La Confederación seguirá trabajando para que las estaciones de servicio protagonicen una transición económicamente viable y socialmente justa

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) lamenta que el Plan España Auto 2030 presentado recientemente no contemple todas las tecnologías disponibles en la actualidad para minimizar las emisiones de CO₂ procedentes de la movilidad.

Las medidas que conforman el plan aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni se recogen en ninguna página oficial dependiente de la Administración. Sorprendentemente, conocemos el plan porque está alojado en la página web de la patronal automovilística Anfac.

Sea como fuere, si damos por bueno el hecho de que esa declaración de intenciones se plasmará más tarde en uno o varios textos normativos, resulta ciertamente decepcionante que el plan se centre exclusivamente en una única tecnología, excluyendo todas las alternativas que pueden contribuir desde ya a descarbonizar la movilidad, apuntaron desde la Confederación.

El plan tiene tres objetivos principales, centrados en mejorar tanto el impacto económico, como la sostenibilidad y la autonomía estratégica. Centrándonos en el primero de ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó durante la presentación del Plan España Auto 2030 que con él se pretendía impulsar el “coche eléctrico, que sea español y económico”.

Cabe preguntarse cómo pretende el Gobierno de España hacer que las factorías españolas sean los centros elegidos por las marcas automovilísticas para producir ese coche eléctrico económico cuando esas decisiones se toman en Colonia, Wolfsburgo o Ámsterdam.

Volviendo a los objetivos del plan, el segundo de ellos pasa por mejorar la sostenibilidad de la movilidad española. De hecho, se supone que las medidas incluidas en esta estrategia servirán para que España incremente un 983% las matriculaciones de “vehículos electrificados” en poco más de una década.

Como declaración de intenciones resulta formidable. Pero más allá de la credibilidad que pueda otorgarse a esa cifra, lo cierto es que los autores del plan no explican cómo vamos a pasar de las 225.000 unidades con las que —siendo optimistas— cerraremos 2025 a los 1,3 millones diez años después, sin hacer ni una sola mención a los hitos intermedios.

Tampoco desglosan esa cifra de 1,3 millones, de manera que no sabemos cuántos eléctricos puros (BEV) y cuántos híbridos enchufables (PHEV) componen el guarismo final.

En cualquier caso, es verdaderamente llamativo que Anfac, Sernauto y el Gobierno de España den por hecho que en 2035 se matriculará una cantidad indeterminada de híbridos enchufables cuando la legislación vigente a día de hoy no contempla las ventas de turismos nuevos con esta tecnología a partir de 2035. Quizá los autores del plan tienen más información acerca de la revisión del Reglamento 2023/851 que la Comisión Europea tiene previsto hacer pública mañana.

Porque ésta es otra de las cuestiones que sorprende del Plan España Auto 2030, el momento elegido para su puesta en escena, apenas una semana antes de que el Ejecutivo comunitario marque cuáles son las directrices de la revisión de la norma vigente. Pareciera que su visión de España fuese la de un Estado ajeno a la Unión Europea, que no se siente concernido por lo que Bruselas tenga que decir con respecto a los estándares de emisiones de CO₂.

Durante la presentación del plan, el presidente del Gobierno afirmó que el modelo a seguir es el Plan Reinicia Auto +, puesto en marcha para paliar los efectos de la DANA y que, tras un año de la tragedia, ha logrado que “el 95% de las solicitudes están en el bolsillo de los valencianos”.

Si analizamos los resultados de este plan, publicados por el propio Ministerio de Industria (ver datos aquí), comprobamos que se ha saldado con la compra de 40.695 vehículos. De ellos, sólo el 13,78% tienen etiqueta CERO de la DGT, pese a que el plan incentiva la compra de estos vehículos con el doble que a los ECO o C (10.000 euros para los nuevos y 4.000 para los usados con etiqueta CERO y 5.000 euros para los nuevos y 2.000 para los usados con etiqueta ECO o C).

Es decir, los valencianos, en una situación excepcionalmente complicada tras el paso de la DANA de hace poco más de un año, han elegido en un 86,2% de las operaciones adquirir vehículos con etiqueta C o ECO (recordemos que los híbridos enchufables con menos de 40 km de autonomía eléctrica lucen distintivo ECO).

Lo cierto y verdad es que los valencianos, como hacen en su mayoría el resto de españoles, se decantan por la compra de vehículos nuevos asumiendo que la renovación del parque, independientemente de cuál sea la propulsión del vehículo matriculado, supone per se una mejora de la sostenibilidad del mismo.

Y es precisamente éste, el concepto de neutralidad tecnológica, el que no aparece en lo que hoy conocemos del Plan España Auto 2030. La suma de todas las tecnologías disponibles en cada momento con capacidad para abatir CO₂ será crucial para reducir paulatinamente las emisiones asociadas a la movilidad.

Cuenta el plan incluso con un modelo de gobernanza y un mecanismo de seguimiento, que, entre otras cuestiones, se encargarán de elaborar “un plan de despliegue de la infraestructura de recarga” para el que no se cuenta con las estaciones de servicio, que ya en la actualidad son hubs multienergéticos y que cuentan con los mejores accesos, las ubicaciones idóneas y el recuerdo del automovilista, para quien, además ofrecen todo un universo de productos y servicios. Ni rastro tampoco del papel que desempeñará el Grupo de trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE), del que CEEES forma parte.

Es verdaderamente sorprendente que la Ley 7/2021 introduzca obligaciones de implantación de puntos de recarga para determinadas estaciones de servicio (los requisitos son más exigentes tras la publicación en el BOE de la Ley de Movilidad Sostenible) y que paralelamente nuestro sector, integrado mayoritariamente por pymes, ni aparezca mencionado en el Plan España Auto 2030.

CEEES continuará trabajando para que las pymes del sector de las estaciones de servicio protagonicen una evolución hacia modelos de movilidad más sostenibles, basados en la neutralidad tecnológica, que persigan una transición energética económicamente viable y socialmente justa y que respondan honestamente a las demandas de los automovilistas.