Las consultoras piden mantener la inversión tras los fondos europeos Next Generation

Los ingresos de las empresas de consultoría procedentes de las Administraciones públicas han aumentado un 80,6% desde 2020, alcanzando los 3.781 millones de euros en 2024, frente a los 2.093 millones registrados tras la pandemia. Este crecimiento refleja el impulso de la transformación digital del sector público, que se ha consolidado como el segundo mayor cliente de la consultoría tecnológica en España, solo por detrás del sector financiero.

Así lo ha puesto de manifiesto la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) durante el desayuno informativo ‘La consultoría y la transformación de las AAPP’, celebrado en Madrid, donde se han analizado los retos y oportunidades del sector en un contexto marcado por los fondos europeos Next Generation EU. En 2024, la Administración representó el 17,2% de los ingresos totales del sector, cifra que podría situarse en torno al 20% en 2025.

Por niveles administrativos, las comunidades autónomas concentraron el 55,1% de las licitaciones en consultoría tecnológica, seguidas de la Administración General del Estado (36,6%) y los ayuntamientos (10,3%), lo que evidencia el papel clave de las regiones en el impulso de la digitalización.

“La consultoría tecnológica es un sector indispensable para la modernización de las Administraciones públicas y de los servicios que prestan a la ciudadanía. La colaboración con las empresas consultoras ha demostrado ser la fórmula más eficiente para mejorar las capacidades del sector público y de sus profesionales”, ha señalado José María Beneyto.

No obstante, el sector advierte de obstáculos regulatorios que pueden frenar este avance. “Es necesario reformar la Ley de Contratos del Sector Público para que sea más ágil y flexible, ya que está frenando el desarrollo tecnológico de España”, ha subrayado Beneyto, apuntando a la necesidad de adaptar la normativa a servicios complejos como inteligencia artificial, ‘big data’, ‘cloud computing’ o ciberseguridad.
 

Uno de los principales mensajes del encuentro ha sido la necesidad de mantener el esfuerzo inversor más allá de los fondos europeos. Luis Fernández Hernando ha destacado que “la tecnología es la palanca que permite garantizar la continuidad de infraestructuras críticas, proteger servicios públicos esenciales y evolucionar hacia administraciones más proactivas”.

En esta línea, distintas compañías han coincidido en que frenar la inversión supondría un riesgo para la evolución del sector público. Desde NTT DATA se ha advertido de que “sería un enorme error discontinuar el impulso digital de estos años”, mientras que desde Accenture se ha subrayado el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del ciudadano y apoyar a los empleados públicos.

Asimismo, Grupo Oesía ha señalado que los fondos Next Generation han impulsado sectores estratégicos como la inteligencia artificial o la ciberseguridad, abriendo la puerta a nuevos modelos de coinversión y financiación mixta que permitan dar continuidad a los proyectos.

En paralelo, el sector insiste en la necesidad de evolucionar los modelos de contratación pública. IBM Consulting ha destacado que el reto pasa por ofrecer servicios personalizados y proactivos, mientras que Capgemini apunta a los ecosistemas de datos compartidos como una palanca clave para mejorar la satisfacción ciudadana.

La inteligencia artificial se perfila, además, como un elemento transformador en la gestión pública. Desde Altia se ha subrayado que permitirá pasar de administraciones reactivas a modelos predictivos, mientras que Seidor advierte de la importancia de garantizar la gobernanza y explicabilidad de los algoritmos.

El encuentro también ha contado con la participación de Fernando de Pablo, quien ha anunciado una nueva estrategia ‘Madrid, Capital Digital’ con horizonte 2030, que ha definido como “ambiciosa y realista”. El responsable ha destacado que el objetivo sigue siendo ofrecer servicios públicos “simples, cómodos, rápidos y proactivos”, aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial.

Finalmente, los participantes han coincidido en que la colaboración público-privada seguirá siendo un elemento estructural para avanzar hacia una Administración más eficiente, resiliente y centrada en el ciudadano.