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La población española come ocho veces más carne procesada de la máxima recomendada

Reclaman la prohibición del uso de antibióticos en animales sanos

Redacción Interempresas05/11/2019

La ONG Justicia Alimentaria ha reclamado, a través de la publicación de un vídeo, la prohibición del uso de antibióticos en animales que no tenga un fin terapéutico. Para la organización es prioritario restringir el uso de antibióticos en animales sanos, excepto en los casos autorizados por la Administración pública y debidamente justificados, ya que el desarrollo de bacterias resistentes a este tipo de medicamentos constituye una de las amenazas más serias para la salud pública mundial.

Se calcula que más de 35.000 personas mueren cada año en España por culpa de la resistencia a los antibióticos, que se produce cuando las bacterias se vuelven resistentes a estos fármacos. Estas bacterias farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y son más difíciles de tratar, ya que no responden al tratamiento, lo que supone estancias hospitalarias más largas, incremento de los costos médicos y aumento la mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se toman medidas urgentes, muchas infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales.

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“La industria ganadera abusa del suministro de antibióticos en animales, ya que la mayor parte de los antibióticos no se administra a animales enfermos, sino sanos. Esta práctica se utiliza para poder mantener las condiciones actuales de hacinamiento de miles de animales en las granjas industriales de cerdos, pollos o bovinos. Esto favorece la aparición de patologías, básicamente por la misma acumulación animal (y de densidad de agentes infecciosos) y por la situación de estrés que genera una inmunosupresión crónica”, afimrnan desde la ONG. “Antes de que los animales se pongan enfermos se le suministran antibióticos. Esto supone que pagamos la sobremedicación de los animales con nuestra salud”, sentencia Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.

Recientemente, la Unión Europea ha aprobado el Reglamento 2019/6, que ha supuesto un paso en la dirección adecuada para reducir el exagerado consumo de antibióticos en la ganadería industrial. El Reglamento será completamente efectivo en 2022, y estipula que los medicamentos antimicrobianos no se aplicarán de manera rutinaria y reitera que no se pueden usar como promotores del crecimiento (eso ya estaba prohibido anteriormente) ni para aumentar el rendimiento. La novedad estriba en que, además, indica que no se deben usar para la profilaxis y, en el caso de la metafilaxis, solamente cuando el riesgo de propagación de una infección en el grupo de animales sea alta y no existan otras alternativas apropiadas disponibles. Además, en todos los casos, estos productos solo deberían estar disponibles con receta veterinaria y será el equipo veterinario quien decida, después del diagnóstico correspondiente, que no existe otra opción.

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Porcentaje de ventas de medicamentos por especie (2017). Fuente: Informe Carne de Cañón.

Sobre el papel, el Reglamento mejora el actual sistema, pero no detalla las medidas de control y fiscalización que aseguren que esa recomendación se cumpla en las granjas industriales ni fija objetivos de reducción en el uso de antibióticos. No sería la primera vez que una normativa adecuada se queda en papel mojado por falta de instrumentos de control y coacción sobre los agentes económicos implicados.

“Por ello, debemos exigir al Gobierno del Estado español que complemente el Reglamento europeo con medidas adecuadas que aseguren su cumplimientos (incluyendo sanciones) y que fije objetivos de reducción drástica en un corto período de tiempo, en consecuencia con la gravedad del problema y la posición del Estado como líder europeo absoluto y uno de los mayores del mundo en el abuso de antibióticos críticos en ganadería”, piden.

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Principales corporaciones farmacológicasveterinarias (ventas en miles de millones de euros, 2017). Fuente: Informe Carne de Cañón.

Un negocio socialmente caro

El Estado español es líder europeo en el uso de pesticidas y antibióticos: “Lo que significa que son dos caras de un mismo modelo productivo”. La industria ganadera española usa 402 mg de antibióticos por kg de carne. Eso es cuatro veces más que Alemania (que tiene el doble de vacas y el mismo número de cerdos) y seis veces más que Francia (que tiene tres veces más vacas). El consumo total de antibióticos en salud humana fue en 2016 de 136,38 mg/kg de biomasa, excluyendo receta privada, mientras que ese mismo año fue de 362,4 mg/kg de biomasa en veterinaria. “Si en los humanos existe la sobremedicación, en los animales productivos la situación actual es crítica”, señala la ONG.

La alimentación insana es el factor que más incide en la salud de la población española, a una distancia considerable de otros como el tabaco, el alcohol, las drogas o las enfermedades transmisibles. Y dentro de la categoría de riesgo alimentario, el más importante es el cárnico. En concreto, el 60 % de toda la salud perdida por culpa de una alimentación insana puede atribuirse al consumo excesivo de carne. Los gastos en salud pública relacionados con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne ascienden a los 7.400 millones de euros (costes directos e indirectos). Esto supone un gasto por persona de 157 euros/año, lo que equivale al 13 % del total del gasto sanitario público por habitante. “El negocio de la carne, altamente rentable para la industria cárnica, sale realmente caro al resto de la sociedad”, concluyen.

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A) Cantidad de antibióticos por país (2016) (mg. antibiótico/kg de carne).

B) Tipo de administración de los antibióticos en todas las especies de producción animal (% toneladas vs total).

Fuente: Informe Carne de Cañón.

El consumo excesivo de carne procesada incrementa un 50% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares

Actualmente en España se come ocho veces más carne procesada de la máxima recomendada, y en el caso de la población infantil, entre 3,5 y 4 veces más carne que el máximo recomendado por las autoridades médicas. Un consumo excesivo de carne procesada conlleva un riesgo de un 50,4% más de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular.

Éste es uno de los muchos datos que incluye el informe ‘Carne de cañón. Por qué comemos tanta carne y cómo nos enferma’ de Justicia Alimentaria. El incremento del riesgo de sufrir diabetes por un consumo excesivo de carne procesada es de un 22,8%, y de un 21,6% en el caso del cáncer colorrectal. Según el mismo informe, en el Estado habría 270.000 personas menos con enfermedades cardiovasculares si el consumo de carnes procesadas fuera el recomendado; 1,8 millones de personas menos con diabetes y cada año se podrían evitar 17.500 casos de cáncer colorrectal y 8.200 defunciones por cáncer colorrectal si no se superara la cantidad máximo de carne recomendada.

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Incremento del riesgo de enfermedades debido al consumo excesivo de carne. Fuente: Informe Carne de Cañón.

Y es que la carne es la fuente principal de grasas saturadas y sal, dos de los tres ingredientes -junto con el azúcar-, más involucrados a la hora de contraer este tipo de enfermedades. En concreto, según el informe basado en diversos estudios científicos, el 28-38% de las enfermedades isquémicas y cardiovasculares pueden atribuirse al consumo excesivo de carne. Lo mismo para el 17% de la hipertensión, el 18% de la diabetes o el 28% de los cánceres colorrectales. De hecho, según el informe cada año mueren en el Estado español más de 34.500 personas debido al consumo excesivo de carne y derivados. Esto supone que en una de cada diez defunciones por enfermedades no infecciosas el consumo excesivo de carne y derivados ha sido un factor determinante.

El informe de Justicia Alimentaria entra en detalle en el análisis de los factores que influyen a la hora de enfermar debido al consumo excesivo de carne. En buena parte, se atribuye al procesado de la carne a través de aditivos que si bien la industria cárnica ha encontrado los vacíos legales para incorporarlos como ingredientes en los productos que comercializa, un consumo excesivo puede acarrear graves problemas de salud. En concreto, más allá de las grasas insalubres, proteínas en exceso y sal que llevan incorporados algunos productos cárnicos, algunos también llevan una serie de sustancias carcinógenas, según constata la comunidad científica desde hace décadas y que periódicamente generan una cierta alarma entre la población, pero que rápidamente es contrarrestada por la industria cárnica, con la complicidad de administraciones e incluso sociedades médicas que se prestan a hacerle el juego al sector.

En concreto, el informe asegura que los derivados cárnicos que llevan aditivos nitrogenados incrementan notablemente el riesgo de cáncer. La afirmación se acompaña de literatura científica diversa que también desmiente las tesis de la industria que la incorporación de aditivos nitrogenados a la carne evita la contaminación bacteriana. Estudios recientes desvinculan la ausencia de estos aditivos del incremento de riesgo de contaminación. El informe de Justicia Alimentaria entra en detalle en el análisis de los efectos en la salud de nitratos y especialmente nitritos presentes en una parte importante de la carne procesada. Asimismo, desenmascara el papel que han jugado profesionales de la medicina y de la nutrición, a quienes identifica con nombres y apellidos, a la hora de limpiar la imagen de la industria cárnica.

Precisamente en referencia a la carne procesada, el informe entra en el análisis del etiquetado confuso de productos cárnicos procesados que contienen ingredientes insanos y que se presentan en los supermercados como si se tratara de carne fresca y sin ingredientes añadidos.

El consumo excesivo de carne también tiene efecto en el gasto público sanitario en el Estado español. En concreto, el gasto en salud pública relacionada con las enfermedades derivadas del exceso de consumo de carne en el Estado ascienden a 7.400 millones de euros, entre costes directos e indirectos. Esto supone un gasto por persona de 157 euros por año, que equivale al 13% del total del gasto sanitario público por habitante.

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