La Obra Pública en la intención de voto

Sería bonito pensar que la Ingeniería Civil y la Obra Pública constituyen una de las grandes razones de peso para elegir a nuestros representantes en las Cortes nacionales y autonómicas.

En plena carrera por las elecciones regionales y con una próxima legislatura en España en 2027, cabe esperar que las infraestructuras, de manera indirecta, contarán con una presencia importante en la intención de voto.

Especialmente, tras los últimos accidentes (e incidentes) en el ámbito de los Transportes en España. La sensación de que queda mucho por hacer en las infraestructuras clave persiste en el aire, a pesar de las primeras medidas tomadas después de los problemas de Adamuz y Gelida y la Red de Carreteras del Estado: más inversión y más revisión.

Aún así, parece que el problema persiste. “El IEE calcula que el país debería haber invertido 3.600 millones de euros adicionales sólo para mantener las infraestructuras ferroviarias desde 2013. El gasto de mantenimiento por pasajero de la alta velocidad ha caído un 27% en la última década (El Mundo, marzo de 2026)”.

Por su parte, el informe 'El stock de capital en España y sus comunidades autónomas (1995-2025)', elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), destaca los problemas de inversión pública que encontramos en las infraestructuras básicas.

El informe detalla que “en 2025, la inversión pública en infraestructuras alcanzó 37.177 millones de euros, de los cuales 16.114 millones se destinaron a infraestructuras de uso público, un 6,8% más que el año anterior. El peso relativo de las infraestructuras en la inversión pública descendió del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. Este estancamiento afecta a la capacidad de modernización y mantenimiento de activos estratégicos (Infobae, marzo 2026)”.

Se ha incrementado el gasto en infraestructuras urbanas en un 38,8% con respecto a 2024, con un total de 1.434 millones de euros. El ferrocarril ha sido el más afectado, con una caída de la inversión del 66,7% con respecto a 2009. “Las carreteras siguen siendo la principal destinataria de fondos, con 4.952 millones de euros en 2025, aunque la cifra representa solo el 41% del máximo de 2009. Las infraestructuras hidráulicas han reducido su participación al 14,3% y su volumen ha caído un 61,7% desde 2009 (Infobae, marzo 2026)”.

Ante este escenario catastrófico (también por las muertes asociadas al mismo), cabe esperar que la ciudadanía también valore la inversión en infraestructuras como un punto clave en su elección política. Pero, ¿esto cómo se consigue?

Uno de los mayores obstáculos con los que se encuentra la Ingeniería Civil es con su capacidad de conectar con la ciudadanía. Si bien la profesión de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas basa su actividad en la mejora del bienestar social, raras veces se le reconoce como tal.

Al igual que ámbitos como el sanitario, las Obras Públicas constituyen una de las partidas presupuestarias más importantes a nivel nacional. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es, a su vez, uno de los órganos con mayor peso en el reparto económico, pero también en fuerza política.

Si atendemos a los datos del Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, las principales áreas de gasto público se destinan a Pensiones, Sanidad, Educación, Desempleo y Ayudas Sociales, Intereses de la Deuda Pública, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Servicios Públicos Básicos.

En cuanto al porcentaje del PIB destinado a infraestructuras, este es del 0,7-0,8% (aproximadamente en gasto público y dependiendo del año, según la fuente Datosmacro.com) y de entre 6,5% y 7,4% para Sanidad (Redacción Médica). Unas cifras que denotan el peso de la Obra Pública en el conjunto económico del país.

Pero, a pesar de esto, ¿se piensa en las infraestructuras? Sí, como arma política y cuando algo no funciona correctamente.

Si algo hemos experimentado en los últimos meses es cómo la Ingeniería Civil se ha convertido en protagonista del discurso público y político. El accidente de Adamuz y Gelida y las noticias sobre el mantenimiento del firme de la Red de Carreteras del Estado nos han presentado un debate que rara vez se había producido en la esfera pública: el estado de nuestras infraestructuras básicas y el servicio que prestan a la ciudadanía.

Ni siquiera durante la COVID-19 se “echó en falta” el mantenimiento, a pesar de las restricciones y de las necesidades básicas que, afortunadamente, quedaron cubiertas. De hecho, el foco se puso en la Sanidad, solicitando a los políticos un mayor gasto en el sistema médico.

Sin embargo, más de un lustro después, parece que la queja social se ha centrado no solo en la carestía de personal sanitario, sino en el estado de las infraestructuras, hace años orgullo de nuestro país.

Existe un movimiento que cree necesario invertir en nuestros servicios públicos y, sin duda, las construcciones clave como aeropuertos, red ferroviaria, carreteras y embalses deberían encabezar las encuestas en los listados sobre los motivos de voto.

Porque, al final, la Ingeniería Civil es uno de los pilares fundamentales del bienestar general y, al igual que factores como la Sanidad y las Pensiones, merece ser protagonista de las campañas electorales y, por supuesto, de los programas sociales de nuestro país.