En el caso del gasóleo profesional, el Gobierno mantendrá la ayuda de 20 céntimos por litro

El Ejecutivo mantendrá la ayuda al gasóleo profesional y plantea una retirada escalonada del alivio general durante julio, agosto y septiembre, con una cláusula de reactivación si se recrudece el conflicto.

El Gobierno aprobará un nuevo real decreto para dar continuidad, aunque de forma progresiva y decreciente, a las medidas de alivio aplicadas sobre los carburantes en respuesta al encarecimiento energético derivado de la guerra en Oriente Medio. Según ha avanzado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo mantendrá sin cambios la ayuda a los profesionales y adaptará la reducción general sobre los carburantes a la evolución de los precios internacionales.

La principal novedad para el sector de las estaciones de servicio es que el Gobierno no retirará de golpe las medidas vigentes el 30 de junio. En su lugar, aplicará una senda de salida gradual: el apoyo se situará aproximadamente en 15 céntimos por litro en julio, bajará a 10 céntimos en agosto y quedará en 5 céntimos en septiembre. A partir de octubre, si continúa la normalización de los precios internacionales, la ayuda dejará de aplicarse, según adelantó el vicepresidente primero del Gobierno.

Según explicó Cuerpo durante su intervención, “atendiendo a una petición de la Comisión Europea”, las ayudas a los carburantes se instrumentarán esta vez en su totalidad a través de los impuestos especiales. Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aclaró que el nuevo real decreto mantiene el mecanismo de revisión previsto en el esquema anterior: la cláusula podrá activarse si se registra una variación del 15 por ciento en el precio de los carburantes respecto al mismo periodo del año anterior, lo que permitiría elevar de nuevo el apoyo hasta los 20 céntimos por litro si fuera necesario.

El Ejecutivo justifica esta retirada progresiva por la necesidad de evitar un salto repentino en los precios de venta al público de los carburantes al inicio del verano. La decisión llega después de que las organizaciones sectoriales reclamaran al Gobierno que no dejara expirar las rebajas fiscales de forma abrupta el 30 de junio, coincidiendo con el arranque de la Operación Salida.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En el caso de los profesionales, el Gobierno mantendrá “tal cual” el esquema de ayuda vigente. Esta continuidad afecta especialmente al transporte por carretera y a otros sectores intensivos en consumo de gasóleo, que venían reclamando claridad sobre la continuidad de las medidas a partir del 1 de julio.

El Real Decreto-ley 7/2026 ya había articulado una ayuda de 20 céntimos por litro para el gasóleo profesional, canalizada a través de la Agencia Tributaria y de las administraciones forales en País Vasco y Navarra. Este diseño evitaba que las estaciones de servicio tuvieran que adelantar directamente el descuento en surtidor, a diferencia de lo ocurrido con el mecanismo aplicado tras la invasión rusa de Ucrania.

Para el canal minorista, este punto es relevante porque mantiene la trazabilidad del suministro sin trasladar una carga financiera directa adicional a las pymes y micropymes del sector. La ayuda se apoya en el sistema de tarjetas de gasóleo profesional, que permite identificar los consumos subvencionables y activar el acceso a la ayuda.

El nuevo real decreto supone una solución intermedia entre la prórroga íntegra de las rebajas fiscales y su eliminación inmediata. Hasta ahora, las medidas vigentes incluían una reducción temporal del IVA de los carburantes del 21 al 10 por ciento y una rebaja del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la normativa europea.

CEEES había solicitado formalmente al Gobierno que mantuviera las reducciones impositivas, al menos, hasta después del verano. La confederación advirtió de que, sin una prórroga, el 1 de julio el precio de la gasolina podría aumentar en torno a 29 céntimos por litro y el del diésel en unos 22 céntimos, de acuerdo con sus cálculos.

Con el nuevo calendario, el Ejecutivo busca amortiguar ese efecto y acompasar la retirada de los apoyos a la evolución del mercado internacional. La medida tendrá una incidencia directa en la operativa de las estaciones de servicio, que deberán adaptar sus sistemas de precios a una reducción mensual decreciente durante el tercer trimestre del año.

El real decreto incorporará además una cláusula automática de reactivación en caso de que se recrudezca el conflicto y vuelvan a tensionarse los mercados energéticos. Con esta previsión, el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de recuperar o reforzar las medidas si los precios internacionales vuelven a repuntar de forma significativa.

Esta cláusula introduce un elemento de flexibilidad en un contexto todavía condicionado por la evolución geopolítica y por la volatilidad de los mercados de crudo y productos refinados. Para las estaciones de servicio, supone que el calendario de retirada anunciado para julio, agosto y septiembre podría revisarse si se produce un nuevo deterioro del escenario energético.

Junto a la prórroga gradual de las ayudas, el Gobierno reforzará los mecanismos de control y transparencia sobre el mercado de carburantes. En su intervención el ministro ha destacado que el sistema de supervisión activado con el Real Decreto-ley 7/2026 ha funcionado correctamente y ha permitido analizar el comportamiento del mercado a través del informe de la CNMC.

Asimismo, el ministro ha destacado el cumplimiento por parte de las estaciones de servicio, abalado por los datos de la Comisión. Según han adelantado, el nuevo real decreto extiende las obligaciones de información y la capacidad de la CNMC para solicitar datos a los operadores. El objetivo es reforzar el seguimiento de la evolución de los precios y comprobar que las reducciones aprobadas se trasladan de forma efectiva al consumidor.

El Ejecutivo también prevé que las anomalías detectadas en este proceso de control sean investigadas con mayor intensidad. Además, se contempla la publicación de una lista con comportamientos anómalos en la reducción de precios, lo que eleva aún más la presión regulatoria y reputacional sobre las estaciones de servicio.

Desde su entrada en vigor, la CNMC analiza la aplicación de las rebajas fiscales. Según el organismo supervisor, la reducción fiscal se trasladó de forma generalizada a los carburantes, tras estudiar el comportamiento de más de 10.500 estaciones de servicio.

Este informe ha sido utilizado por el sector para defender que las estaciones de servicio aplicaron las rebajas al consumidor y que, en muchos casos, lo hicieron estrechando sus márgenes en un contexto de elevada volatilidad. CEEES había señalado que los márgenes de las estaciones fueron inferiores a los esperados tanto en gasolina como en gasóleo.

Para el sector de las estaciones de servicio, el nuevo real decreto deja tres mensajes principales. En primer lugar, se evita una retirada abrupta de las ayudas el 1 de julio, lo que reduce el riesgo de un incremento súbito de los precios en plena campaña estival. En segundo lugar, se mantiene la ayuda al gasóleo profesional, una medida clave para transportistas y otros colectivos intensivos en consumo de carburante. Y, en tercer lugar, se mantiene el control reforzado sobre la aplicación de las reducciones y sobre posibles comportamientos anómalos en el mercado, con la posibilidad de publicar un “listado” de establecimientos que incumplan sus obligaciones en la aplicación de las medidas.

El calendario anunciado obligará a los operadores a gestionar una transición escalonada: 15 céntimos en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Salvo recrudecimiento del conflicto, octubre marcará el final del apoyo general.