Probiomasa reclama que el RITE transponca en plazo la directiva de eficiencia en edificios
El proyecto de Real Decreto por el que se modifican algunos artículos del
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cuyo plazo de alegaciones terminó el viernes 22 de junio, se justifica según indica el propio proyecto en la exigencia normativa de proceder a la revisión periódica del RITE al menos cada cinco años, y sobre todo en la obligación de trasponer la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa a la Eficiencia Energética de los
Edificios. Este segundo motivo, siendo esencial, no es incluido sin embargo en este proyecto de Real Decreto, y significa -caso de que prospere la actual redacción- el incumplimiento de hecho de los plazos de trasposición de esta Directiva. Probiomasa entiende que el Gobierno debe contemplar la trasposición de dicha Directiva en la que se priorizan contundentemente las energías renovables en la edificación, para no incurrir en incumplimiento de sus compromisos con la UE.
En este sentido la modificación del RITE debe asumir e implementar definitivamente en España, por imperativo de la UE, la utilización prioritaria de fuentes renovables en el sector de la edificación, esencial para nuestro país, no solo para cumplir con el plazo de trasposición de la citada Directiva, sino porque nuestra singular dependencia energética de combustibles fósiles no autóctonos ni renovables implica una factura elevadísima, tanto económica como medioambiental, que no puede permitirse España en estos momentos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la diferencia entre exportaciones e importaciones de productos energéticos por nuestro país ha sido en 2011 de -31.148 millones de euros sobre un total de -35.483 millones contabilizando todos los sectores de nuestra economía, suponiendo un déficit de nada menos que el 87,8% de ese total. Además, España es actualmente el segundo país del mundo en compra de derechos de emisión, tras Japón, con 770 millones de euros.
Probiomasa entiende que es necesario que en el nuevo RITE no se obvie la integración de las energías renovables en la edificación sino que, por el contrario, debe establecer explícitamente que su uso sea prioritario frente a la utilización de tecnologías basadas en el consumo de combustibles fósiles, como se establece en la Directiva mencionada, que persigue que los distintos Estados miembro fomenten en sus ámbitos territoriales la utilización de energía procedente de fuentes renovables al planificar, diseñar, construir y reformar las áreas residenciales e incluso las industriales.
El propio Plan de Energías Renovables (PER) vigente para el período 2011-2020 establece como medida a llevar a cabo que se acometa el desarrollo normativo y regulatorio acorde con el fomento de la introducción de instalaciones de biomasa en los edificios por medio de la realización de las correspondientes modificaciones y ampliaciones del Código Técnico de la Edificación, en la certificación energética de los edificios y en el propio RITE.
Por tanto no parece que tenga mucho sentido tener que esperar cinco años más, en la próxima revisión del RITE, para hacerlo. El momento es ahora.
Dado que las tecnologías energéticas renovables disponibles en el mercado actualmente tienen sobrada capacidad para atender las necesidades energéticas de cualquier edificio, debería eliminarse la actual limitación del RITE por la que únicamente se pueden utilizar estas tecnologías para cubrir una parte de las necesidades energéticas totales de un edificio. Por el contrario, en nuevo RITE debe vincular la selección y el diseño de la solución a adoptar en cada caso exclusivamente a criterios de balance de energía y rentabilidad económica, no solo por su evidente conveniencia, sino porque sería la única forma de que el espíritu y contenido de la Directiva 2010/31/UE sea efectivamente traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, cosa a la que está obligado el Gobierno español para cumplir sus compromisos como Estado miembro de la UE.







































