El año en el que convertimos el riesgo en oportunidad

El sector fotovoltaico tiene resultados sólidos: más de siete gigavatios de nueva capacidad instalada que nos mantienen como segundo mercado europeo, cerca de 147.000 empleos y una contribución superior a diez mil millones de euros al PIB nacional. Las exportaciones alcanzan los 3.400 millones anuales. Sin embargo, si tuviera que quedarme con una imagen que representa este año, sería la de un marco regulatorio transformándose a velocidades inéditas tras años de bloqueo. Paradójicamente, como he dicho, fue una crisis lo que catalizó estos cambios.

Abril lo cambió todo. Un fallo en el suministro eléctrico nacional nos colocó en el centro de un huracán mediático. Durante las primeras horas, diferentes actores señalaron a la fotovoltaica como responsable del apagón sin contar con evidencia técnica. La presión fue inmensa. Desde UNEF exigimos que se esperara a los análisis rigurosos antes de sacar conclusiones, manteniendo esa postura incluso cuando resultaba incómoda. Finalmente, los tres informes oficiales coincidieron: el origen del problema estuvo en el control de la tensión del sistema. La energía fotovoltaica no fue la causa, y es más, hoy ya podemos demostrar nuestra capacidad para aportar estabilidad a la red.

Esa crisis desencadenó una cascada de decisiones regulatorias. Con el PO 7.4 se habilitó nuestra participación en servicios de ajuste de tensión, con retribución económica y ventajas operativas para las instalaciones certificadas. El Real Decreto de Medidas Urgentes otorgó personalidad jurídica al almacenamiento hibridado y simplificó radicalmente su tramitación ambiental, contribuyendo al desbloqueo de inversiones paralizadas por obstáculos administrativos. El Real Decreto de autoconsumo eliminó trabas burocráticas significativas y habilitó el almacenamiento distribuido en instalaciones residenciales e industriales. Sin embargo, no todo fue positivo: el RDL 7/2025 no prosperó en el Congreso por motivos ajenos a su contenido, dejando sin resolver cuestiones críticas como la definición del quinto hito o la congelación de plazos durante recursos judiciales.

Mientras esto ocurría, algo estaba tomando forma que merece atención. Las solicitudes para conectar nueva demanda eléctrica suman casi noventa gigavatios, una cifra que triplica nuestro consumo medio actual. De esa cantidad, más de cuarenta gigavatios ya tienen todos los permisos concedidos y las garantías económicas depositadas. Es la oportunidad de reindustrialización más significativa que hemos tenido en décadas, y se materializa precisamente porque España puede ofrecer algo cada vez más escaso en Europa: electricidad limpia, fiable y barata.

Sin embargo, capitalizar esa oportunidad requiere resolver problemas que el propio éxito ha generado. El diseño actual del mercado eléctrico, concebido hace décadas para generadores que pagan combustible por cada megavatio producido, muestra grietas evidentes cuando lo aplicamos a tecnologías sin coste marginal. El resultado son episodios de precios negativos cada vez más frecuentes y vertidos que en algunas instalaciones alcanzaron el año pasado entre el 40 y el 45 por ciento de su producción potencial. Esto no solo afecta la rentabilidad de proyectos existentes; dificulta conseguir financiación para los nuevos. Necesitamos mecanismos que estabilicen los ingresos para evitar que las industrias se vayan a otros países.

La transformación del modelo de negocio fotovoltaico tiene un protagonista claro: el almacenamiento. Lo que hace apenas dos años era una tecnología complementaria que algunas empresas consideraban incorporar es ahora un elemento determinante para la viabilidad económica de los proyectos. La regulación aprobada este año resolvió finalmente los obstáculos que bloqueaban la hibridación, permitiendo que las instalaciones integren baterías sin reiniciar tramitaciones completas. Pero esa mejora normativa solo elimina el primer obstáculo. El reto real reside en construir capacidades de gestión sofisticadas: equipos que sepan navegar múltiples mercados eléctricos, tomar decisiones de carga y descarga según señales de precio cambiantes, anticipar movimientos del sistema. Las empresas que logren esta sofisticación operativa mantendrán rentabilidades sólidas; las que no, descubrirán que tener muchos megavatios instalados ya no garantiza resultados positivos.

Hay otra asignatura donde los avances son insuficientes. Mientras el sector eléctrico ha logrado que casi dos tercios de la generación provengan de fuentes renovables, los usos finales no han avanzado: por ejemplo, el transporte de mercancías sigue dependiendo masivamente del diésel, los hornos industriales del gas natural, y los sistemas de climatización de combustibles fósiles, además de los usos de los ciudadanos. Esta brecha no es solo un grave problema ambiental; es económico. La ventaja competitiva que ofrece nuestra electricidad fotovoltaica barata solo beneficiará al tejido productivo español si se electrifican los consumos finales.

Existe una paradoja reveladora en el autoconsumo español: más de ochocientos cincuenta municipios han aprobado deducciones fiscales en impuestos locales para quienes instalen paneles solares, pero la inmensa mayoría de los potenciales beneficiarios ignora que estas ventajas existen. Esa desconexión entre política pública e información ciudadana resume bien la situación actual del autoconsumo. La finalización de los fondos Next Generation coincidió con una percepción equivocada entre los ciudadanos de que la electricidad ya no es tan cara, enfriando las instalaciones nuevas. Los cambios normativos recientes permitieron integrar baterías en viviendas y negocios y redujeron algunos requisitos administrativos, pero persisten trabas significativas. No hemos alcanzado el objetivo de simplificar procedimientos hasta quinientos kilovatios de potencia, y tampoco hemos implementado la compensación dinámica que permitiría a quienes vierten energía a la red recibir retribución ajustada a los precios horarios reales. Y las comunidades energéticas, con su enorme potencial para que los ciudadanos participen colectivamente en la generación renovable, siguen esperando un marco normativo que las convierta en realidades escalables.

La legitimidad social se ha convertido en el terreno de juego donde se decide el futuro del sector. Durante 2025 hemos visto que plataformas cada vez más organizadas difunden información falsa sistemáticamente, y ante esto solo cabe una respuesta: excelencia operativa demostrada con hechos. Ningún proyecto prospera sin el apoyo explícito de las autoridades municipales, y ese apoyo se gana exclusivamente demostrando contribución real al territorio: empleo estable, ingresos fiscales para servicios públicos, protección ambiental verificable. Los casos exitosos son la inmensa mayoría, pero debemos comunicarlos mejor.

El próximo año determinará si fuimos capaces de ejecutar lo necesario: desbloquear nudos de red saturados para que esa demanda industrial se concrete, convocar subastas que integren almacenamiento, impulsar la electrificación, y mantener el respaldo ciudadano. Demostramos durante años que sabemos crecer. Ahora debemos demostrar que sabemos madurar, que podemos operar con la sofisticación técnica que exige sostener el sistema eléctrico de un país como España. Tenemos ventajas competitivas excepcionales: recurso solar abundante, cadena de valor industrial consolidada, conocimiento tecnológico avanzado. La ventana de oportunidad está abierta, pero no permanecerá así indefinidamente. Todos los actores del ecosistema fotovoltaico compartimos la responsabilidad de no desperdiciarla.