Jornada de AseBio sobre el papel del sector biotecnológico en la autonomía estratégica

La biotecnología se perfila como uno de los sectores clave para reforzar la autonomía estratégica europea en ámbitos como la salud, la alimentación o la sostenibilidad industrial. Con este telón de fondo, la Asociación Española de Bioempresas (AseBio) organizó el 10 de marzo en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una jornada para analizar el posicionamiento de España en el ecosistema biotecnológico internacional. El encuentro reunió a representantes institucionales, responsables políticos, investigadores y empresas del sector y sirvió para presentar un manifiesto con diez medidas destinadas a impulsar su desarrollo industrial.

La jornada se celebró en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones geopolíticas. La pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania han puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro en sectores estratégicos, lo que ha situado la autonomía tecnológica e industrial en el centro del debate político europeo. En este escenario, la biotecnología aparece como una de las tecnologías profundas con mayor capacidad para reforzar la seguridad sanitaria, alimentaria y medioambiental del continente.

AseBio convocó el encuentro con el propósito de reunir a responsables institucionales, representantes políticos y actores empresariales para analizar cómo España puede contribuir a reforzar la autonomía estratégica europea y aumentar su competitividad frente a polos tecnológicos como Estados Unidos o China. Según los datos compartidos durante la jornada, el sector biotecnológico español representa actualmente el 1,1% del PIB, genera más de 130.000 empleos cualificados y sitúa al país entre las nueve primeras potencias mundiales en producción científica en biotecnología.

La apertura institucional corrió a cargo del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, quien destacó la biotecnología como una herramienta clave para fortalecer la autonomía estratégica europea en un contexto de creciente competencia tecnológica global. Durante su intervención defendió la necesidad de convertir la excelencia científica en liderazgo industrial mediante el refuerzo de la transferencia de conocimiento y el aumento sostenido de la inversión pública en ciencia y tecnología.

Cigudosa también puso de relieve la recuperación progresiva del talento científico en España y el papel de la colaboración entre comunidades autónomas para impulsar un ecosistema investigador capaz de generar innovación en ámbitos estratégicos como la salud, la alimentación o la energía.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, centró su intervención en el papel del sistema sanitario como plataforma para impulsar la innovación biomédica. En su opinión, avanzar hacia una mayor autonomía estratégica requiere reforzar la colaboración entre el sector público y la industria biotecnológica para acelerar la llegada de nuevas terapias y tecnologías al sistema sanitario.

Padilla señaló que España ha alcanzado niveles récord de inversión en investigación biomédica y subrayó la importancia de la Estrategia de la Industria Farmacéutica como instrumento de coordinación entre administraciones para reforzar la capacidad industrial del sector. Según explicó, esta estrategia pretende superar la lógica tradicional de relación entre proveedor y cliente y avanzar hacia una visión de país basada en la cooperación entre industria, sistema sanitario y sistema científico.

El secretario de Estado también avanzó que el Gobierno trabaja en la elaboración de una estrategia específica para productos sanitarios y tecnologías digitales en salud. Este nuevo marco prestará especial atención al uso de inteligencia artificial y al aprovechamiento de datos clínicos para mejorar la eficiencia del sistema sanitario y acelerar la innovación.

La presidenta de AseBio, Cristina Nadal, situó la biotecnología en el centro de los debates sobre seguridad económica y tecnológica. Durante su intervención recordó que la pandemia evidenció la dependencia europea de proveedores externos en ámbitos críticos, lo que ha generado el debate sobre la autonomía estratégica en sectores industriales clave.

Nadal destacó que España cuenta con una base científica sólida y una posición destacada en ensayos clínicos, pero advirtió de que esa fortaleza debe traducirse en capacidad empresarial e industrial si el país quiere competir con potencias como Estados Unidos o China. En este sentido defendió la necesidad de reforzar la inversión en I+D, mejorar el acceso a financiación y facilitar el crecimiento de las empresas biotecnológicas.

La presidenta de AseBio recordó, además, que el sector está formado mayoritariamente por pequeñas empresas innovadoras, lo que pone de relieve la importancia de desarrollar instrumentos específicos que permitan escalar proyectos científicos hasta su desarrollo industrial.

“La competencia por el liderazgo tecnológico ya no es solo económica: es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó Nadal, quien defendió la necesidad de unir esfuerzos entre administraciones, sistema científico y tejido empresarial para afianzar la posición de España como un actor relevante en el ecosistema biotecnológico europeo.

Durante la jornada se presentó el manifiesto 'El sector biotecnológico innovador y su papel en la autonomía estratégica', un documento que recoge diez propuestas destinadas a favorecer la expansión del sector en España.

Entre las medidas planteadas, figura el reconocimiento formal de la biotecnología como sector estratégico dentro de la política industrial española y su incorporación a la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales para garantizar el suministro de medicamentos y otros productos críticos en situaciones de crisis.

El documento también propone la creación de una Red Nacional de Polos de Escalado Biotecnológico que facilite el acceso a infraestructuras avanzadas de biofabricación y asesoramiento en procesos de buenas prácticas de fabricación (GMP). Esta red permitiría que el talento científico y la producción industrial permanezcan en el país y evitaría que muchas empresas tengan que trasladar su fabricación al extranjero.

Entre las iniciativas orientadas al crecimiento empresarial se plantea impulsar instrumentos específicos de apoyo al escalado de las compañías biotecnológicas, así como establecer mecanismos de autorización acelerada y ventanillas únicas de acceso a datos que permitan validar y comercializar innovaciones con mayor rapidez.

Otra de las propuestas consiste en elevar la inversión en investigación y desarrollo hasta el 2,12% del PIB en 2027 y situar la biotecnología en el centro de la Estrategia Nacional de Tecnologías Profundas. También incluye medidas para mejorar los incentivos fiscales a la inversión en empresas emergentes, ampliar la participación de vehículos de capital riesgo y reforzar los instrumentos de inversión pública destinados a proyectos tecnológicos de alto riesgo.

En el ámbito del talento, el documento plantea la creación de un Plan Nacional que incorpore doctorados industriales e incentivos a la contratación de perfiles especializados en áreas como bioinformática, fabricación avanzada y regulación sanitaria. Asimismo, propone programas formativos para profesionales sanitarios y evaluadores con el objetivo de garantizar un despliegue seguro y responsable de la inteligencia artificial en el sistema de salud.

El director de AseBio, Ion Arocena, presentó el análisis 'The new geopolitics of biotechnology: emerging powers and established hegemonies', un informe que examina la posición de España en el contexto internacional del sector biotecnológico.

El estudio señala que Estados Unidos continúa liderando el sector gracias a la fortaleza de su mercado, la inversión masiva en investigación y desarrollo y la capacidad de su ecosistema financiero para impulsar la innovación empresarial. Sin embargo, también identifica a China como el actor emergente más dinámico, con un crecimiento acelerado en patentes, publicaciones científicas y universidades especializadas en biotecnología.

Europa continúa siendo un actor relevante, aunque su posición relativa se ha debilitado en los últimos años. Entre 2010 y 2021, la cuota europea de patentes biotecnológicas se redujo un 27%, reflejo del rápido avance de nuevos competidores y de la intensificación de la competencia tecnológica global.

En este escenario, España surge como un ecosistema emergente caracterizado por un tejido dinámico de pequeñas empresas y startups centradas en fases tempranas de investigación y desarrollo. Esta fortaleza científica se refleja en el liderazgo del país en ensayos clínicos y en el crecimiento progresivo de la inversión en el sector, que alcanzó en 2023 un máximo histórico de 228 millones de euros.

La jornada incluyó varias mesas redondas en las que participaron representantes institucionales, investigadores y responsables empresariales para analizar los retos ante los que se encuentra el sector. 

María Jesús García, subdirectora general de Autonomía Estratégica Industrial del Ministerio de Industria y Turismo, defendió la importancia de integrar la biotecnología en la política industrial europea y reforzar su papel en sectores como el farmacéutico y el agroalimentario, abogando por mejorar la competitividad del ecosistema europeo, proteger la propiedad industrial y simplificar los procedimientos administrativos que afectan a pymes y empresas emergentes.

La portavoz adjunta del PSOE y secretaria general de estudios y programas, Ema López, destacó el compromiso de incorporar la biotecnología como sector estratégico en la futura Ley de Industria. Según explicó, el objetivo es que España no solo destaque en investigación, sino también en fabricación industrial, aprovechando infraestructuras como el sistema sanitario público y reforzando el escalado empresarial mediante instrumentos de financiación pública.

Ana Castro, vicepresidenta adjunta de Transferencia de Conocimiento del CSIC, subrayó la necesidad de cerrar la brecha entre investigación y mercado. Recordó que más del 55% de las empresas de base tecnológica del organismo pertenecen al ámbito de la salud y la biotecnología, y destacó las iniciativas existentes para fortalecer la transferencia tecnológica y la creación de nuevas empresas innovadoras.

Desde el ámbito empresarial, Santiago de Torres, presidente de Atrys Health, defendió la necesidad de adaptar los marcos regulatorios para facilitar la innovación, especialmente en el caso de las pequeñas empresas. En su opinión, resulta fundamental mejorar el acceso a financiación, reducir los costes regulatorios y desarrollar mecanismos de compra pública innovadora que impulsen el crecimiento del sector.

Carlota Gómez de la Hoz, directora global de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de HIPRA, señaló que las compañías biotecnológicas españolas compiten en muchos casos con multinacionales de gran tamaño, lo que exige medidas regulatorias y financieras adaptadas a su escala. También subrayó la importancia de atraer talento científico y priorizar la producción local dentro de las políticas de compra pública.

Por su parte, Jesús Herrero, director general de Red.es, resaltó el papel de la transformación digital y de la inteligencia artificial en la modernización del sistema sanitario. Entre las iniciativas promovidas por el organismo mencionó convocatorias dotadas con 50 millones de euros destinadas a proyectos de inteligencia artificial en salud.

Pablo Pérez, portavoz de Ciencia del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, puso el foco en la necesidad de mejorar la fiscalidad de la innovación y reforzar los incentivos a la inversión privada en I+D. Entre las propuestas presentadas destacó la monetización de deducciones fiscales por investigación y desarrollo y la simplificación de los procedimientos de subvención.

Desde el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), Mercedes Guerrero explicó los instrumentos existentes para ayudar a las empresas a superar el denominado “valle de la muerte” entre la investigación y la comercialización. Entre ellos mencionó el programa Innvierte, que ha comprometido más de 864 millones de euros en inversión, así como el programa Neotec destinado a apoyar empresas tecnológicas emergentes.

Finalmente, Daniel Ruiz Iruela, subdirector general de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales del Instituto de Salud Carlos III, se refirió al sistema público de salud como fuente de conocimiento científico y como plataforma para la generación de nuevas terapias avanzadas.

La dimensión europea del debate estuvo presente a través de la intervención en vídeo del comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, quien se describió la futura Biotech Act como una iniciativa destinada a acelerar la llegada de la innovación al mercado y a crear un entorno regulatorio más favorable para el crecimiento de las empresas. Esta agenda europea prevé movilizar cerca de 10.000 millones de euros en inversiones con el objetivo de garantizar que los descubrimientos científicos desarrollados en Europa generen valor industrial dentro del propio continente. Várhelyi afirmó que, con el marco regulatorio adecuado y una mayor movilización de capital privado, países como España pueden convertirse en pilares fundamentales de las inversiones biotecnológicas europeas.

La clausura de la jornada corrió a cargo de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien defendió el papel de la biotecnología como sector estratégico para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Morant señaló que España dispone de un ecosistema científico y sanitario capaz de liderar la innovación biotecnológica en Europa y destacó el impacto de las políticas públicas impulsadas en los últimos años para reforzar la investigación y el desarrollo industrial. En este sentido recordó que el PERTE para la Salud de Vanguardia constituye uno de los instrumentos centrales de la política de innovación biomédica del Gobierno y que, a través de este programa y de otras iniciativas vinculadas al PRTR, el Ministerio de Ciencia ha movilizado más de 5.000 millones de euros destinadas a la creación de proyectos de terapias avanzadas, medicina personalizada, infraestructuras científicas y capacidades industriales.

La ministra recordó que este esfuerzo inversor se ha acompañado de una política orientada a recuperar capacidades científicas tras años de pérdida de talento investigador. Según explicó, el número de investigadores ha crecido de forma significativa en los últimos años y uno de cada cuatro profesionales dedicados a la investigación ocupa actualmente un puesto creado en los últimos siete años. En conjunto, el personal investigador ha aumentado un 31% en los sectores público y privado, lo que refleja el refuerzo del sistema de ciencia e innovación.

Morant también destacó las iniciativas destinadas a atraer talento internacional, como el programa ATRAE, que busca captar científicos líderes para desarrollar proyectos de alto impacto en España. En la última convocatoria de este programa, aproximadamente el 60% de los investigadores seleccionados procedían de instituciones de Estados Unidos, lo que evidencia la capacidad del sistema científico español para atraer perfiles altamente cualificados.

La ministra hizo referencia a los instrumentos financieros creados para apoyar el desarrollo de tecnologías profundas y facilitar la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo. Entre ellos mencionó el vehículo DeepTech Tech Transfer, dotado con 353 millones de euros para invertir en fondos de capital riesgo especializados en tecnologías científicas de alto riesgo, con el objetivo de acompañar el desarrollo de innovaciones en fases tempranas que todavía no cuentan con financiación privada suficiente.

Otro de los ejes de la política científica citados durante la clausura fue la reducción de la precariedad en el sistema universitario y de investigación. Morant señaló que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para reducir la temporalidad en la carrera científica y aumentar las plantillas de las universidades públicas, donde se han incorporado más de 5.600 nuevos profesores en los últimos años.

Para la ministra, todas estas iniciativas responden a una estrategia más amplia orientada a "consolidar un modelo de colaboración público-privada capaz de transformar el conocimiento científico en desarrollo industrial y en bienestar social". En este sentido, defendió que el sistema público de ciencia y el sistema nacional de salud constituyen infraestructuras estratégicas que permiten a España posicionarse como uno de los países más atractivos para el desarrollo de innovación biomédica.

“La biotecnología es un sector estratégico para proteger a la ciudadanía: para garantizar nuestra salud, una alimentación sostenible y una industria más limpia y resiliente”, afirmó Morant durante la clausura del encuentro.

Las intervenciones institucionales, el debate sectorial y el manifiesto presentado por AseBio coincidieron en un mismo diagnóstico: España dispone de una base científica sólida y de un ecosistema empresarial dinámico, pero el siguiente paso consiste en trasladar ese potencial investigador a escala industrial. Con un sector que ya representa el 1,1% del PIB nacional y genera más de 130.000 empleos cualificados, las diez medidas propuestas durante la jornada apuntan a un objetivo compartido por administraciones, centros de investigación y empresas: convertir la fortaleza científica del país en capacidad productiva dentro del ecosistema biotecnológico europeo.