Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca piden una moratoria para la implantación de VeriFactu en microempresas y pymes
Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca han expresado su preocupación ante la entrada en vigor del sistema de facturación electrónica VeriFactu, que obligará a empresas, autónomos y profesionales a utilizar programas certificados y a remitir los datos a la Agencia Tributaria de forma inmediata. Aunque comparten los objetivos de transparencia y control fiscal, advierten de que el tejido artesano y tradicional —formado mayoritariamente por microempresas y autónomos con recursos limitados— no está preparado para asumir la transición en los plazos previstos.
Según las tres organizaciones, los principales obstáculos detectados son el desconocimiento técnico y legal, los costes de software y hardware y la falta de soporte y ayudas, factores que podrían comprometer la continuidad de miles de establecimientos. Recuerdan que estudios recientes, como el elaborado por PIMEC Comerç en Cataluña, ya han alertado del impacto que podría tener una implantación acelerada.
Ante este escenario, Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca solicitan una moratoria mínima de dos años para la obligatoriedad de VeriFactu, junto con exoneraciones específicas para profesionales mayores de 60 años, medidas de flexibilidad para colectivos vulnerables y deducciones fiscales que faciliten la adaptación tecnológica. Señalan como referencia el modelo aplicado en el País Vasco con TicketBAI, que contempló exenciones y flexibilizaciones para determinados perfiles.
Además de la moratoria, las organizaciones proponen un plan de choque consensuado con el Gobierno, basado en apoyo económico (subvenciones, financiación bonificada y deducciones fiscales), soporte técnico (guías prácticas, acompañamiento digital y coordinación con proveedores) y formación adaptada (programas gratuitos, talleres territoriales y campañas informativas).
También recuerdan que países como Francia avanzan en un despliegue escalonado de la facturación electrónica, con fases progresivas entre 2026 y 2027 para garantizar la adaptación de empresas de todos los tamaños.
Ceoppan, Cedecarne y Fedepesca concluyen que una implantación flexible —con horizonte hasta 2028, ayudas inmediatas y moratoria sancionadora— es imprescindible para evitar que la digitalización fiscal deje atrás a microempresas y pymes, sectores clave para la cohesión económica y social del territorio.
