SpainDC alerta del riesgo de pérdida de inversiones si el nuevo marco regulatorio ve la luz
La patronal del sector de los centros de datos, SpainDC, considera que la acumulación y el calendario de determinadas exigencias pueden comprometer proyectos ya maduros y reducir la competitividad de España frente a otros mercados europeos. Según sus estimaciones, entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino podría ponerse en riesgo.
SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha elevado su preocupación tras analizar el Proyecto de Real Decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital del sector. La organización presentará alegaciones al texto y reclama modificaciones sustanciales antes de su aprobación definitiva.
La Asociación asegura compartir los objetivos de sostenibilidad, eficiencia, soberanía digital y crecimiento ordenado que persigue el Gobierno. Sin embargo, considera que el diseño, la intensidad, la acumulación y el calendario de determinadas exigencias pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad de España frente a otros mercados europeos.
Según SpainDC, de aprobarse el Real Decreto en los términos actuales, España podría situarse como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea, en contraste con otros mercados comunitarios que buscan compatibilizar los objetivos de sostenibilidad y soberanía digital con la capacidad para atraer nuevas inversiones.
Preocupación por los proyectos ya iniciados
Uno de los principales motivos de preocupación para la Asociación es el impacto que la nueva regulación podría tener sobre proyectos iniciados bajo el marco anterior, algunos de los cuales acumulan ya varios años de desarrollo.
“Estamos hablando de compañías que toman decisiones de inversión a muy largo plazo. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, un proyecto puede empezar a comprometer suelo, financiación, obra, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros. Las reglas pueden cambiar, pero cambiar de forma estructural las condiciones de esas inversiones y conceder apenas seis meses para adaptarse plantea un problema muy serio de seguridad jurídica y proporcionalidad”, afirma Emilio Díaz, presidente de SpainDC.
La directora ejecutiva de la Asociación, Begoña Villacís, advierte también del riesgo de que una regulación excesivamente restrictiva termine desplazando las inversiones hacia otros países. “Ordenar el crecimiento no puede significar expulsar la inversión que España ha atraído durante años. Una regulación que pretende reforzar nuestra soberanía digital puede terminar consiguiendo justamente lo contrario: que inversión, empleo y capacidad de cómputo se localicen fuera de España”, afirma.
La preocupación, según SpainDC, ya no es únicamente teórica. La Asociación asegura que existen proyectos y planes de inversión que comienzan a valorar alternativas de localización en otros mercados europeos ante la posibilidad de un marco español más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los plazos reales de desarrollo de este tipo de infraestructuras.
“La demanda de inteligencia artificial, cloud y servicios digitales no va a desaparecer porque esa infraestructura no se construya aquí. Se construirá en otro lugar y será allí desde donde presten los servicios digitales a empresas y ciudadanos españoles”, añade Villacís.
Hasta 66.900 millones de inversión en juego
La dimensión económica del debate es uno de los argumentos centrales de SpainDC. El último Informe Anual de la Asociación estimaba en 66.900 millones de euros la inversión directa e indirecta acumulada entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad. En un escenario restrictivo, esa cifra podría reducirse en un 36%.
Sin embargo, SpainDC considera que el impacto potencial del actual Proyecto de Real Decreto podría ser incluso mayor que el contemplado en aquel escenario. Según la Asociación, las previsiones anteriores ya incluían factores como las restricciones de red, las dificultades regulatorias, los retrasos y el desplazamiento de proyectos hacia otros mercados, pero no contemplaban un marco con la intensidad ni la acumulación de exigencias recogidas en el nuevo texto.
A partir de su conocimiento del mercado y de la experiencia de sus asociados en el desarrollo y operación de estas infraestructuras, SpainDC estima que, si el Proyecto de Real Decreto se aprobara en sus actuales términos, podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.
Criterios para diferenciar proyectos reales de iniciativas especulativas
La Asociación comparte la necesidad de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica asociada a proyectos sin expectativa real de ejecución. No obstante, defiende que este objetivo debe abordarse mediante criterios que permitan diferenciar claramente una reserva especulativa de un proyecto con un grado real de madurez.
Entre esos criterios, SpainDC plantea tener en cuenta la inversión comprometida, el avance efectivo de los proyectos y el cumplimiento de hitos. La organización señala además otras cuestiones que considera especialmente preocupantes, como la combinación de adicionalidad y correlación renovable, las exigencias de eficiencia energética e hídrica, la rigidez contractual y el régimen de recargos.
SpainDC reclama más diálogo con el sector
La Asociación también cuestiona el proceso de elaboración y consulta del Proyecto de Real Decreto. El presidente de SpainDC se ha dirigido al ministro y a los responsables de las secretarías de Estado implicadas para solicitar una ampliación del plazo de audiencia y la constitución inmediata de una mesa técnica de trabajo con el sector.
Según la organización, a fecha de cierre de la comunicación no había recibido respuesta a estas peticiones.
“El Gobierno nos manifestó que quería trabajar de la mano del sector. Sin embargo, hemos recibido un texto extremadamente desarrollado, con consecuencias muy relevantes para inversiones ya en marcha y futuras, y un margen extraordinariamente reducido para analizarlo. Si existe una voluntad real de diálogo, necesitamos tiempo y una mesa en la que ese diálogo pueda producir cambios efectivos”, señala Díaz.
SpainDC confía en que durante la tramitación pueda alcanzarse una regulación que mantenga los objetivos de sostenibilidad y soberanía digital, pero que resulte también proporcionada y compatible con la competitividad de España y la llegada de nuevas inversiones al sector de los centros de datos.
