Activistas climáticos exigen una transición energética al servicio de las personas y no de las corporaciones

Varios activistas han irrumpido en los XXXIII Premios de la Energía, que se celebraban el 17 de mayo en el Hotel Intercontinental de Madrid y al que asistían la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y directivos de las principales empresas energéticas. Estas organizaciones, entre las que se encontraba Greenpeace, habían convocado además una manifestación en las inmediaciones del Ministerio de Transición Ecológica a la que acudieron más de 60 personas.

En el actual contexto de grave crisis climática y desigualdad socioeconómica, es urgente sustituir el actual sistema energético, responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país y en manos de unos pocos que acumulan poder y dinero, por uno que sea democrático, descentralizado, justo, libre de combustibles fósiles y que sitúe el bienestar de la población y el planeta en el centro. Este era el mensaje que los activistas han querido enviar tanto al Ministerio como a los directivos de las grandes empresas energéticas.

Así lo aseguran en un manifiesto conjunto las decenas de organizaciones que han puesto en marcha la acción del 17 de mayo para lanzar un mensaje paraguas común: 'Así no hay quien viva'. 

En su batalla contra el oligopolio energético, les avalan los números: mientras las grandes energéticas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) batieron récords de beneficios en 2022 con 12.571 millones de euros (un 41% más que el año anterior), la factura de la luz de la población se disparó (un 88% más que en 2021). "Esto lo pagamos entre todas: la gente más vulnerable, golpeada por la inflación; la juventud, despojada de futuro debido a la crisis climática y ecológica, y la naturaleza con su destrucción", señalan las organizaciones, que reclaman justicia climática, soberanía popular y una verdadera democracia ambiental, basada en la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones.

Los incendios, las olas de calor y la extrema sequía actual, fenómenos provocados o exacerbados por el cambio climático, están generando situaciones dramáticas que todo el mundo está sufriendo ya en sus propias carnes, especialmente las personas más vulnerables y con menos recursos, que son quienes tienen menos responsabilidad, aseguran las organizaciones.

No solo lo dicen ellas. El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) anunció este año un código rojo para la Humanidad: el capitalismo es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta y la ventana de oportunidad que la humanidad tiene para asegurarse un futuro habitable y sostenible para todos se está cerrando. Por ello, el grupo de expertos/as de la ONU ratificó que es crucial reducir las emisiones globales a la mitad en 2030. Por responsabilidad histórica, insisten las organizaciones, el Gobierno de España debe fijar un objetivo de reducción de por lo menos un 55% en 2030 respecto a las emisiones de 1990.

"No podemos seguir esperando (…) no pararemos hasta conseguir justicia social y climática y soberanía energética. Es urgente y actuamos por el amor a todas las personas y formas de vida en el planeta", concluyen las organizaciones en su manifiesto.