Municipios y ciudadanos: agentes energéticos clave gracias a las CEL
Desde Greenward llevamos tiempo trabajando para que la participación ciudadana en el sistema energético sea incentivada, acompañada y potenciada desde la Administración Pública española, y más específicamente desde el entorno municipal por su cercanía al ciudadano, a través de una estrategia global que incluya información, capacitación, ayudas técnicas y, en casos de comunidades en zonas de renta baja, una política de subvención y ayudas bien diseñada que incentive la entrada de inversión privada sin la cual los procesos de adecuación de hogares y edificios hacia la eficiencia energética es una tarea muy complicada.
Por eso es muy buena noticia que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) haya abierto el proceso de consulta pública previa para el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales (CEL). Incluir su regulación en España abriría un amplio margen a garantizar y facilitar el derecho de los consumidores a participar en proyectos a través de los cuales puedan producir, consumir, almacenar o vender energías renovables, así como compartir dicha energía en el seno de la comunidad.
En nuestra opinión, las CEL jugarían un papel decisivo en la transformación de nuestro sistema energético hacia un modelo descentralizado, democrático, distribuido y digitalizado, con el ciudadano y los municipios como núcleo. Y se erigen, además, como una herramienta altamente eficaz contra la pobreza energética. Acompañadas de estímulos fiscales adicionales como, por ejemplo, el sistema italiano de Super Ecobonus, se podrían articular créditos fiscales por el importe de la inversión en renovación y autoconsumo que fueren transferibles a inversores privados, haciendo viables estos proyectos y reduciendo las necesidades de capital público.
Es, así, necesario que se articule un enfoque normativo claro, ligero y homogéneo en todo el territorio nacional -y el consiguiente desarrollo reglamentario, inexistente hoy en nuestro país- para las CEL, incluyendo el mayor número posible de alternativas e iniciativas provenientes del capital privado, creando un efectivo mercado único interior y facilitando la gestión por medio de la eliminación de las trabas que habitualmente aparecen en los contratos públicos.
Por su parte, las CEL también deberían dar pasos para contar con ayudas públicas, abordando su papel como actor energético desde una perspectiva que mida tres variables de su actuación: impacto social, impacto económico e impacto medioambiental, para lo que deberían incluir los aspectos de eficiencia energética, circularidad y accesibilidad dentro de sus programas de actuación. Es importante tener claro que la iniciativa va más allá de instalar placas solares y ampliar el uso de baterías.
Hablamos de contribuir efectivamente a los objetivos de descarbonización y transformación energética de nuestra economía y dar pasos también hacia la erradicación de la pobreza energética que, según un estudio reciente estudio elaborado por el Eurostat, en 2019 afectaba al 7,5% de la población (3,52 millones de españoles). Una cifra que va a incrementarse en 2020-2021 a causa de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales.
Además del desarrollo reglamentario, la activación de la intervención municipal es fundamental para avanzar hacia la estandarización de las CEL en España, ya que son los ayuntamientos los que han de facilitar todo el entramado de licencias, permisos y gestión de derechos de superficie y espacios públicos. En este punto, la administración local debería poner en valor su capacidad normativa a través de ordenanzas, para por ejemplo, poder integrar estos proyectos dentro de la estructura de préstamos PACE (Programa de Activación de Capital Ecológico en edificios), actualmente tramitada por Greenward como enmienda en el cuerpo de la Ley de Cambio Climático. Este mecanismo, unido a las CEL, sería un potente habilitador y un vehículo de atracción del ingente capital privado necesario para afrontar los importantes gastos de inversión que tales proyectos reclaman.
Las CEL, además, no solo deberían poder ser titulares de sistemas de autoconsumo y almacenamiento local, sino también intervenir como agentes energéticos en el desarrollo y la inversión en proyectos de generación renovable en cualquier parte del territorio nacional. Gracias a la tecnología Blockchain y los cada vez más sofisticados sistemas de certificación de origen, es perfectamente viable incorporar los KWH de diferentes territorios dentro de la gestión energética de las CEL, que incluso podrían agruparse entre ellas. Se facilitarían economías de escala y se daría un mayor potencial a la monetización de servicios de flexibilidad y demanda a la red.
Queda camino por recorrer y una legislación eficaz es el primer paso que hay que dar para para poder avanzar hacia nuevos modelos de generación, compartición y consumo de energía. Sin duda, son la base de un futuro mejor.
