Asedas vuelve a reclamar esta consideración legal para garantizar el acceso del consumidor a productos básicos ante cualquier crisis

Ésta va a seguir siendo una de las grandes reivindicaciones de Asedas (Asociación Española de Empresas de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados) durante este año 2022 porque la experiencia de los dos últimos años ha servido para poner de manifiesto la necesidad de dar al sector de la alimentación los instrumentos legales necesarios para que pueda hacer frente a crisis de todo tipo a las que pueda enfrentarse en el futuro.

El reconocimiento de esta esencialidad deberá servir para facilitar los procesos que ayudan a garantizar que la alimentación nunca va a ser un problema, sean cuales sean los retos de la sociedad. Como se ha podido comprobar durante los dos últimos años, algunos de los riesgos a los que nos hemos enfrentado, y que se pueden repetir, han sido los siguientes:

• La pandemia COVID-19 en sus diferentes fases. Tras los primeros estados de alarma, el comercio ha mantenido los protocolos de seguridad que garantizan el acceso seguro a las tiendas, así como el refuerzo en cuanto a personal. Según un estudio de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de CEOE, los costes derivados de la pandemia alcanzan los 514 M/€, lo que incluye un elevado coste normativo ante la gran cantidad de leyes nuevas derivadas de la pandemia. Cada una de las diferentes olas que se han sucedido ha traído consigo nuevos escollos que solventar. El último, el relacionado con la necesidad de simplificar administrativamente la obtención de altas médicas, que es algo es urgente ante las graves carencias de personal que experimenta el sector.
• Fenómenos naturales y climáticos. Hace justo un año, con la tormenta Filomena, el esfuerzo del personal de los supermercados y de las plataformas logísticas para limpiar accesos y llevar a las tiendas el surtido necesario para abastecerlas fue ingente, despejando las entradas y trasladando la mercancía con sus propios medios. El acceso a los centros de alimentación debería ser considerado prioritario en situaciones semejantes teniendo en cuenta, además, los fenómenos climatológicos extremos a los que nos podemos enfrentar en el futuro. Una nueva prueba llegó en la isla de La Palma con la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Allí el esfuerzo de las empresas de distribución de la zona también hizo que la alimentación no faltara en ningún momento en las áreas más afectadas.
• Amenazas que afecten a la cadena de suministro. La reactivación post-COVID está siendo complicada en términos de costes energéticos y de acceso a las materias primas que pueden tener un alto impacto sobre la cadena de valor agroalimentaria. Un ejemplo de ello ha sido la amenaza de paro del transporte del pasado mes de diciembre, que pudo suponer un riesgo para el abastecimiento de productos básicos. Independientemente de que se puedan compartir muchas de las reivindicaciones de éste u otros sectores, el acceso a la población de la alimentación debería estar garantizado en todo momento al ser crucial para la ciudadanía.

“El reconocimiento social de la labor de las empresas de distribución alimentaria, y también del conjunto de la cadena agroalimentaria, ha sido un hecho durante los últimos dos años, cuando comenzó la crisis sanitaria y la ciudadanía comprobó que en ningún momento faltó ningún producto de alimentación o higiene en los supermercados. Sin embargo, necesitamos garantizar, con el paraguas legal del reconocimiento como sector esencial, que esto va a seguir siendo así en el futuro y que las empresas de la cadena agroalimentaria contarán con el apoyo de las administraciones públicas ante cualquier problema que pueda suponer un riesgo para el acceso de la ciudadanía a la alimentación”, dijo Ignacio García Magarzo, director general de Asedas.

En este sentido, la Comisión Europea ha dado un primer paso al considerar al comercio como uno de los 14 ecosistemas estratégicos para la recuperación económica de Europa por su impacto en el empleo, la economía, el medioambiente y por su papel para garantizar el acceso de la población a bienes básicos.