La gestión del activo como frontera crítica en obra pública: del proyecto a la explotación

Los estudios sobre costes del ciclo de vida llevan años señalando que la fase de explotación y mantenimiento concentra la mayor parte del gasto total asociado a una infraestructura. Aun así, en la práctica, sigue siendo habitual que los sistemas de gestión implantados tras la puesta en servicio sean incompletos, fragmentados o dependientes en exceso del conocimiento tácito de los equipos técnicos. Esta debilidad estructural no suele manifestarse de forma inmediata. Lo hace de manera progresiva, a través de una pérdida gradual de información, de decisiones tomadas con horizontes temporales cada vez más cortos y de una tendencia a intervenir cuando el problema ya se ha materializado.

Trabajos de movimiento de tierras para construcción de infraestructuras. 

En obra pública, este patrón se traduce en infraestructuras que mantienen su funcionalidad aparente, pero a costa de un incremento sostenido del gasto correctivo, de una mayor exposición al riesgo y de una creciente dificultad para justificar técnica y económicamente las inversiones necesarias. Y el problema no es la falta de profesionales cualificados ni de normativa técnica, sino la ausencia de un marco operativo que permita gestionar el activo como un sistema complejo a lo largo de todo su ciclo de vida.

Uno de los momentos más críticos en la vida de una infraestructura pública es el tránsito entre la finalización de la obra y el inicio de la explotación ordinaria. En ese punto se produce, con frecuencia, una discontinuidad difícil de detectar a corto plazo: la información generada durante el proyecto y la construcción deja de ser una herramienta viva y pasa a convertirse en un archivo. Planos, mediciones, modificaciones y criterios de diseño quedan desconectados de la gestión diaria, mientras el activo comienza a ser operado bajo lógicas distintas, a menudo condicionadas por contratos de mantenimiento, disponibilidades presupuestarias anuales y urgencias operativas.

Desde la perspectiva de la gestión de activos, esta ruptura tiene consecuencias profundas. La falta de continuidad informativa dificulta la evaluación objetiva del estado de los elementos, limita la capacidad de anticipar degradaciones y reduce la trazabilidad de las decisiones adoptadas. Con el paso del tiempo, el activo se gestiona más por inercia que por conocimiento estructurado, y cualquier relevo generacional en los equipos técnicos agrava aún más esta situación.

La literatura especializada en Infrastructure Asset Management ha analizado ampliamente este fenómeno, subrayando que la pérdida de información y de visión de conjunto es uno de los principales factores que explican el deterioro acelerado de infraestructuras públicas maduras. Frente a este diagnóstico, las normas internacionales de gestión de activos han insistido en la necesidad de establecer sistemas que conecten objetivos de servicio, evaluación de riesgos y planificación económica, con una mirada que trascienda el ejercicio presupuestario.

Aunque el facility management se ha asociado históricamente a edificios de uso terciario o corporativo, su evolución conceptual lo ha situado cada vez más cerca de la gestión de activos complejos. En su formulación más madura, el FM no se limita a coordinar servicios o responder a incidencias, sino que articula procesos, información técnica y decisiones estratégicas con el objetivo de sostener el valor del activo a lo largo del tiempo.

En el contexto de la obra pública, esta aproximación resulta especialmente relevante. Carreteras, estaciones, hospitales o campus universitarios comparten una característica fundamental: su desempeño depende tanto de la calidad del diseño inicial como de la coherencia y continuidad de su gestión posterior. La aplicación de metodologías de FM a estos entornos permite estructurar inventarios técnicos fiables, definir planes de mantenimiento basados en criterios de criticidad y establecer indicadores de condición y desempeño que sirven de apoyo a la toma de decisiones.

Diversos trabajos académicos han puesto de relieve que los modelos de mantenimiento basados exclusivamente en calendarios fijos tienden a generar ineficiencias significativas, ya sea por intervenciones prematuras o por retrasos que acaban derivando en fallos mayores. Frente a ello, los enfoques basados en condición y en análisis histórico del comportamiento de los activos han demostrado una mayor capacidad para equilibrar coste, riesgo y nivel de servicio, especialmente en infraestructuras con largos horizontes de vida útil.

La adopción de estos modelos avanzados de gestión resulta inviable sin un soporte tecnológico adecuado. La complejidad de los activos públicos, tanto por su extensión como por la diversidad de sistemas que los componen, exige herramientas capaces de integrar información técnica, operativa y económica en un entorno común. No se trata de digitalizar procesos aislados, sino de construir una base de conocimiento que acompañe al activo durante toda su vida útil.

"Al final, el verdadero desafío de la obra pública contemporánea no es tanto construir más, sino gestionar mejor lo ya construido", señalan desde  Rosmiman® .

En este ámbito, soluciones como Rosmiman® representan una evolución significativa respecto a los sistemas tradicionales de mantenimiento. Su aportación más relevante no reside únicamente en la automatización de tareas, sino en la capacidad de consolidar datos dispersos y dotarlos de coherencia operativa. Inventarios estructurados, históricos de intervenciones, planificación de mantenimiento y análisis de costes dejan de ser elementos independientes y pasan a formar parte de un mismo modelo de gestión.

Desde un punto de vista técnico, este tipo de plataformas facilita la transición hacia esquemas de mantenimiento más predictivos y menos reactivos. La acumulación de datos fiables permite identificar patrones de fallo, ajustar frecuencias de intervención y priorizar recursos allí donde el impacto sobre el servicio es mayor. Desde una perspectiva institucional, además, aporta un valor añadido fundamental: la posibilidad de fundamentar las decisiones de inversión en criterios técnicos transparentes y auditables.

La gestión avanzada del activo no es solo una cuestión técnica. Tiene implicaciones directas sobre la forma en que las administraciones planifican, ejecutan y justifican el gasto público. Cuando las decisiones de mantenimiento y renovación se apoyan en información estructurada, el debate presupuestario se desplaza desde la urgencia hacia la planificación, y desde la intuición hacia el análisis de riesgo y coste de ciclo de vida.

Este cambio de enfoque resulta especialmente relevante en un contexto de infraestructuras envejecidas, donde una parte sustancial del parque construido se aproxima o ha superado su vida útil de diseño. La experiencia demuestra que posponer de forma sistemática las inversiones necesarias no elimina el problema, sino que lo traslada al futuro con un coste mayor. Contar con sistemas de gestión del activo maduros permite, al menos, dimensionar ese riesgo y tomar decisiones informadas sobre cuándo intervenir y con qué alcance.

No obstante, la implantación de estos modelos exige transformaciones organizativas profundas. La tecnología, por sí sola, no resuelve la fragmentación de responsabilidades ni sustituye a una cultura de gestión orientada al largo plazo. La investigación en transformación digital del sector público señala de forma recurrente que el principal obstáculo es la resistencia al cambio, tanto en estructuras administrativas muy compartimentadas como en organizaciones acostumbradas a trabajar de forma reactiva. Superar esta inercia requiere liderazgo técnico, continuidad institucional y una apuesta decidida por la formación y la profesionalización de la gestión de infraestructuras.

La modernización de la obra pública suele asociarse a grandes proyectos o a nuevas infraestructuras emblemáticas. Sin embargo, buena parte del valor público se juega lejos de los focos, en la gestión cotidiana de activos que ya existen y que deben seguir prestando servicio durante décadas. En ese terreno, la adopción de enfoques avanzados de gestión de activos y facility management representa menos una innovación disruptiva que un paso necesario hacia la madurez del sistema.

Gestionar infraestructuras públicas con criterios de ciclo de vida, apoyándose en datos fiables y en plataformas que garanticen continuidad y trazabilidad, no elimina la incertidumbre inherente a activos complejos, pero sí reduce la improvisación y el coste del error. En un contexto de recursos limitados y exigencias crecientes, esa diferencia resulta determinante.

Al final, el verdadero desafío de la obra pública contemporánea no es tanto construir más, sino gestionar mejor lo ya construido. Y en esa tarea, silenciosa y prolongada, es donde se decide en gran medida la sostenibilidad técnica, económica y social de las infraestructuras que sostienen la vida colectiva.