SpainDC rechaza el decreto de centros de datos por mantener exigencias inviables

La Asociación Española de Centros de Datos SpainDC critica que el nuevo texto mantenga la obligación de cubrir el 80% del consumo eléctrico horario con energía renovable y condicione la transición al riesgo de sufrir apagones. La organización también cuestiona los plazos de adaptación para los proyectos en marcha y anuncia nuevas acciones regulatorias y jurídicas.

SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, rechaza la nueva versión del Real Decreto remitida al Consejo de Estado al considerar que mantiene los requisitos energéticos que cuestionó desde el inicio e introduce nuevas incertidumbres para la operación de estas infraestructuras. La entidad advierte de que el texto puede comprometer la seguridad jurídica, la financiación de los proyectos y la capacidad de España para atraer inversiones en centros de datos.

El principal motivo de oposición es la alternativa prevista para los operadores que todavía no puedan cumplir plenamente las exigencias energéticas. La transición gradual queda vinculada a la aceptación del Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), un mecanismo que puede provocar desconexiones cuando el operador del sistema lo considere necesario. Según SpainDC, el decreto no define límites claros sobre la frecuencia o la duración de estas interrupciones ni ofrece garantías suficientes para una actividad que debe asegurar la continuidad del servicio.

“Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón”, señala Emilio Díaz, presidente de SpainDC. A su juicio, esta posibilidad modifica el perfil de riesgo de los proyectos y condiciona tanto su financiación como las decisiones de inversión.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de la asociación, cuestiona que los centros de datos reciban un tratamiento específico ante posibles problemas de suministro. “No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema”, afirma. La directiva considera que esta medida traslada al sector las consecuencias de dificultades de planificación, inversión o capacidad de la red que no ha generado.

El nuevo texto conserva la obligación de que, con carácter general, al menos el 80% del consumo eléctrico de cada hora esté respaldado por generación renovable producida durante esa misma hora. SpainDC considera que esta correlación temporal impone una rigidez difícil de gestionar y puede incentivar inversiones adicionales en generación y almacenamiento, incluso cuando existan excedentes renovables en el sistema.

La asociación sostiene que el texto tampoco incorpora adecuadamente varias de las objeciones recogidas en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que examinó las condiciones planteadas para estas instalaciones. Entre los aspectos cuestionados por el sector figuran la dificultad de ajustar el consumo a la producción renovable horaria y el riesgo de sobredimensionar los recursos necesarios para acreditar el cumplimiento.

La incertidumbre afecta asimismo a los proyectos que ya han avanzado en su desarrollo. Las instalaciones que dispongan de permisos de acceso y conexión, pero aún no estén conectadas físicamente, tendrán seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones. Si no lo hacen, podrían perder los permisos y las garantías asociadas.

Díaz advierte de las consecuencias que este cambio puede tener para inversiones iniciadas bajo un marco regulatorio distinto. “Hay proyectos con años de desarrollo, suelo adquirido, contratos firmados y capital comprometido bajo unas reglas determinadas; cambiarlas ahora y añadir la posibilidad de perder permisos abre un escenario de litigiosidad y potenciales reclamaciones patrimoniales de enorme cuantía”, señala.

Otro de los puntos que cuestiona SpainDC es la inclusión de un régimen particular para ciertos desarrollos, entre ellos proyectos vinculados e impulsados por el Gobierno de España. La asociación considera que esta diferenciación introduce dudas sobre la proporcionalidad de las exigencias generales y sobre la igualdad de condiciones entre las iniciativas públicas y las inversiones privadas.

“La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar”, sostiene Villacís. La directora ejecutiva contrapone la flexibilidad prevista para determinados desarrollos públicos con las condiciones que deberá afrontar el resto del mercado.

Para la organización, esta diferencia de trato puede alterar la competencia entre proyectos que aspiran a desarrollar infraestructuras digitales en España y añade incertidumbre a las decisiones empresariales a largo plazo.

SpainDC considera que la incorporación del SRAP como mecanismo asociado a la transición puede constituir una modificación sustancial respecto al proyecto sometido a audiencia pública y analizado por la CNMC. Por este motivo, reclama que el organismo regulador vuelva a pronunciarse sobre el nuevo contenido antes de que avance la tramitación.

“Si después del informe del regulador introduces una vía que puede terminar en un apagón y la conviertes en una pieza central del decreto, la CNMC debería poder pronunciarse sobre esa nueva realidad”, afirma Villacís.

La asociación presentará observaciones adicionales ante el Consejo de Estado y solicitará un nuevo informe de la CNMC. También analizará la cobertura jurídica de las obligaciones introducidas y el cumplimiento del procedimiento europeo TRIS, establecido en la Directiva (UE) 2015/1535, incluida la posible necesidad de notificar el texto a la Comisión Europea.

La organización sostiene que el decreto, en su redacción actual, no resuelve las dificultades de cumplimiento que ya había identificado y añade riesgos para las instalaciones que se encuentran en distintas fases de desarrollo. Por ello, anuncia que utilizará las vías institucionales y legales disponibles para defender sus objeciones.

“Vamos a utilizar todas las vías institucionales, regulatorias y jurídicas a nuestro alcance”, afirma Emilio Díaz. El presidente de SpainDC concluye que la norma “es capaz de alterar inversiones comprometidas, afectar a permisos ya concedidos y cambiar la posición competitiva de España”.