociales. La nueva norma establece que la planificación eléctrica pasará a tener un carácter trienal, con posibilidad de revisiones puntuales cada dos años. El objetivo es disponer de una herramienta de programación más flexible y adaptada a la evolución de la demanda y de la generación renovable.

Según Aagesen, el Gobierno se reunirá en las próximas semanas con el operador del sistema y las comunidades autónomas para iniciar el proceso de planificación de la red de transporte. La intención es anticipar necesidades futuras y garantizar que la infraestructura eléctrica responda a los requerimientos de sectores como la industria, el transporte y la edificación.

La electrificación es considerada uno de los vectores fundamentales para la reducción de emisiones y la modernización de la economía. La norma incorpora elementos que favorecen la conexión de nuevos usos eléctricos, reducen barreras administrativas y mejoran la coordinación entre las administraciones implicadas.

Junto al Real Decreto-ley, el Consejo de Ministros ha aprobado también un Real Decreto que autoriza inversiones en la red de transporte de energía por un importe de 931 millones de euros, financiados con cargo a los fondos europeos.

La vicepresidenta tercera ha indicado que estos fondos se destinarán a proyectos estratégicos de descarbonización, que permitan reducir costes para los consumidores y habiliten nuevas iniciativas industriales. La norma incluye disposiciones para agilizar la tramitación de dichas inversiones, con el fin de acelerar su ejecución y evitar el uso ineficiente de las infraestructuras existentes. Con estas actuaciones, el Gobierno busca mejorar la eficiencia del sistema y reforzar su capacidad operativa, con especial atención a las interconexiones, la evacuación de renovables y los nodos industriales.

Entre las medidas adicionales incorporadas en el Real Decreto-ley 7/2025, figura la exención del 80% de los peajes eléctricos para consumidores electrointensivos durante todo el año 2025. Esta medida busca aliviar la carga económica de sectores industriales con fuerte dependencia energética y reforzar su competitividad.

Asimismo, se amplía el radio permitido para el autoconsumo hasta cinco kilómetros, en instalaciones de hasta 5 MW. Esta modificación permite compartir excedentes en un área más amplia, facilitando la implantación de sistemas colectivos en entornos rurales, empresariales o residenciales.

La norma también agiliza la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y habilita a las comunidades de propietarios a optar por soluciones térmicas eficientes, como la aerotermia, con menor carga burocrática. 

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha valorado positivamente la aprobación del Real Decreto-ley que actualiza el marco normativo del sistema eléctrico, considerando que contribuye a dotarlo de mayor estabilidad, robustez y flexibilidad. Según su director general, José Donoso, esta norma permitirá que las energías renovables, y en particular la solar fotovoltaica, jueguen un papel destacado en la mejora del suministro eléctrico y la independencia energética, al tiempo que se avanza en los objetivos de descarbonización.

Unef subraya que la normativa facilitará la participación de la fotovoltaica en el servicio de control de tensión, una medida largamente solicitada por el sector. Esta posibilidad, junto con la actualización del procedimiento operativo PO 7.4 por parte de la CNMC, permitirá a las instalaciones fotovoltaicas contribuir activamente a estabilizar la red eléctrica. Dado su carácter distribuido, esta tecnología está bien posicionada para aportar este servicio en distintas zonas del territorio, ayudando a reducir los costes derivados de las restricciones técnicas.

La asociación destaca también la adecuación de la regulación sobre almacenamiento, que hasta ahora no contemplaba esta tecnología. El Real Decreto-ley reconoce su personalidad jurídica y habilita la hibridación de baterías con plantas ya existentes, lo que permitirá su desarrollo inmediato como herramienta para mejorar la estabilidad del sistema.

Unef considera que la norma promueve una planificación de redes más dinámica y adecuada al contexto actual y valora medidas como la creación del gestor de autoconsumo colectivo o la ampliación del radio de compensación de excedentes hasta cinco kilómetros. Asimismo, destaca el avance en la electrificación y el impulso a la figura del agregador como medios para mejorar la integración de la demanda en momentos de producción solar.

Finalmente, la organización apoya la adecuación del sistema de hitos y solicita respaldo político para la convalidación del texto en el Parlamento.

La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) ha expresado una valoración favorable respecto al Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros para reforzar el sistema eléctrico. La entidad considera que la norma representa un avance técnico importante para mejorar la infraestructura energética del país y facilitar el crecimiento industrial en un contexto marcado por la electrificación de procesos y el aumento de la demanda eléctrica en sectores estratégicos.

Feique destaca la necesidad de que el desarrollo y despliegue de infraestructuras eléctricas se lleve a cabo con agilidad, especialmente en los puntos de conexión y transporte vinculados a instalaciones industriales. En este sentido, la federación insiste en que la anticipación en la planificación y la coordinación administrativa resultan esenciales para evitar retrasos que afecten a la competitividad productiva.

La organización valora que el Real Decreto-ley incorpore elementos que permiten una revisión más dinámica de la planificación de la red, lo cual puede contribuir a atender con mayor rapidez las necesidades energéticas de grandes consumidores. A su juicio, esta flexibilidad debe mantenerse y desarrollarse con la participación activa del tejido industrial.

Feique señala, además, que la inversión en refuerzo de la red de transporte no solo responde a los compromisos medioambientales, sino que constituye una condición técnica para sostener la continuidad operativa de sectores industriales intensivos en consumo energético, como la industria química. Por ello, reitera la importancia de que las medidas incluidas en la norma se acompañen de mecanismos efectivos de ejecución, que aseguren la implementación real de las actuaciones previstas.

La federación concluye señalando que será imprescindible un diálogo permanente entre la administración y los sectores industriales para garantizar que las decisiones regulatorias acompañen de forma efectiva al desarrollo económico y tecnológico del país.

Al igual que otras organizaciones del sector energético e industrial, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha valorado positivamente el Real Decreto-ley 7/2025, destacando su alineación con varias recomendaciones formuladas por el Comité de Análisis tras el apagón del 28 de abril. La patronal eléctrica considera que el texto introduce medidas relevantes para reforzar la resiliencia del sistema, impulsar la electrificación y habilitar nuevas figuras para dinamizar la participación del consumidor.

Aelec valora especialmente el impulso normativo a las infraestructuras de recarga, la aerotermia y el calor industrial, así como la habilitación del agregador independiente y el gestor del autoconsumo colectivo. También considera acertado el mandato para que Red Eléctrica de España (REE) actualice la normativa sobre control de estabilidad de red, al tratarse de un aspecto crítico que exige una intervención ágil y técnicamente solvente. Asimismo, celebra la flexibilización de la planificación de la red de transporte, con revisiones trianuales y actualizaciones puntuales cada dos años, y la incorporación de mecanismos ágiles para añadir posiciones en subestaciones sin necesidad de autorización ministerial. La asociación considera especialmente oportuna la utilización de redes de 220 kV por parte de distribuidores como vía para acelerar la conexión de nuevas demandas industriales.

No obstante, Aelec enfatiza que quedan áreas clave por abordar en los futuros desarrollos reglamentarios. Reclama una revisión urgente del límite de inversión en distribución, una reforma del procedimiento de acceso y conexión que incluya garantías económicas y un sistema de hitos intermedios para proyectos de demanda superior a 1 kV, así como una regulación específica del modo de operación reforzada del sistema, cuyo impacto sobre los precios a corto plazo resulta preocupante.

La asociación concluye reiterando su compromiso con el desarrollo de las redes y la electrificación y apela a una colaboración efectiva con las administraciones para avanzar con mayor ambición técnica y regulatoria.

Por su parte, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) ha acogido con satisfacción la inclusión en el Real Decreto-ley 7/2025 de la prórroga de la exención del 80% en los peajes eléctricos para los consumidores electrointensivos. Esta medida, con efecto retroactivo desde el 23 de enero, había sido solicitada de forma reiterada por el sector tras la derogación del anterior marco que dejaba sin cobertura a esta bonificación.

Aege destaca que la medida permitirá mitigar el impacto del incremento del 5% en la factura eléctrica para las industrias electrointensivas, en un contexto de encarecimiento generalizado tanto de los servicios de ajuste —que se han incrementado un 50% respecto al primer semestre de 2024— como del precio del mercado diario, también con una subida equivalente. Esta evolución, advierte la asociación, compromete la competitividad de la industria nacional frente a sus homólogas europeas.

Además del alivio económico que representa la prórroga de los peajes, Aege valora otras disposiciones recogidas en el decreto, como el fomento de la electrificación industrial mediante un acceso más dinámico a la red y la eliminación de la carga fiscal sobre hornos y calderas. También señala el reconocimiento explícito del papel de la demanda industrial como elemento estabilizador del sistema eléctrico, en línea con modelos aplicados en otros países.

La asociación recuerda que las empresas electrointensivas, con una elevada dependencia eléctrica en sus procesos industriales, necesitan mejorar la competitividad del coste eléctrico aplicando criterios equiparables a los de sus competidores europeos. En su opinión, la industria española debe ganar eficiencia y estabilidad para contribuir de forma sólida y sostenible al crecimiento económico y al empleo. “El futuro se construye contando con la industria”, concluye el comunicado de AEGE.

En línea con otras voces del sector energético, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha expresado su apoyo al Real Decreto-ley 7/2025 por su contribución a agilizar la repotenciación, flexibilizar plazos y reforzar la estabilidad del sistema eléctrico. No obstante, advierte de que aún persisten carencias regulatorias que deben abordarse con urgencia para garantizar la viabilidad técnica y económica del despliegue eólico.

AEE valora positivamente la tramitación simplificada para repotenciaciones con un incremento inferior al 25% de potencia, aunque considera imprescindible adoptar medidas adicionales: un plan nacional específico, incentivos económicos, acceso preferente a red, seguridad jurídica a través de la declaración de Interés Público Superior y el desarrollo de un procedimiento ambiental diferenciado. También pide garantizar que no se apliquen de forma retroactiva nuevas restricciones a parques ya operativos.

La asociación considera acertado que el decreto permita suspender plazos en caso de paralizaciones judiciales, pero matiza que esta protección debe extenderse a proyectos bloqueados de facto por procedimientos aún no resueltos, como ocurre en Galicia. En cuanto al refuerzo técnico del sistema, valora la aprobación del nuevo procedimiento de control dinámico de tensión, si bien reclama que su implantación se base en análisis coste-beneficio y contemple pilotos en redes compartidas. AEE insiste en definir de forma realista los requisitos del Grid Forming, establecer un mercado específico para este servicio y priorizar su planificación a escala europea.

Sobre el almacenamiento, la asociación respalda la simplificación administrativa pero solicita una planificación zonal que oriente su despliegue hacia los puntos de red con mayor valor estratégico. Finalmente, reclama que las condiciones del autoconsumo de proximidad no se limiten a la solar fotovoltaica y permitan también la integración de instalaciones eólicas de hasta 5 MW y a una distancia máxima de 5 km de los puntos de consumo.

Asociaciones como AEE o APPA Renovables piden que las condiciones de autoconsumo de proximidad no se limiten a la solar fotovoltaica y sugieren un enfoque más inclusivo para aprovechar la diversidad de recursos renovables del país. Licencia de la imagen: APPA Renovables.

Desde una perspectiva integral de las energías limpias, APPA Renovables ha acogido con satisfacción el contenido del Real Decreto-ley 7/2025, al que atribuye un papel central en la reactivación de la demanda eléctrica, el despliegue del almacenamiento, la hibridación renovable y la planificación dinámica de las redes. Durante su Asamblea General, celebrada el 26 de junio en Madrid, las empresas asociadas coincidieron en destacar el valor de estas medidas para alinear el crecimiento de las renovables con los objetivos del PNIEC.

La asociación valora especialmente la modificación del llamado quinto hito, que permitirá acompasar la entrada en operación de instalaciones ya construidas o en fase avanzada al ritmo real de la demanda. También aplaude que las instalaciones de almacenamiento que inyectan energía a la red obtengan la condición de utilidad pública, lo que facilitará su tramitación. APPA Renovables insta, no obstante, a aprobar cuanto antes el Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía, pendiente de desarrollo, y a reforzar la seguridad jurídica de los promotores mediante una definición clara de potencia instalada y la armonización de la normativa aplicable.

En el ámbito del autoconsumo, aunque celebra la ampliación de distancia a 5 km y la creación del gestor de autoconsumo, lamenta que las nuevas medidas continúen restringidas exclusivamente a la tecnología fotovoltaica. La asociación considera que se ha perdido una oportunidad relevante para integrar también otras fuentes renovables —como la minihidráulica, la eólica o la biomasa— en los esquemas de autoconsumo compartido, especialmente en entornos rurales o en instalaciones de titularidad pública. A su juicio, un enfoque más inclusivo permitiría aprovechar con mayor eficacia la diversidad de recursos renovables disponibles en el país.