Los Estados miembros tienen que intensificar la lucha contra la pesca ilegal
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una de las mayores amenazas para los ecosistemas marinos, y socava los esfuerzos por gestionar la pesca de forma sostenible. La UE y sus Estados miembros han adoptado medidas para mantener bajo control la pesca ilegal. Pero, debido al modo desigual en el que los Estados miembros aplican los controles y las sanciones, estas medidas no son tan eficaces como debieran. Esta es la conclusión de un informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). Los auditores recomiendan que la Comisión Europea supervise si los Estados miembros refuerzan sus regímenes de control para prevenir la importación de productos de la pesca ilegal, y vele por que estos apliquen sanciones disuasorias contra la pesca ilegal dentro y fuera de las aguas de la UE.
La UE es un importante actor mundial en el ámbito de la pesca, tanto por lo que respecta a su flota (con unos 79 000 buques) como por ser el mayor importador mundial de productos de la pesca (34 % del total del comercio mundial). Con arreglo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la UE se comprometió a poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada antes de 2020, pero esta meta no se ha logrado. Sin embargo, asegurar la legalidad de un producto no garantiza que este se obtenga de manera sostenible.
“La UE cuenta con sistemas de control gracias a los cuales es más difícil que los productos de la pesca ilegal lleguen a los consumidores”, afirma Eva Lindström, Miembro del Tribunal que dirigió la auditoría. “Pero, a pesar de las medidas, estos productos siguen llegando a los platos de los ciudadanos de la UE. Una de las principales razones es que los Estados miembros aplican desigualmente los controles y las sanciones”.
En 2008, la UE estableció un régimen de certificación de capturas para garantizar la legalidad de los productos de la pesca importados. Según los auditores, este régimen había mejorado la trazabilidad y había reforzado los controles de las importaciones. Pero los Estados miembros aplican los controles de manera desigual. El régimen de certificación de capturas de la UE se basa en documentos impresos, lo cual eleva el riesgo de fraude; según los auditores, una única base de datos electrónica en la UE sería más eficaz. De hecho, la Comisión Europea ha desarrollado un sistema informático a escala de la UE para ayudar a detectar el fraude y automatizar los controles. Sin embargo, ningún Estado miembro lo utiliza. La Comisión ha propuesto hacer obligatorio el uso de este sistema informático.
Si la Comisión y el Consejo consideran que los regímenes de control vigentes en países terceros que exportan productos de la pesca a la UE son deficientes, pueden adoptar medidas consistentes en emitir 'tarjetas amarillas' y 'tarjetas rojas'. Cuando un país tercero recibe una tarjeta roja, los Estados miembros deben rechazar todas las importaciones de productos de la pesca de los buques del país amonestado. Los auditores constataron que el sistema de tarjetas había demostrado ser útil para impulsar reformas positivas en la mayoría de los países afectados.
Los Estados miembros son responsables de la actividad pesquera realizada por las flotas que enarbolan su pabellón, y en sus aguas. Los auditores constataron que los controles nacionales detectan a menudo casos de pesca ilegal. No obstante, la sobreexplotación pesquera y la infranotificación de las capturas persisten debido a la insuficiencia de los controles en algunos Estados miembros. El registro incorrecto de las capturas constituye la infracción más común de la flota de la UE, seguida por la pesca en zonas de veda o sin asignación de cuotas, y la utilización de artes ilegales. Según los auditores, existen numerosas pruebas de que la aplicación de la obligación de desembarque plantea dificultades, y de que persisten los descartes ilegales en el mar. Los auditores comprobaron asimismo que los proyectos financiados por la UE que examinaron habían ayudado a reforzar el sistema de control de la pesca.
En cuanto al sistema sancionador, los auditores señalaron que la gran mayoría de las infracciones graves detectadas dieron lugar a una investigación o a un proceso judicial con el resultado de la imposición de las sanciones oportunas. Pero la auditoría reveló la ausencia de condiciones de competencia equitativas en el conjunto de la UE. Por ejemplo, los auditores observaron que la multa media impuesta por una infracción similar oscilaba entre unos 200 euros (Chipre, Lituania y Estonia) y más de 7 000 euros (España). En algunos Estados miembros, las sanciones no eran suficientemente disuasorias como para desalentar la pesca ilegal, porque no eran proporcionadas al beneficio económico derivado de las infracciones. Los autores recomiendan a la Comisión trabajar en la aplicación uniforme y efectiva de un régimen sancionador disuasorio. También sugieren que se armonice la aplicación del sistema de puntos de penalización en todos los Estados miembros.
