El pago por uso de infraestructuras y la inversión en Ingeniería Civil

Las piezas que se están moviendo en el tablero político internacional no siguen una estrategia clara, por lo menos en lo que se refiere a los flujos económicos. Embarcados en la lucha Ucrania-Rusia, el mundo, especialmente Europa, ha de hacer frente a una doble crisis. Por un lado, a la producida por la pandemia, algo que ya nos parece lejano pero que aún tiene incidencia en el sistema actual. Por otro, la emergencia energética provocada por nuestra dependencia de países que, ahora mismo, se han movido de la lista de 'aliados'.

Esta situación, que ha generado encrucijadas como la movilización de transportistas en nuestro país, ha originado, además, una reacción en cadena de diferentes sectores, también desde el ámbito administrativo. Entre las medidas tomadas, que incluyen la bonificación del precio del combustible, se encuentran otras que afectan a un sinfín de profesionales, incluida la Ingeniería Civil de nuestro país.

En marzo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció la paralización de las acciones encaminadas a la implantación del pago por uso de las autovías españolas. El proyecto, que se enmarcaba dentro de un plan europeo de infraestructuras y con fecha de 2023, ha modificado sus líneas principales para afrontar a corto plazo la crisis económica del sector.

Pero, ¿qué sabíamos hasta ahora del nuevo sistema de peaje? Se trata de una de las medidas incorporadas en el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, con primera vuelta en Consejo de Ministros con fecha de 1 de marzo de 2022. Tal y como anuncia MITMA en su web, esta ley se basaría en cuatro pilares fundamentales:

• Movilidad como herramienta para el acceso al trabajo y a servicios básicos, incluida la sanidad y la educación.
• Reto climático y salud, con la vista puesta en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Digitalización y nuevas tecnologías.
• Inversión pública para la consecución de una mejora de la vida social.

En la disposición decimotercera, se establece que “El Gobierno presentará un estudio de alternativas que analizará las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar, al menos parcialmente, los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado. El mecanismo de financiación procurará basarse en un sistema de pago por uso de, al menos, las carreteras de altas prestaciones de la Red de Carreteras del Estado, que tenga en cuenta criterios de equidad territorial, seguridad vial, y sostenibilidad ambiental. Las medidas que puedan implantarse como consecuencia del estudio presentado estarán siempre amparadas en un amplio consenso social y político y se ajustarán a las circunstancias económicas concurrentes”.

En un primer momento, tal y como se ha podido averiguar de declaraciones de diferentes representantes públicos, se podría tratar de un sistema desarrollado a través de la viñeta, un dispositivo en el vehículo que, previo pago, podría suponer una tarifa plana para el uso de las principales carreteras incluidas en la medida.

Una iniciativa que, a pesar de contar con la autorización de la Unión Europea, recaló negativamente entre la sociedad española, especialmente entre los transportistas quienes, ante el aumento desenfrenado del precio del combustible, se verían ahogados en tributos al Estado.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el mes de marzo, ha avanzado la congelación de las medidas encaminadas a la imposición de este sistema de pago por uso en las carreteras, con motivo de las movilizaciones de las últimas semanas.

Si bien la gran ventaja es el ahorro del usuario en lo considerado como un servicio público del Estado, esta situación podría conllevar un gran problema: la financiación de estas infraestructuras básicas.

Así, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 determinaban una cantidad histórica para la conservación de carreteras: 1.371 millones de euros, de los 2.463 millones que se invertirán en la red (la cual ya cuenta con 1.000 kilómetros más tras las no renovaciones de concesiones).

En total, el 56% de los presupuestos destinados a estas infraestructuras se aplicarán en la conservación. Si bien su financiación ahora no viene supedita a la implantación del pago por uso, la cuestión es cómo se va a afrontar la subvención de nuevas carreteras en los próximos años.

Actualmente, se cuenta con un doble sistema de financiación: mediante recursos propios y a través de la construcción de autovías de pago, tal y como explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: “El aumento de la actividad económica y del parque de vehículos ha hecho necesario el desarrollo de una red de vías de gran capacidad y además de forma rápida. Ante la dificultad de afrontar este desarrollo con el presupuesto público, se planteó un programa de autopistas mediante contratos de concesión, el Plan de Autopistas Nacionales de España (PANE), en los que la financiación correría a cargo de los concesionarios. Este primer impulso permitió que en poco más de una década, España contase con 1.500 km de autopistas de peaje, a los que se sumaban 400 km de autovías libres de peaje”.

En España, existen 12 autovías de peaje, dado que su régimen se ha visto modificado con el vencimiento del plazo de las concesiones. En total, según los datos oficiales, contamos con 1.435 kilómetros en toda España de peaje directo al usuario, 10.656 kilómetros de autovías y carreteras multicarril y 5.200 kilómetros de vías de gran capacidad de titularidad autonómica (500 kilómetros de peaje).

Destaca la modalidad conocida como 'peaje en sombra', que corresponde a 1.000 kilómetros de los ya mencionados 10.656 kilómetros de carreteras multicarril. Estos tramos se consideran autopistas de primera generación por el incremento de funcionalidades y mejora de sus características para la preservación de la Seguridad Vial y del Medio Ambiente. En este sentido, “se gestionan de forma indirecta mediante contratos de concesión por el método de peaje en sombra, que abona directamente la Administración”, no siendo cobrado su uso al conductor.

Todos estos datos sirven para conocer la Red de Carreteras del Estado, pero también las necesidades que se han de tener en cuenta de cara a los próximos años. El sistema de pago por uso podría beneficiar la subvención de estas infraestructuras, especialmente su conservación, pero ¿qué sucederá con la construcción de nuevas vías?

Esta pregunta es fundamental para determinar la configuración del sector de la Ingeniería Civil de nuestro país para los próximos años. Se ha de establecer un sistema que se vaya más allá de los dos pilares que parecen sostener la economía europea del siguiente lustro: los planes NextGeneration y el pago por uso, algo con lo que la ciudadanía no está del todo acuerdo.

Un sistema mixto que, si no es bien formulado, podría suponer un doble modelo impositivo (o la apariencia de tal) para el usuario, generando más controversia al cambio de paradigma planteado por el Gobierno.