Sedigas respalda el nuevo proyecto de Real Decreto para impulsar el biometano

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, anunció el 21 de mayo en Madrid la presentación del proyecto de Real Decreto de impulso del biometano durante la inauguración de la 52ª Reunión Anual de la Asociación Española del Gas (Sedigas) con el objetivo de dinamizar la inversión en nuevos proyectos y aprovechar el potencial de producción de España mediante un marco regulatorio que ofrece mayor previsibilidad.

La propuesta normativa establece un sistema de cuotas mínimas crecientes de biometano para distintos usos de transporte. El proyecto obliga a los comercializadores y grandes consumidores de gas a asegurar que una parte de su suministro sea biometano. Este porcentaje mínimo obligatorio crecerá año tras año y se calculará sobre el total de gas natural y gas natural licuado que consuman o vendan. La cuota comenzará en 2028 con un 0,5% y crecerá progresivamente hasta alcanzar el 6% en 2035, porcentaje que se mantendrá en adelante mientras no se aprueben nuevos objetivos.

La asociación considera que la introducción de esta cuota anual supondrá “un elemento tractor del despliegue de esta tecnología al proporcionar una señal de demanda a medio y largo plazo”. Sedigas destaca la coherencia de las medidas con la evolución reciente del sector, que duplicó sus plantas operacionales en 2025 al pasar de 12 a 25 instalaciones. Las previsiones señalan que hasta 46 plantas podrían estar operativas a finales de 2026, con una capacidad de producción de 4,6 TWh al año. Para 2027 se proyecta un incremento de la capacidad condicional de entre 11 y 14 TWh, equivalente a un porcentaje del 3%-5% de la demanda nacional de gas natural, mientras que en 2030 la capacidad de producción podría alcanzar los 22 TWh anuales.

La normativa modifica el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, para facilitar la penetración de otros gases y maximizar el uso de las infraestructuras existentes. El proyecto regula los equipos de flujo inverso, dispositivos que permiten impulsar gas desde redes de menor presión hacia gasoductos de mayor presión nominal. Según la norma, la empresa de transporte o distribución dueña de la red mayor será la propietaria de estos equipos y la responsable de gestionarlos y mantenerlos. Para que estos equipos sean subvencionados por el sistema gasista, la Dirección General de Política Energética y Minas tendrá que incluirlos en una lista anual. Por otra parte, la norma los excluye expresamente de la planificación nacional de hidrocarburos.

En cuanto a las líneas directas de conexión, el decreto introduce la cesión obligatoria a favor del sistema gasista. Aunque el productor de biometano financia y puede construir la tubería de conexión con la red, está obligado a cederla gratis a la empresa transportista o distribuidora en cuanto empiece a funcionar. A partir de ese momento, dicha empresa asumirá su operación y mantenimiento. Esta infraestructura no recibirá pagos del sistema por la inversión realizada. No obstante, si otras empresas quieren conectarse a ella en el futuro, el gestor de la red administrará el acceso y los nuevos usuarios deberán pagar al productor original una parte del coste de la inversión, calculada según la longitud que compartan y el caudal de gas asignado. El proyecto garantiza que las plantas de biometano solo paguen por las instalaciones y servicios indispensables para su conexión. Para solucionar cualquier desacuerdo de forma rápida, la ley fija un límite de dos meses si resuelve la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y de tres meses si lo hace la autoridad de la comunidad autónoma.

Sedigas participará activamente en el proceso de consulta pública abierta hasta el 11 de junio. El sector gasista aprovechará la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica para proponer mejoras técnicas. Las empresas quieren colaborar en el diseño de una regulación eficiente que impulse definitivamente el biometano y aproveche su valor estratégico en España.

El presidente de Sedigas, Joan Batalla, argumentó que “el diálogo entre administraciones, sector energético, industria y el conjunto de la sociedad es fundamental para construir un marco regulatorio eficaz y equilibrado” para que la transición energética tenga éxito. También, añadió que “el proyecto reconoce las oportunidades que el despliegue de este gas renovable ofrece para reforzar nuestra autonomía energética, avanzar en la descarbonización, impulsar un modelo de economía circular a través de la valorización de los residuos y generar empleo, especialmente en las zonas rurales”.