Biocontrol para la protección de cultivos

Imagen de Amblydromalus limonicus depredando trips. Foto cedida por Koppert.

En Sudamérica, en Estados Unidos, en mercados que compiten directamente con los agricultores europeos, un producto de biocontrol - es decir, una solución para la protección de cultivos basada en macroorganismos, microorganismos, semioquímicos u otras sustancias de origen natural - puede llegar al campo en dos o tres años. En la Unión Europea, ese mismo proceso puede prolongarse hasta una década o más, ¡10 años! En un sector donde la ventana de aplicación es estacional y las amenazas fitosanitarias evolucionan con rapidez, esa diferencia no es un matiz burocrático sino una desventaja estructural que tiene consecuencias reales y medibles sobre la rentabilidad de las explotaciones europeas.

Mientras un agricultor en Brasil o en California tiene acceso a una nueva herramienta de biocontrol aprobada este año, su homólogo en España, Francia o Polonia sigue esperando. No porque el producto sea menos seguro en Europa, sino porque el proceso de autorización es incomparablemente más lento. Esa asimetría no solo perjudica al agricultor individual, sino que erosiona la competitividad del sector agrícola europeo en su conjunto, incrementa la dependencia de soluciones convencionales y envía una señal inequívoca a los inversores y a las empresas innovadoras: Europa no es el mejor lugar para lanzar soluciones nuevas.

Las consecuencias para la industria son igualmente graves. Cuando el retorno de la inversión en innovación se demora una década (o más), el incentivo para desarrollar nuevas soluciones específicas para cultivos y condiciones europeas se desvanece. Las empresas redirigen sus recursos hacia mercados donde los tiempos son razonables y la previsibilidad regulatoria existe. El resultado es un empobrecimiento progresivo de las herramientas disponibles para los agricultores europeos: menos opciones y más vulnerabilidad frente a resistencias y nuevas plagas.

Sin una definición clara, no hay categoría regulatoria propia; sin categoría propia, no hay simplificación posible; sin simplificación, no hay aceleración del acceso al mercado; y sin acceso al mercado en tiempo razonable, no hay innovación sostenida. La cadena es directa. Por eso, el establecimiento de una definición europea de biocontrol no es el primer paso, es la condición habilitante de todo lo demás.

Una definición bien construida tiene además un efecto que va más allá de lo procedimental: señala que Europa reconoce el biocontrol como una categoría específica, con una lógica propia y un perfil de riesgo diferenciado respecto a los productos convencionales. Esa señal tiene valor para los investigadores, para los inversores y para las empresas que deciden dónde localizar su desarrollo de nuevas soluciones. En ese sentido, la definición es también un instrumento de política industrial e innovación.

La eliminación de las renovaciones sistemáticas responde a una evidencia acumulada: en el caso del biocontrol, las reevaluaciones periódicas rara vez arrojan conclusiones distintas a las de la aprobación inicial. Lo que sí generan es un consumo masivo de recursos técnicos y administrativos - tanto de las autoridades competentes como de las empresas - que podrían destinarse a evaluar nuevas sustancias y ampliar el catálogo de soluciones disponibles para los agricultores. El marco ya contempla mecanismos para reabrir evaluaciones cuando exista justificación científica, mantener renovaciones automáticas sobre esa base es redundante, costoso, y detrae recursos que el sistema necesita para avanzar.

El biocontrol no es simplificación a cualquier precio, es un segmento que, por sus características inherentes - origen natural, especificidad de modo de acción, perfil de riesgo diferenciado - justifica un tratamiento regulatorio propio. Reconocer eso no es debilitar el sistema; es hacerlo más inteligente, más proporcional y, en definitiva, más eficaz al servicio de sus objetivos reales: proteger la salud humana, animal y medioambiental mientras se garantiza a los agricultores el acceso a las mejores herramientas disponibles.

En paralelo, el avance hacia una zona regulatoria única para la evaluación y autorización de productos de biocontrol es imprescindible para que el mercado único europeo funcione como tal en este ámbito. El sistema actual, basado en zonas, genera inconsistencias que perjudican directamente a los agricultores: un producto evaluado y autorizado en un Estado miembro puede tardar años en estar disponible en otro, a pesar de que las condiciones agronómicas y los riesgos sean comparables. Esto no es aceptable en un mercado que se proclama único.

Europa está en condiciones de convertirse en referencia global en biocontrol. Tiene la base científica, la tradición regulatoria y el peso institucional para hacerlo. Lo que le ha faltado hasta ahora es un marco que permita a esa capacidad trasladarse al mercado en tiempos razonables. El paquete Ómnibus es la oportunidad más concreta que ha existido en años para dar ese paso.

No aprobar este paquete, o aprobarlo de manera tan diluida que sus efectos sean marginales, no es una opción neutral sino una decisión activa de mantener el statu quo mientras los competidores de Europa avanzan, mientras los agricultores europeos ven mermadas sus herramientas disponibles, y mientras las empresas innovadoras trasladan sus decisiones de inversión a otros mercados. Europa puede elegir liderar en biocontrol. El paquete Ómnibus es el instrumento. La decisión es política.