Mincotur exige certificación para las ayudas a vehículos eléctricos
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincotur) ha publicado una Orden que aborda los requisitos para la concesión de ayudas a actuaciones integrales del vehículo eléctrico y conectado. Esta norma se enmarca dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del vehículo eléctrico conectado (PERTE VEC) incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La Orden Ministerial ICT/209/2022 determina que, en lo relativo a proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental de vehículos eléctricos, “será necesario aportar un informe de calificación de las actividades del proyecto emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (la Entidad Nacional de Acreditación), o entidad equivalente de otro Estado miembro de la Unión Europea”.
A su vez, el texto establece que junto a cada proyecto primario deberá entregarse una memoria de sus actividades que certifique su compromiso con el principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH por sus siglas en inglés) con los requisitos medioambientales establecidos. Además, como prueba adicional “con la solicitud, deberá aportarse el contrato con una entidad de validación acreditada por ENAC, o entidad equivalente de otro Estado miembro, para la realización del informe de validación del principio DNSH”.
Nuevos esquemas de acreditación
En relación con la necesidad de probar el cumplimiento de estos principios DNSH por parte de las empresas, ENAC ha desarrollado un nuevo esquema de acreditación a instancias de la Dirección General de la Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para tratar de garantizar a la Administración la competencia y la buena praxis de los evaluadores en base a las normas UNE-EN ISO/IEC 17029 e ISO/IEC 14065.
Por otra parte, ENAC ha publicado recientemente un nuevo esquema de acreditación dirigido a las entidades que ofrecen el servicio de certificación de proyectos (entendida como cualquier evaluación que resulte en un juicio sobre si un proyecto determinado cumple ciertos parámetros previamente definidos o si se ajusta a las características de un “proyecto modelo” previamente definido) que estén asociados a ayudas o subvenciones de diferente tipo y establecidos por la Administración.
