Las empresas pesqueras que operan en España deberán adaptarse a nuevas normas en 2026
Las empresas pesqueras locales y extranjeras que operan en España deberán adaptar sus procedimientos a nuevos requisitos en materia de seguridad alimentaria y protección del medio en 2026 para poder vender sus capturas en territorio nacional, por exigencia de nuevas normas.
El próximo 10 de enero entrará en vigor, por una parte, un nuevo desarrollo del reglamento de control de la política pesquera común de la Unión Europea que vendrá a sustituir el sistema estatal que hasta ahora fijaba los requisitos a cumplir para obtener permiso a la importación y reexportación de capturas, según avanzó el jefe de control Lucha contra la Pesca Ilegal del Ministerio de Agricultura, Gonzalo Delgado.
Delgado participó en Las Palmas de Gran Canaria en una reunión con representantes de estados africanos e iberoamericanos que tienen acuerdos para faenar en sus aguas con España o para comercializar en dicho país sus propias capturas. La reunión contó con la colaboración del Gobierno de Canarias y la asociación de compañías pesqueras españolas Anacef y la presencia de autoridades de Guinea Bissau, Mauritania y Uruguay.
El propósito fue explicarles cómo serán en adelante los procesos de verificación de que los productos pesqueros que entren a territorio nacional cumplen con todas las medidas de conservación y ordenación a nivel internacional, evitando así la entrada de pesca ilegal en el mercado nacional y europeo y la competencia desleal con la flota nacional.
Otro objetivo de la sesión fue debatir y aclarar las implicaciones de un acuerdo internacional encaminado a proteger la biodiversidad marina más allá de las zonas económicas exclusivas de distintos países que ha sido ratificado por España y, en consecuencia, será de obligado cumplimiento en el país. En especial, porque “esto tiene implicaciones para las pesquerías de alta mar que hace la flota de Anacef”, según Juan Carlos Martín, director gerente de Anacef.
De hecho, “la flota de Anacef que pesca en aguas del Atlántico Sur supone prácticamente el 50% de toda la flota española que está pescando en aquellas latitudes", por lo cual le afecta singularmente dicho convenio internacional.
Un acuerdo que comporta el establecimiento de normas añadidas a las ya vigentes en medidas de conservación de la biodiversidad marina y ordenación de la actividad de quienes operan en esas áreas de alta mar, ha agregado Gonzalo Delgado.
