Entrevista a Amancio Moyano, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas
Como presidente de la CECRV, ¿cuál es su postura sobre la posible entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo por el que se eliminarán los derechos de plantación a partir del 31 de diciembre del año 2015? Además, ostenta la presidencia de la Denominación de Origen Toro. ¿Cómo afectará esta liberalización de las plantaciones a los territorios y producciones amparadas por la D.O. zamorana?
La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) se ha pronunciado, de forma unánima, y en repetidas ocasiones, en contra de la eliminación del sistema de derechos de plantación. Por nuestra parte, en este asunto mantenemos la misma postura que las organizaciones profesionales agrarias españolas y cooperativas agroalimentarias, así como el Parlamento Europeo, AREV, COPA-COGECA y nuestros socios europeos en la EFOW (Federación Europea de Vinos identificados por su Origen), entre otros. Desde la CECRV se considera fundamental para la pervivencia de los vinos europeos, tal y como los conocemos, que este sistema de equilibrio se mantenga ya que de otro modo asistiríamos a sobreproducciones, caídas de precios, abandono del medio rural, estandarización y rebajas de los vinos... Para cualquier región productora de vinos de calidad española, al igual que la D.O. Toro, el desequilibrio pondría en claro riesgo la continuidad tal y como la conocemos, así como daría al traste con una contrastada fuente de riqueza y de fijación de la población.
Al respecto, usted aseguró recientemente: “La unión Europea ha gastado alrededor de 1.000 millones de euros para primar el arranque de más de 150.000 hectáreas en los tres últimos años y ahora la Comisión liberalizará las plantaciones de viñedo en todo su territorio. Es una locura…”.
Es especialmente demencial tomar medidas de signo contradictorio si la extinción del sistema de derechos de plantación se consuma, subrayando la sinrazón de eliminar un sistema que no tiene ningún coste. El hecho de que en ningún momento la Comisión haya ofrecido un estudio del impacto, que a buen seguro sería dramático, agrava, además, semejante decisión.
Desde la CECRV advierten que la supresión de los derechos de plantación generaría un desequilibrio que pondría en riesgo la continuidad del sector, algo que afectaría a cualquier región productora de vinos de calidad de nuestro país. En el centro, Amancio Moyano, en el curso de una reunión.
Por su parte, a mediados de febrero, nueve ministros de Agricultura de la UE enviaron una carta al comisario Ciolos, en la que expresaban su preocupación ante la cercanía del plazo dado por la OCM para la entrada en vigor de esta normativa. España, segundo productor europeo y cuarto mundial no se sumó a esta iniciativa. En su opinión, ¿a qué se debe?
La postura de España en este asunto no ha sido clara en un principio. Si bien nunca se ha expresado a favor de la liberalización, lo cierto es que se sumó al movimiento abanderado por Francia e Italia en una segunda fase. Afortunadamente, ya son 15 los Estados miembros que se han hecho eco de las consecuencias nefastas que la medida, tal y como está prevista, tendría si se consumara. Es de esperar que a partir de ahora, y así se lo vamos a solicitar al Ministro español, la postura de España se alinee con las tesis del sector, representado legítimamente por la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, sin ningún tipo de duda.
La petición de los ministros no se ceñía exclusivamente a las denominaciones de origen. Se pedía mantener el sistema actual para los vinos de cualquier categoría. Y es que según las organizaciones agrarias, la eliminación de los derechos de plantación acabaría con el modelo de producción europeo actual, sobre todo en términos de calidad…
Estoy totalmente de acuerdo. El sistema debe tener un carácter horizontal y europeo. De otro modo, se correría el riesgo de posibles desequilibrios y deslealtades, amén de incurrir en una sobreproducción más que probable que obligaría a destinar fondos en un futuro inmediato para remediarla, repitiendo errores pasados.
Además, desde Asaja se recuerda que ya se liberalizó el cultivo del olivar sin que los resultados, con el paso del tiempo, hayan sido satisfactorios para los productores. ¿Comparte usted esta opinión? ¿Es aplicable al sector del vino?
Cierto. Tenemos constancia de ejemplos desgraciados en el campo que ilustran sobre lo desacertado de tomar decisiones desde un despacho, sin tomar conciencia de las consecuencias que entraña ni conocer la realidad sobre el terreno. La Política Agraría Común persigue entre sus principios la garantía de un nivel de rentas adecuado para los productores y ese debe ser el leitmotiv principal.
Las últimas informaciones sobre esta materia se publicaron hace casi tres meses. El Comisario Ciolos anunciaba la creación de un Grupo de Alto Nivel, del que la CE solo espera recomendaciones en materia de derechos de plantación, y no propuestas legislativas como sucedió en el sector lácteo. ¿Qué opinan sobre ello? ¿Tienen alguna validez estas recomendaciones en el marco de la reforma de la PAC?
El comisario Ciolos se ha tenido que hacer eco de la demanda formulada por la práctica totalidad de los Estados miembros productores, como ha expresado públicamente. No obstante, la impresión hasta el momento es que la estrategia adoptada en relación con el Grupo es más de distracción que ejecutiva. La creación de grupos de trabajo en torno a temas determinados unilateralmente por la Comisión, la formulación de preguntas sesgadas, que dan por hecho que la liberalización se consumará, mediatizan seriamente el debate. La impresión es que el Comisario no quiere abanderar un cambio normativo en este aspecto, aunque no es menos cierto que la soberanía política de una mayoría de estados europeos debe guiar las decisiones a poner en práctica.
El debate sobre la regulación de plantaciones, según Riccardo Ricci Curbastro, presidente de la Federación de Denominaciones de Origen Europeas (EFOW), que engloba a la CECRV, va más allá de los intereses puramente económicos del sector. Este debate atañe también a la planificación regional, paisaje, medio ambiente, calidad, diversidad, cultura y un tejido rico de explotaciones familiares. En su opinión, ¿por qué no han tenido en cuenta aspectos como estos en Bruselas?
Lamentablemente, como ya he expresado, muchas decisiones se adoptan desde los despachos, sin conocer la realidad sobre el terreno y a veces atendiendo solamente a los “cantos de sirena” de determinados lobbies. La reputada diputada francesa Catherine Vautrin, se tomó la molestia de realizar un recorrido por la realidad vitivinícola europea durante el año pasado y sus conclusiones, trasladadas al Ministerio de Agricultura francés, son tremendamente esclarecedoras y coinciden plenamente con las tesis de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas.
En síntesis, la Asociación de Regiones Europeas Vitícolas (AREV) presentó las conclusiones del ‘Estudio sobre los impactos socioeconómicos y territoriales de la liberalización de los derechos de plantaciones vitícolas’. Un informe que asegura que los derechos de plantación no suponen una carga económica que impida competir con otros modelos productivos de los nuevos países productores. También que el mercado libre no evita crisis de sobreproducción y, por el contrario, abarata los precios de uva y vino. En general, ¿qué le parecen estas conclusiones?
Las comparto plenamente. Un gran número de voces autorizadas han llegado a la misma conclusión. Es lo que ha demostrado la diputada Vautrin, lo que ha reflejado el europarlamentario Dantin en su informe sobre la propuesta legislativa para la reforma de la PAC, EFOW y la propia Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. Es mucho más sólida la fuerza de los hechos y la ilustración de las tesis, con datos objetivos, que un pretendido escenario idílico de competencia aventajada con los vinos procedentes de los nuevos países productores, realidad exenta de cualquier estudio de impacto y a su vez contradictoria con los valores diferenciales de los vinos europeos, a todas luces constitutivos de una realidad y modelo singular.
