Un sector fuerte requiere justicia profesional

Un artículo que bien podría ser una reflexión sobre la situación de la Construcción en nuestro país, desde la perspectiva de sus profesionales.

En los últimos años, los discursos del sector han ido encaminados a la consecución de una mayor profesionalización y digitalización de los trabajadores para hacer de la Construcción un ámbito que ofrezca las mayores garantías a la sociedad, también en un escenario más verde y sostenible.

Una apuesta común que se está llevando mediante formación y la implantación de procesos más eficientes en todas y en cada una de las fases de la Construcción, también en los materiales utilizados.

Hasta ahora a los Graduados en Ingeniería se les solicita un máster (algo que no ocurre con el resto de Grados) para acceder al subgrupo A1 de la Administración.

Llegados a este punto, parece que todos remamos hacia los mismos objetivos con un fin común. Pero, ¿qué sucede con algunos de los profesionales del sector? Hablamos de la histórica reivindicación de los Graduados en Ingeniería de nuestro país para ser considerados como subgrupo A1 de la Administración Pública.

Una lucha que, en estos días, ha tomado un matiz diferente. El pasado 20 de mayo, se llevó a cabo en el Senado, a propuesta del Partido Popular, la votación para la recalificación de los Graduados en Ingeniería como subgrupo A1 de la Administración Pública, igualándolos al resto de Graduados en otras ramas de conocimiento.

El resultado fue positivo, dado que el siguiente paso es la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, donde la situación puede ser bien distinta, ante la presión de determinados sectores contrarios a esta propuesta.

Hasta ahora, debido a la antigua división de las Ingenierías en Técnicas y Superiores, se ha considerado a los Graduados en Ingeniería profesionales del subgrupo A2 en el escalafón del empleo público.

Esto ha sucedido debido a una cuestionable implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), aprobado mediante el Plan Bolonia. Si bien en el resto de profesiones se realizó una convalidación directa, en la que las licenciaturas y las carreras técnicas se adaptaban al Grado, en el caso de la Ingeniería esta acción quedó en el limbo.

Como consecuencia, a los Graduados en Ingeniería se les solicita un máster (algo que no ocurre con el resto de Grados) para acceder al subgrupo A1 de la Administración.

Pero, ¿qué supone esto para los jóvenes Graduados que quieran trabajar en la Administración Pública? Se instala un techo de cristal, únicamente existente en España, que les impide ocupar puestos de responsabilidad y recibir una retribución adecuada a su formación.

Además, muchos de ellos se ven obligados, por las circunstancias impuestas por esta estructura administrativa, a cursar un máster especializado, buscando unas competencias de las que ya disponen con el Grado.

Esto conlleva un esfuerzo económico y de tiempo adicional a los estudiantes y a sus familias. Sin duda, el principio de una desigualdad social arraigada en las propias instituciones y que favorece el desarrollo profesional de los Graduados con mayores recursos.

Por ello, desde entidades como el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, INGITE, se promueve la adaptación real de los Grados en esta rama de conocimiento a lo que sucede en otros ámbitos y, especialmente, en el resto de Europa.

Dicha organización, de la que forma parte el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, ha dejado claro que este discurso se aleja del odio y de la comparativa con el resto de los profesionales del subgrupo A1. No se pretende, en ningún caso, perjudicarlos, dado que esto no implica un empeoramiento de sus condiciones.

Simplemente, a modo resumen, se trata de equiparar la situación de todos los profesionales del país, con un mismo nivel de estudio, a unas condiciones cerradas y dentro de la Administración Pública, que ha de ser ejemplo de justicia social.

Según el último informe publicado por INGITE, esta situación afecta a más de 200.000 Ingenieros y estudiantes de esta rama en nuestro país. El segundo informe 'Análisis de los Estudios de Ingeniería en España', además, alerta de la creciente oferta de Grados blancos en Ingeniería que no conllevan ninguna competencia ni atribución para los estudiantes.

Dicho de otra manera, los Graduados en estos estudios no pueden desempeñar ninguna profesión en el mercado laboral, siendo necesario un máster y volviendo a la realidad anterior que mencionábamos en párrafos anteriores.

Desde INGITE se promueve la adaptación real de los Grados en esta rama de conocimiento a lo que sucede en otros ámbitos y, especialmente, en el resto de Europa.

Pero si los Ingenieros son los primeros afectados por esta situación, la sociedad es la segunda en sufrir esta injusticia. Egresados preparados en nuestro sistema universitario se ven obligados a emigrar a otros países de la Unión Europea para que sea reconocido su nivel real de estudios.

Esto deja un déficit que incrementa aún más el escenario de la falta de relevo generacional de la Construcción. El sector, que reclama más de 700.000 nuevos empleados, no se puede permitir que talento, ya formado, abandone nuestras fronteras.

A la espera de la postura del resto de partidos políticos, a los que desde INGITE se está haciendo un llamamiento especial, queda todavía que el Congreso apruebe la recalificación de los Graduados en Ingeniería subgrupo A1 de la Administración Pública.

Una batalla más dentro de una guerra injustificada de las entidades del Estado a los Ingenieros de nuestro país.

Según el último informe de la Fundación Laboral de la Construcción, el sector aporta al PIB más del 5% del total. Una cifra elevada que va en beneficio de toda la sociedad: cifras más elevadas de creación de empresas y de empleo que reflejan la buena salud de la Construcción española.

Una tendencia en alza, gracias a unos procesos más digitalizados y una mayor concienciación medioambiental, que hacen del sector una de las locomotoras del país. Una Construcción fuerte que ha de responder a sus trabajadores con plenos derechos de desarrollo profesional.