El Tribunal de Cuentas detecta un estancamiento crítico en la energía ciudadana
El informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) reveló que la Unión Europea solo alcanzó el 27% de su objetivo de implantación de comunidades energéticas en enero de 2025. Los auditores confirmaron que, de los cuatro países analizados, solo Italia demostró la transposición completa de la normativa, mientras que Rumanía mantiene un único proyecto activo. La falta de definiciones jurídicas claras y los retrasos en la conexión a la red eléctrica impiden que los ciudadanos participen activamente en la transición hacia un modelo climáticamente neutro. Ante este escenario, el organismo solicitó a la Comisión Europea la creación de objetivos factibles y el impulso inmediato de soluciones de almacenamiento para evitar el colapso de la iniciativa.
El Tribunal de Cuentas Europeo analizó, entre diciembre de 2020 y julio de 2025, las acciones de la comisión y de cuatro países para comprobar si cumplen con el plan de energía solar. En Países Bajos, el apoyo a las comunidades es estructurado y práctico, contando con alrededor de 700 cooperativas en 2024; sin embargo, en Polonia, Italia y Rumanía, la información está más fragmentada o es más difícil de aplicar sin ayuda de expertos. El TCE, también, señaló que se sobrestimó la contribución prevista de las comunidades de energía a la generación de energías renovables, ya que la estimación del 21% de capacidad solar para 2030 era demasiado optimista.
En la actualidad, los planes nacionales de energía y clima de la mitad de los países auditados no reflejan las metas de la Unión Europea lo que indica un bajo nivel de compromiso nacional, según el informe. Mientras que Dinamarca y los Países Bajos muestran avances significativos, países como España registran una penetración del 4,4% en municipios de más de 10 000 habitantes, situándose por debajo de la media europea. Esta situación podría frenar el interés de los ciudadanos por participar y evitar que los proyectos de energía compartida ayuden realmente a cambiar el modelo energético.
Los planes nacionales de energía y clima de la mitad de los países auditados no reflejan las metas de la Unión Europea lo que indica un bajo nivel de compromiso nacional, según el informe.
Obstáculos técnicos y discriminación de red
Además del reto técnico, existe una brecha social significativa en la implementación de estos modelos. Ninguno de los países analizados aprobó leyes concretas para facilitar que cualquier ciudadano pueda sumarse y participar fácilmente en estas comunidades energéticas. Solo Rumanía aprobó leyes para ayudar a las familias con menos recursos. En el resto de países, los gastos de mantenimiento de la red eléctrica los pagan principalmente los consumidores que no pertenecen a estas comunidades, lo que perjudica sobre todo a los hogares más humildes.
