El Brexit también nos preocupa (o no, quién sabe)
Redacción Protección Laboral08/12/2016
Antes que nada, vamos a aclarar el título: el miedo que nos da la actual situación de Reino Unido en la Unión Europea no se debe a que demos por hecho que trabajar allí siendo de otro país se vaya acabar. No podemos dar nada por hecho en realidad, es la propia incertidumbre la que sí que nos inquieta. Tantas especulaciones y noticias sin confirmar nos plantean muchos escenarios posibles.
Para empezar, Reino Unido como estado de la Unión Europea, deberá comunicar formalmente a ésta su intención de separarse (cosa que aún no ha hecho), un derecho que está contemplado en el Artículo 50 del Tratado de la Unión. A partir de aquí vendrán las negociaciones sobre cómo se ejecutará y hasta qué punto se cerrarán las fronteras. No sólo en cuanto a migración sino también en lo que relaciones laborales y comerciales con la UE se refiere.
Dicho esto, sí que es cierto que el gobierno conservador británico ya ha anunciado su intención de endurecer las condiciones a las empresas para contratar trabajadores extranjeros, antes de que el país esté fuera de la UE. Recordemos que uno de los argumentos más utilizados por los pro-brexit era el de frenar la inmigración.
Concretamente, alguna de las medidas de las que más se ha hablado ha sido obligar a las empresas a publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean. Aunque más tarde el propio gobierno dio marcha atrás. Aun así, Michael Fallon, ministro de defensa del país, anunció que lo que sí se haría era incentivar a las compañías a contratar empleados británicos.
La primera ministra, Theresa May, también anunció restringir la llegada de estudiantes extranjeros a sus universidades, mediante un endurecimiento de los visados para estudiar, que a la vez dependerían de la calidad de las universidades para las que se aplica. Los datos de inmigración, no obstante, siguen en cifras récord: 327.000 personas (-diferencia entre inmigrantes y emigrantes-) en 2015, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
Las medidas anunciadas ya han sido rechazadas públicamente, tanto por el colectivo universitario como el empresarial, incluidas las cámaras de comercio británicas, que apuestan por dar una imagen de apertura. Las universidades, por su parte, recuerdan que los estudiantes internacionales son necesarios para asegurar la competitividad global de los centros. Los alumnos no comunitarios son contribuyentes netos a la economía británica. Se calcula que aportan 7.000 millones libras y su presencia genera cerca de 137.000 empleos. Los estudiantes extranjeros suponen 167.000 de los 600.000 nuevos inmigrantes que llegan cada año. Éstos suponen casi un 30% de la inmigración que llega cada año.
El sector sanitario también está en el punto de mira del gobierno, ya que hasta el 37% de los médicos del país se han licenciado en otros países. El ministro de sanidad, Jeremy Hunt, también anunció su intención de que el sistema sea autosuficiente una vez el país abandone la Unión Europea. Recordemos que la demanda de enfermeros españoles es altísima en Reino Unido, ya que allí hay falta de personal sanitario autóctono.
Todas estas declaraciones tienen algo en común. Se advierte de las intenciones políticas pero no se explica cómo se va a llegar allí. Por eso hablábamos de incertidumbre en el principio de este artículo. El clima general en Europa es de confusión. Por si fuera poco, el pasado mes se filtró un informe de Deloitte que aseguraba que, 5 meses después de la votación, el gobierno no tiene ningún plan estratégico sobre cómo encarar sus negociaciones con Bruselas. Los portavoces del partido conservador ya han declarado no reconocer dicho documento ni haberlo encargado a la consultoría.
Así que nos parece que es pronto para echarse las manos a la cabeza. Aunque sí que es cierto que algunas de las declaraciones nos dejan intranquilos. En un marco de incertidumbre generalizada, aún no sabemos si preferimos una situación en la que el gobierno británico tenga claro cómo va a proceder o bien que siga alargando la situación hasta el infinito. Nosotros tampoco sabemos si preocuparnos. Y eso nos preocupa un poco. Nosotros somos así, gente volcada en la seguridad.
Para empezar, Reino Unido como estado de la Unión Europea, deberá comunicar formalmente a ésta su intención de separarse (cosa que aún no ha hecho), un derecho que está contemplado en el Artículo 50 del Tratado de la Unión. A partir de aquí vendrán las negociaciones sobre cómo se ejecutará y hasta qué punto se cerrarán las fronteras. No sólo en cuanto a migración sino también en lo que relaciones laborales y comerciales con la UE se refiere.
Dicho esto, sí que es cierto que el gobierno conservador británico ya ha anunciado su intención de endurecer las condiciones a las empresas para contratar trabajadores extranjeros, antes de que el país esté fuera de la UE. Recordemos que uno de los argumentos más utilizados por los pro-brexit era el de frenar la inmigración.
Concretamente, alguna de las medidas de las que más se ha hablado ha sido obligar a las empresas a publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean. Aunque más tarde el propio gobierno dio marcha atrás. Aun así, Michael Fallon, ministro de defensa del país, anunció que lo que sí se haría era incentivar a las compañías a contratar empleados británicos.
La primera ministra, Theresa May, también anunció restringir la llegada de estudiantes extranjeros a sus universidades, mediante un endurecimiento de los visados para estudiar, que a la vez dependerían de la calidad de las universidades para las que se aplica. Los datos de inmigración, no obstante, siguen en cifras récord: 327.000 personas (-diferencia entre inmigrantes y emigrantes-) en 2015, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).
Las medidas anunciadas ya han sido rechazadas públicamente, tanto por el colectivo universitario como el empresarial, incluidas las cámaras de comercio británicas, que apuestan por dar una imagen de apertura. Las universidades, por su parte, recuerdan que los estudiantes internacionales son necesarios para asegurar la competitividad global de los centros. Los alumnos no comunitarios son contribuyentes netos a la economía británica. Se calcula que aportan 7.000 millones libras y su presencia genera cerca de 137.000 empleos. Los estudiantes extranjeros suponen 167.000 de los 600.000 nuevos inmigrantes que llegan cada año. Éstos suponen casi un 30% de la inmigración que llega cada año.
El sector sanitario también está en el punto de mira del gobierno, ya que hasta el 37% de los médicos del país se han licenciado en otros países. El ministro de sanidad, Jeremy Hunt, también anunció su intención de que el sistema sea autosuficiente una vez el país abandone la Unión Europea. Recordemos que la demanda de enfermeros españoles es altísima en Reino Unido, ya que allí hay falta de personal sanitario autóctono.
Todas estas declaraciones tienen algo en común. Se advierte de las intenciones políticas pero no se explica cómo se va a llegar allí. Por eso hablábamos de incertidumbre en el principio de este artículo. El clima general en Europa es de confusión. Por si fuera poco, el pasado mes se filtró un informe de Deloitte que aseguraba que, 5 meses después de la votación, el gobierno no tiene ningún plan estratégico sobre cómo encarar sus negociaciones con Bruselas. Los portavoces del partido conservador ya han declarado no reconocer dicho documento ni haberlo encargado a la consultoría.
Así que nos parece que es pronto para echarse las manos a la cabeza. Aunque sí que es cierto que algunas de las declaraciones nos dejan intranquilos. En un marco de incertidumbre generalizada, aún no sabemos si preferimos una situación en la que el gobierno británico tenga claro cómo va a proceder o bien que siga alargando la situación hasta el infinito. Nosotros tampoco sabemos si preocuparnos. Y eso nos preocupa un poco. Nosotros somos así, gente volcada en la seguridad.
