En el Instituto de la Energía de España

La Asociación Española de Riegos y Drenaje (Aeryd) organizó una jornada en la que se abordó la visión de la Administración General del Estado y de los propios regantes sobre la gestión del dominio público hidráulico, la modernización de infraestructuras y la seguridad de las balsas desde una perspectiva institucional y técnica. También se analizó la gobernanza desde el punto de vista de las Comunidades Autónomas.

Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del MAPA; María Cruz Díaz, presidenta del IEE, y José María González, presidente de AERYD, durante el acto de apertura de la jornada.

El Instituto de la Ingeniería de España en Madrid acogió la jornada técnica 'Gobernanza actual de las balsas de regadío en España', organizada por la Asociación Española de Riegos y Drenaje (Aeryd). El encuentro reunió a representantes de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas, de comunidades de regantes y de entidades técnicas para abordar uno de los aspectos clave en la gestión del regadío: el marco normativo, competencial y operativo de las balsas.

La jornada se estructuró en dos mesas redondas principales. La primera abordó la visión de la Administración General del Estado y de los propios regantes, con la participación de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura, SEIASA, FENACORE, SPANCOLD y Protección Civil. Este bloque permitió analizar la gestión del dominio público hidráulico, la modernización de infraestructuras y la seguridad de las balsas desde una perspectiva institucional y técnica.

La segunda mesa se centró en la gobernanza desde el punto de vista de las Comunidades Autónomas, con la participación de representantes de regiones como Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Región de Murcia, Andalucía, Castilla y León e Islas Baleares. El objetivo fue compartir enfoques normativos, experiencias y modelos de gestión aplicados en los distintos territorios. El programa incluyó un coloquio abierto y un acto de clausura con representantes de AERYD, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y Grupo Tragsa.

En la apertura de la jornada, la presidenta del IEE, María Cruz Díaz, destacó la importancia de promover espacios de reflexión técnica y de intercambio de conocimiento sobre la gestión y gobernanza de las balsas, resaltando su papel esencial para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de riego.

Por su parte, el presidente de AERYD, José María González, agradeció el apoyo institucional recibido y puso en valor la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), tanto en la organización de la jornada como en el impulso a la proyección internacional del regadío español a través de la actividad en ICID y del Comité Nacional Español de la ICID (CEICID), cuyo objeto es la promoción y posicionamiento del liderazgo del regadío español a nivel internacional. En lo referente a la jornada, se recordó que la seguridad de las balsas es una competencia autonómica, lo que refuerza la necesidad de coordinación institucional y de iniciativas técnicas que favorezcan una adecuada gobernanza.

Cristina Clemente, subdirectora general de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del MAPA, subrayó el liderazgo internacional del regadío español y el papel central que desempeñan las balsas dentro de las infraestructuras de riego, tanto como elementos de regulación hídrica como por su contribución a la reducción del consumo energético, especialmente en el caso de las balsas de cota. Se destacó que una parte significativa de las actuaciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) están o han estado relacionadas con estas infraestructuras, concretamente 56 de las 97 actuaciones ejecutadas o en ejecución cuenta con balsas, lo que evidencia su relevancia en los procesos de modernización del regadío.

El primer bloque de la jornada se centró en analizar 'La visión de la Administración Central y los regantes'. Moderada por José María González, contó con la participación de Tomás Sancho Marco, subdirector adjunto de Dominio Público hidráulico e Infraestructuras del MITECO; Juan Manuel Alameda Villamayor, representante del MAPA; Miguel Majuelos Moraleda; del SEIASA; José Luis Pérez González, de FENACORE; y Ruben Castilla, de SPANCOLD.

Después de varios intentos, en forma de borrador, de elaborar unas Normas Técnicas de Seguridad conjuntas para presas y balsas, finalmente, y de manera acertada, esta diferenciación ha tenido su reflejo con la publicación del Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses, normas que afectan específicamente a presas, y que serán seguidas de otras Normas Técnicas de seguridad específicas para balsas que se encuentran actualmente en proceso de redacción.

La mayoría de las presas españolas fueron diseñadas bajo condiciones hidrológicas distintas a las actuales en lo referente a las avenidas. La situación actual, con eventos climatológicos extremos más frecuentes y la obligatoriedad de su adaptación al cumplimiento de las NTS, ha llevado a incorporar en la planificación estatal inversiones específicas para su mantenimiento y adaptación a escenarios climáticos más extremos con el objetivo de incrementar la seguridad de las mismas. Este enfoque de planificación a largo plazo se señaló como un referente para la gestión futura de las balsas. Además, se resalta la importancia de diferenciar entre ambas infraestructuras, ya que las presas están ubicadas en cauces y las balsas no.

Desde el MAPA se subrayó que la gestión de las balsas integra aspectos de ingeniería, derecho y resiliencia territorial, lo que refuerza la importancia de su gobernanza, permitiendo mejorar la eficiencia en el uso del agua, la energía y los insumos. De esta forma, se contribuye a una gestión más flexible del recurso hídrico mediante la regulación interanual, la gestión de picos de disponibilidad, la integración de energías renovables y la incorporación de recursos no convencionales como aguas desaladas o regeneradas.

En el marco de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se prevé la construcción de 244 balsas asociadas a proyectos de modernización del regadío, de las cuales 175 ya se encuentran en explotación, 62 en ejecución y 7 pendientes de inicio. Estas actuaciones incorporan además procesos de digitalización y herramientas de monitorización que facilitarán una gestión más eficiente y segura de estas infraestructuras.

Se prevé la construcción de 244 balsas asociadas a proyectos de modernización de regadíos, de las cuales, 175 ya se encuentran en explotación, 62 en ejecución y 7 pendientes de inicio.

Por su parte, SEIASA expuso la experiencia acumulada en la construcción y explotación de balsas. Estas balsas, distribuidas por todo el territorio nacional, suman aproximadamente 57 hm³ de capacidad, siendo la mayoría de gran tamaño (superiores a 300.000 m³). Desde el punto de vista constructivo, el material impermeabilizante predominante es el polietileno de alta densidad (PEAD), utilizado en el 96% de los casos. Asimismo, se destacó la importancia de disponer de criterios claros de diseño, explotación y planificación, incluyendo planes de gestión y protocolos de seguridad que garanticen su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo.

Desde FENACORE se recordó la magnitud del parque de infraestructuras hidráulicas existente en España, con alrededor de 1.300 grandes presas en cauces fluviales frente a unas 70.000 balsas de regadío situadas fuera de cauce. Esta diferencia funcional y de riesgo justifica la necesidad de disponer de normas de seguridad específicas para balsas, evitando la aplicación automática de los criterios diseñados para grandes presas. En este sentido, se planteó la conveniencia de distinguir entre:

• Balsas con larga trayectoria de servicio y comportamiento estable, en las que se priorice la realización de informes técnicos periódicos que certifiquen su correcto estado estructural y de conservación.
• Balsas de nueva construcción, que deben cumplir los procedimientos habituales de proyecto, ejecución y puesta en carga conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se destacó la colaboración entre FENACORE y las comunidades de regantes en los trabajos técnicos para la elaboración de futuras guías de clasificación y gestión de balsas, proponiendo incluso una moratoria administrativa en determinados procedimientos hasta que dichas guías estén plenamente aprobadas.

Desde SPANCOLD se incidió en la necesidad de consolidar un marco normativo específico para las balsas que integre criterios técnicos actualizados y contemple aspectos ambientales, como la incorporación de medidas para evitar la afección a la fauna. La normativa actualmente en tramitación ha recibido un elevado número de alegaciones, reflejando el interés del sector. Para avanzar en este ámbito se propusieron cuatro ejes estratégicos:

• Actualización normativa y técnica.
• Colaboración con organismos especializados, como el CEDEX, especialmente en la redacción de guías técnicas como la de inspección de geomembranas.
• Fortalecimiento de la capacitación profesional.
• Mejora de la coordinación institucional y la uniformidad de criterios.

También se destacó la importancia del diálogo continuo con el sector del regadío para consensuar las futuras disposiciones normativas, explorando mecanismos que permitan agilizar los procedimientos administrativos, como el uso de declaraciones responsables suscritas por técnicos competentes que acrediten la seguridad de las infraestructuras.

Como conclusión general de la mesa, se puso de relieve que la gobernanza de las balsas de regadío requiere una estrecha colaboración entre administraciones, entidades técnicas, empresas públicas y comunidades de regantes, así como un marco normativo claro, herramientas técnicas actualizadas y recursos suficientes para garantizar la seguridad, sostenibilidad y eficiencia de estas infraestructuras esenciales para el regadío español.

La segunda mesa redonda, abordó 'La gobernanza desde el punto de vista de las CCAA' y estuvo moderada por Francisco Javier Sánchez Romero, representante de AERYD.

El segundo bloque de la jornada analizó 'La gobernanza desde el punto de vista de las CCAA', en una mesa redonda moderada por Francisco Javier Sánchez Romero (AERYD y UPV). En ella participaron Oscar Pagés Aznar, de la Generalitat Valenciana; Ramón Mariñosa Rodríguez, del Instituto Aragones del Agua; Manuel Setrakian Melgonian, de la Junta de Extremadura; Santiago Marcos González, del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León; José Francisco Ríos, de la Junta de Andalucía, y Fernando Fernández Such, del Gobierno de las Islas Baleares.

En lo referente a registros e inventarios de balsas, varias comunidades autónomas han impulsado procesos sistemáticos de identificación, inventario y registro de balsas para cumplir con la normativa de seguridad. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se han identificado más de 3.500 balsas, con 193 registradas, incluyendo 48 de categoría A, 25 de categoría B y 15 de categoría C. En Aragón se han localizado más de 1.000 balsas potencialmente clasificables, con unas 140 registradas, principalmente en la provincia de Huesca. En Extremadura se han registrado aproximadamente 125 presas y balsas, con cerca de 60 clasificadas. Estos procesos se apoyan cada vez más en herramientas cartográficas y análisis territorial, que permiten detectar infraestructuras susceptibles de registro.

Respecto a la normativa específica, algunas comunidades autónomas han desarrollado normativa propia para aplicar la legislación estatal en materia de seguridad. En el caso de la Generalitat Valenciana, el registro de balsas fuera del dominio público hidráulico se articula mediante el Decreto 78/2012 del Consell. Además, se ha establecido una Comisión Técnica de Seguridad de Presas encargada de informar proyectos y supervisar la aplicación de la normativa sectorial.

Como medidas de apoyo para incentivar y mejorar la seguridad de estas infraestructuras, diferentes administraciones autonómicas están promoviendo programas de ayudas para mejorar las condiciones de seguridad de las balsas existentes, condicionando el acceso a dichas ayudas a que las infraestructuras estén previamente registradas. Estas ayudas pueden cubrir hasta el 50% de las actuaciones, incentivando la regularización administrativa y la mejora de las infraestructuras.

En materia de registros e inventarios de balsas, varias comunidades autónomas han impulsado procesos sistemáticos de identificación, inventario y registro de balsas para cumplir con la normativa de seguridad. En la Comunidad Valenciana ha identificado más de 3.500 balsas; en Aragón, más de 1.000; y en Extremadura se han registrado alrededor de 125 presas y balsas.

También, la implantación de planes de emergencia y planes de actuación se encuentra en distintas fases según la comunidad autónoma. En algunos casos se han aprobado versiones parciales debido a la complejidad del proceso, priorizando aspectos fundamentales como la designación de responsables de explotación. También se puso de manifiesto la necesidad de adaptar los requisitos de estos planes a las características específicas de las balsas, diferenciándolos de los exigidos para grandes presas, ya que actualmente las exigencias en la implantación de estos planes de emergencia para balsas tienen la misma consideración que para presas, con los mismos medios e infraestructuras requeridos para estas, cuando los daños y afecciones derivados son, en general, bastante menores.

Más allá de los parámetros clásicos de volumen y altura, se destacó la importancia de considerar el uso de la balsa y el riesgo potencial asociado. Por ejemplo, infraestructuras destinadas al abastecimiento de agua potable, aun siendo de menor tamaño, pueden generar riesgos mayores para la población que algunas balsas de riego de mayor capacidad.

Otro aspecto que se trató fueron los derechos adquiridos por el titular una vez clasificada la balsa, por cambios en las condiciones de contorno. En este sentido se puso de manifiesto la necesidad de que las autorizaciones de obras posteriores estuvieran condicionadas a que dichas actuaciones incorporaran elementos que evitaran un incremento de la categoría de la balsa. Las variaciones del entorno deberían implicar a los responsables de las nuevas instalaciones y no al titular de la balsa, ajeno a esta circunstancia.

Las condiciones geográficas y de disponibilidad de recursos hídricos influyen de forma notable en la gobernanza de estas infraestructuras. En las Islas Baleares, donde prácticamente no existen cursos de agua superficial, las balsas desempeñan un papel clave en el almacenamiento de agua regenerada, que representa una parte significativa del recurso disponible para el sector agrario. En este contexto se ha planteado la creación de una agencia autonómica del regadío para reforzar la gestión y planificación de estas infraestructuras.

A modo de resumen, la mesa puso de relieve la importancia de avanzar hacia criterios comunes de clasificación, registro y gestión de balsas en todo el territorio nacional, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de adaptación a las particularidades de cada comunidad autónoma. La coordinación entre administraciones, organismos técnicos y usuarios se identificó como un elemento clave para mejorar la gobernanza y garantizar la seguridad de estas infraestructuras.

En el acto de clausura intervinieron Ricardo Mateos, vocal de AERYD, quien destacó la importancia de almacenar y gestionar los recursos hídricos de forma segura y con la calidad necesaria para tener un regadío de calidad y productivo. Por su parte, Carlos Consejo Sánchez, del Grupo Tragsa, resaltó la necesidad de la diferenciación normativa en materia de seguridad entre presas y balsas, lo que simplificaría los tramites y registro de las balsas. Por último, Fernando Fernández Such, del Gobierno de las Islas Baleares, inisitió en la complejidad de gestionar balsas que almacenan agua regenerada para el regadío.