El auge de las bebidas energéticas: los españoles gastan 300 millones al año, un 40% más que en 2022
Según datos de Circana al cierre de 2025, el segmento ha incrementado sus ventas en valor un 38,7% en los últimos cuatro ejercicios y se aproxima a los 300 millones de euros en el canal de gran consumo. Solo en 2025, los hogares españoles adquirieron 105 millones de litros de estas bebidas en supermercados e hipermercados, lo que supone un crecimiento interanual del 13,7%. En términos de facturación, el gasto alcanzó los 298,4 millones de euros, un 15 % más que el año anterior.
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Crecimiento sostenido y presión de precios contenida
Uno de los elementos más relevantes para el análisis sectorial es la evolución del precio medio. De acuerdo con Circana, el encarecimiento fue del 1,2% en 2025, muy por debajo de la media de la cesta de la compra (+3%) y del conjunto de bebidas no alcohólicas (+6,1%), según el Índice de Precios al Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta combinación —incremento de volumen, crecimiento en valor y presión inflacionista moderada— sitúa al segmento como uno de los más dinámicos dentro de las bebidas sin alcohol. La mayor parte de las ventas se concentran en supermercados grandes, que canalizan casi la mitad de las compras, mientras que el canal online representa apenas el 2,3%.
Desde el punto de vista territorial, el crecimiento no ha sido homogéneo. Extremadura lideró el aumento del gasto en 2025 con un repunte del 56,6%, seguida de Asturias (+56%) y Galicia (+20,5%). En el extremo contrario se situaron Aragón, con un comportamiento prácticamente plano; Canarias (+7,8%) y Comunidad Valenciana (+9,7%).
Debate social y fragmentación normativa
El fuerte crecimiento comercial convive con un creciente escrutinio social y político. El barómetro de Aecoc Shopperview sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas refleja que el 90% de los españoles considera que debería prohibirse la venta a menores de 16 años y que el 54% extendería la restricción a todos los menores de edad. Actualmente, el 25% de la población declara consumir este tipo de bebidas, con una frecuencia media de 2,1 veces por semana.
En el ámbito normativo, Galicia y Asturias han sido las primeras comunidades autónomas en avanzar hacia regulaciones específicas. La Xunta de Galicia aprobó en enero la Ley de Protección de Personas Menores y Prevención de las Conductas Adictivas, que fija en 18 años la edad mínima para la compra y consumo de bebidas energéticas. En Asturias, un proyecto de ley aprobado en octubre prohíbe la venta, suministro y consumo a menores de 16 años e introduce medidas como la verificación de edad en máquinas expendedoras. Según datos del Principado, existen alrededor de 30.000 potenciales consumidores de entre 12 y 16 años.
Este escenario ha generado preocupación en las principales patronales de la distribución, Asedas y Anged, que han advertido sobre las consecuencias de una posible ruptura de la unidad de mercado en España.
Innovación y competencia funcional
Más allá del debate regulatorio, el crecimiento del segmento se explica también por cambios estructurales en el consumo. El Observatorio de Innovación del Gran Consumo vincula el auge de las bebidas energéticas al descenso del consumo de alcohol entre las generaciones jóvenes. La reducción de la graduación en momentos de ocio ha dejado un espacio que ocupan ahora bebidas funcionales asociadas a energía, rendimiento o prolongación de la actividad social.
Este desplazamiento está intensificando la competencia dentro de la categoría de bebidas sin alcohol. La innovación ya no se limita a versiones sin azúcar, sino que incorpora propuestas con cafeína natural y vitaminas del grupo B, formulaciones 100% vegetales y orgánicas o referencias cuyo único estimulante es la hoja de guayusa.
El resultado es un mercado que combina crecimiento orgánico, sofisticación de la oferta y presión regulatoria creciente. Para la industria alimentaria, el reto no se limita a sostener el ritmo de ventas, sino a gestionar un entorno cada vez más condicionado por la percepción social, la evolución legislativa y la competencia funcional dentro del lineal.































