Solicitan medidas para acabar con las desigualdades en la cadena de valor de la leche
Unións Agrarias reclama al Parlamento de Galicia que la Comisión Especial de Estudio sobre el Precio de la Leche pase del diagnóstico a la acción con medidas concretas para corregir los desequilibrios existentes en la cadena de valor. La organización propone incentivar a las industrias que transformen la leche y remuneren mejor a los productores, además de reforzar la negociación colectiva y revisar el actual marco contractual.
El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, trasladó estas propuestas durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre el Precio de la Leche en Galicia, donde defendió la necesidad de adoptar decisiones concretas que permitan mejorar la posición de los ganaderos dentro de la cadena alimentaria.
Entre las principales iniciativas planteadas figura que las industrias que transformen la leche en productos de mayor valor añadido, así como aquellas que paguen un mejor precio por una leche de igual calidad sin discriminar por territorio, reciban una valoración preferente en el acceso a las ayudas públicas. Según García, esta fórmula permitiría incentivar un modelo industrial más comprometido con la creación de valor y con la sostenibilidad de las explotaciones.
El dirigente agrario advirtió de que Galicia continúa sosteniendo la producción láctea española a pesar de la constante reducción del número de explotaciones, aunque considera que este modelo “empieza a tocar techo”. A su juicio, las grandes granjas tienen escaso margen para seguir creciendo, mientras que las pequeñas y medianas encuentran dificultades para desarrollarse debido al diferencial de hasta ocho céntimos por litro que existe en el precio percibido por los productores.
Unións Agrarias también reclamó reforzar el papel de las organizaciones de productores para evitar que las industrias eludan la negociación colectiva mediante contratos individuales. Además, propuso que, cuando no exista acuerdo entre las partes, los contratos vigentes puedan prorrogarse hasta alcanzar un nuevo consenso, evitando así situaciones de desequilibrio para los ganaderos.
