La moratoria al biometano en Navarra pone en riesgo inversiones superiores a 500 millones, según APPA Biogás
La moratoria al desarrollo de proyectos de biometano en Navarra podría comprometer inversiones superiores a los 500 millones de euros y frenar el despliegue de una tecnología que, según APPA Biogás, contribuiría a la gestión de residuos orgánicos, la reducción de emisiones y el impulso de la economía circular. Así lo ha señalado la asociación durante un encuentro celebrado el 1 de julio en Pamplona.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por la organización, la paralización afectaría a unos 300 millones de euros en inversiones que podrían no llegar a materializarse y a otros 200 millones adicionales cuya tramitación quedaría suspendida. APPA Biogás sostiene que esta situación también podría afectar al empleo rural, la actividad industrial y el aprovechamiento energético de residuos orgánicos.
La asociación defiende que el desarrollo del biometano debe realizarse bajo criterios de planificación territorial, trazabilidad de los residuos, control ambiental y participación local, en lugar de recurrir a una paralización generalizada de la tecnología. En este sentido, Javier Alberto Muñoz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de APPA Renovables, afirmó que la respuesta a las preocupaciones sociales pasa por exigir proyectos “bien diseñados, bien integrados y con todas las garantías ambientales”.
Potencial para la gestión de residuos y la descarbonización
Durante el encuentro, APPA Biogás recordó que la digestión anaerobia permite valorizar residuos agroganaderos, agroindustriales y orgánicos ya existentes mediante la producción de gas renovable y digestato apto para su uso como fertilizante orgánico bajo criterios agronómicos. Según la asociación, este proceso contribuye a mejorar la gestión de residuos, reducir emisiones y disminuir la dependencia del gas natural fósil importado.
Las estimaciones del sector apuntan a que el desarrollo del biometano en Navarra permitiría generar anualmente alrededor de 264.000 toneladas de digestato, reciclar más de 1.580 toneladas de nitrógeno y evitar la emisión de 154.000 toneladas de CO2. Asimismo, la producción de gas renovable reduciría en torno a 38 millones de euros al año las importaciones energéticas de la comunidad.
En el plano socioeconómico, APPA Biogás calcula que el despliegue de esta tecnología podría generar unos 440 empleos, principalmente ligados al medio rural, la operación de plantas, la logística, la gestión del digestato, la actividad agroganadera y los servicios técnicos asociados
Reclamación de un marco regulatorio estable
La asociación advierte de que la moratoria puede restar competitividad a Navarra en un contexto en el que la Unión Europea impulsa el desarrollo de los gases renovables como herramienta para la descarbonización, la seguridad energética y la economía circular. En este sentido, señala que otros países europeos han favorecido el crecimiento del biometano mediante marcos regulatorios estables, mecanismos de apoyo e integración con la red gasista.
APPA Biogás reconoce la existencia de preocupaciones sociales relacionadas con aspectos como los olores, el tráfico, la gestión del digestato o la protección de acuíferos, pero considera que estos riesgos deben abordarse mediante regulación y controles técnicos. Entre las medidas propuestas figuran el uso de plantas cerradas, sistemas de depuración y biofiltros, control de emisiones, trazabilidad de los materiales, planes de abonado, participación local y supervisión administrativa.
