Planificación para el despliegue ordenado de renovables en España

La COP28, la Conferencia sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que se ha celebrado en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, ha concluido con un compromiso clave: triplicar la capacidad de energía renovable para 2030 y dejar atrás los combustibles fósiles. Ante este reto global, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha elaborado un informe que incluye recomendaciones sobre cómo planificar el despliegue ordenado de renovables en España.

El IIDMA considera que el compromiso de triplicar las energías renovables es un paso incuestionable para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, pero no puede hacerse a cualquier precio: el despliegue a gran escala de energías renovables tiene que llevarse a cabo de forma planificada y respetuosa con la biodiversidad y el territorio para evitar efectos adversos como la modificación de hábitats, alteración paisajística, aumento del riesgo de procesos erosivos o inquietud social, entre otros.

A los compromisos internacionales para hacer frente al cambio climático se suma la guerra en Ucrania, que ha impulsado la implantación de infraestructuras renovables, una carrera que España aspira a liderar con el objetivo de alcanzar una potencia renovable de 160 GW, tal y como se extrae del último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este documento se indica que la potencia instalada renovable en España en 2022 era de 70.452 MW, dato que sitúa a España como el octavo país del mundo en capacidad instalada renovable, según el ránking elaborado por la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena).

El informe comienza con un análisis de la Directiva Europea sobre Fuentes de Energías Renovables (RED III). Esta normativa establece que para 2030 el 42,5% del consumo final bruto de energía debe provenir de fuentes renovables. Este despliegue exigirá un mayor control por parte de las autoridades nacionales para evitar que dicho objetivo se alcance en detrimento de la biodiversidad y el territorio. Por ejemplo, la RED III establece que los Estados miembros deben realizar una cartografía ordenada del despliegue de energías renovables y de las infraestructuras de evacuación en tus territorios. También deben desarrollar planes para la designación de zonas de aceleración renovable.

La planificación para un despliegue ordenado de las renovables evita efectos adversos como modificación de hábitats, alteración paisajística, aumento del riesgo de procesos erosivos e inquietud social.

Otro instrumento de planificación citado en el informe es la zonificación del medio marino que se ha llevado a cabo a través de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). El IIDMA considera que los POEM son un buen punto de partida para cumplir con las exigencias de la RED III en materia de proyectos renovables marinos.

Finalmente, el estudio del IIMA cita las medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables establecidas mediante el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. En diciembre de 2022, el Gobierno revisó estas medidas y, mediante el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, se extendió la aplicación del procedimiento de determinación de afección ambiental simplificado a todos los proyectos de energías renovables, sin límite de potencia, con tres excepciones: los ubicados en el medio marino, los ubicados en superficies de la Red Natura 2000 o en espacios naturales protegidos y la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km.

De Galicia se destaca en primer lugar el freno judicial que está sufriendo la autorización de los parques eólicos, un escollo que pone en peligro la materialización de la Agenda Energética de Galicia 2030, que establece que a finales de la década la proporción de renovables en el consumo final de energía debe ser del 58%.

No obstante, el informe recalca que ni la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, ni el Plan Regional Integrado de Energía y Clima 2019-2023 hacen una referencia explícita al despliegue de las energías renovables de una manera respetuosa con la biodiversidad y el territorio.

Por último, el estudio menciona el Observatorio de la Eólica Marina, cuyo objetivo es facilitar la coexistencia entre el desarrollo de las renovables marinas y los usos marítimos preexistentes, con especial atención a las actividades pesqueras.

Asturias cuenta también con las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el Aprovechamiento de la Energía Eólica. Se trata de uno de los primeros instrumentos de planificación regionales que busca garantizar el desarrollo ordenado y sostenible de la energía eólica. En 2024, se revisarán las Directrices para ajustarlas a los avances tecnológicos del sector eólico y a la necesidad de aprovechar zonas degradadas y recientemente vaciadas, como aquellas afectadas por la desaparición de la minería de carbón.

En esta comunidad autónoma, el Plan de Transición Energética (PTCan-2030) y la Estrategia de las Energías Renovables Marinas son instrumentos de planificación regional clave para garantizar un despliegue de renovables ordenado y respetuoso.

El archipiélago canario cuenta también con la Estrategia de Energía Sostenible, cuyo objetivo es acelerar el cambio a un modelo energético basado en la eficiencia, el uso de renovables y la movilidad sostenible.

Teniendo en cuenta la importancia del emplazamiento de las infraestructuras para limitar los impactos ambientales y territoriales que podrían derivarse de la implantación de nuevas instalaciones de energías renovables, el IIDMA considera que el desarrollo de una planificación vinculante, en línea con lo exigido por la Directiva RED III, es primordial. Actualmente la ubicación de los proyectos es seleccionada casi unilateralmente por los mismos promotores, existiendo poco espacio de intervención por parte del público en este aspecto.

Resulta igualmente necesaria la creación de Oficinas de Ubicación de Energías Renovables, que sirvan para canalizar la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. “Estas oficinas permitirían agilizar el proceso de localización ambientalmente responsable de los nuevos proyectos de energía renovable, canalizando la fase de participación púbica y garantizando una mayor implicación de los actores locales”, sostiene el Instituto.

Por último, la repotenciación de instalaciones de renovables existentes permite un mejor aprovechamiento de los recursos y menor impacto ambiental al sustituir los aerogeneradores obsoletos por modelos de última generación, con la capacidad de duplicar la energía generada.