¿Qué esperar en Ingeniería Civil en el año de las elecciones?

Este año, 2023, será importante por aspectos fundamentales: el control de los picos de gasto en la energía, el intento de cese de la violencia en Ucrania (esperemos que con buenos resultados) y la lucha contra la inflación. Unos temas, a los que se unirán otros de calado social y político, que, sin duda, determinarán nuestro voto.

Y es que este año será determinante porque, además de los puntos anteriores, celebramos elecciones en España. A las municipales, se unen las autonómicas (en Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja) en mayo. En diciembre, además, contaremos con las generales, generando, todo ello, que acudamos hasta en dos ocasiones a las urnas en los próximos meses.

Independientemente del voto particular y de las sensaciones políticas individuales, lo cierto es que el periodo electoral trae consigo promesas y acciones previas que no pasan inadvertidas por los ciudadanos y, además, por profesiones como la de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

Un simple paseo por los municipios de toda España nos hace percibir un incremento considerable en el cambio de pavimento, en la prolongación de los carriles bici y en la “puesta a punto” de parques y centros de ocio al aire libre. Estas acciones, que inciden directamente en la Ingeniería Civil, son fruto de la presión de los gobernantes, tanto locales como autonómicos y nacionales, por hacer ver la inversión en Obra Pública.

Y esta es la primera idea que hemos de analizar: cuán importante es la Ingeniería Civil como arma política y, por supuesto, cuánto valoran los habitantes la inversión en la misma para la mejora directa de su experiencia en la urbe.

Si bien no están disponibles datos específicos en relación a la premisa anterior, sí que las Obras Públicas son determinantes, especialmente en el plano local. Una consulta a pie de calle en cualquier municipio de nuestra geografía nos dará información sobre el voto de los consultados con respuestas como: “está todo muy sucio”, “no hay servicios de autobuses”, “necesitamos más espacios verdes”… siendo la Ingeniería Civil protagonista del desencanto o del agrado de los ciudadanos.

Más allá de la sanidad, la cual es competencia autonómica, el ciudadano medio atiende a los servicios básicos que le presta el ayuntamiento y la calidad de los mismos, un ámbito de los Ingenieros Civiles.

Pero, ¿qué sucede a nivel nacional? El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, analizó, hace semanas, la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que sirve de hoja de ruta en relación al gasto social de nuestro país.

Este documento, tradicionalmente, ha sentado la estrategia del partido político al mando en materia no solo económica, sino también social. Con las elecciones generales tan cercanas, los Presupuestos Generales del Estado nos dan más información sobre las próximas tendencias del Gobierno, especialmente en el ámbito de la Ingeniería Civil.

Tal y como analizamos hace unas semanas en el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta con 21.273 millones de euros de presupuesto, lo que, según la Ministra Raquel Sánchez, generará 310.000 empleos y supondrán el 1,6% del PIB. Dentro de la marcada tendencia social (tal y como se ha publicado en la propia web del MITMA, se da principal prioridad a la eficiencia energética (especialmente a la relacionada con la vivienda), como no podía ser de otra manera, al ferrocarril (en sus versiones de servicio de pasajeros y de mercancías), así como a las carreteras.

Si atendemos a los gastos generales más representativos de la Ingeniería Civil, hemos de enfocarnos en el ferrocarril. A las ayudas y las bonificaciones ya anunciadas, tanto por el Gobierno como por las comunidades autónomas, valoradas las primeras en 660 millones de euros para Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Avant, cabe destacar los 7.991 millones de euros para la infraestructura ferrovaria de nuestro país.

Esta última partida se destinará a la mejora e implantación de los servicios de Alta Velocidad en Extremadura y en Asturias, así como en los corredores del Mediterráneo y del Atlántico, tanto para el transporte de pasajeros como el de mercancías.

Esta estrategia, que también viene decretada por la Unión Europea, pone el ferrocarril en el punto de desarrollo de las infraestructuras en España en el próximo año, por delante de las carreteras. Mientras el primero, si sumamos de manera rápida, podría contar con inversiones superiores a 8.657 millones de euros, la carretera “se queda” en los 2.666 millones de euros.

En tema vial, la conservación se lleva gran parte del presupuesto total dedicado a estas infraestructuras, con 1.548 millones de euros, que ya se califica como el mayor de la historia (una vez más, campaña política de por medio).

En cuanto a Nueva Movilidad, además de la conservación de las carreteras tradicionales, con esperamos implementación de nuevas tecnologías que las hagan más sostenibles, el Ministerio destinará 860 millones de euros para la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes, con excepciones. Si bien ya se encuentran legislados los requisitos básicos para estas áreas, lo cierto es que, una vez más, la legislación va más rápido que los propios ayuntamientos, esperando todavía una implantación masiva en nuestro país.

También se ha pensado en el incremento del carril bici, con más de 1.000 kilómetros planteados en toda España. Una apuesta, de nuevo, por los desplazamientos sostenibles que permitirá, además, olvidarnos en las aceras de los incómodos patinetes.

La vivienda digna es otra de las grandes apuestas de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, del Gobierno. Más de 3.400 millones de euros se invertirán en la mejora del parque inmobiliario actual, el más envejecido de Europa y con mayor necesidad de rehabilitación en materia energética. Pero también se habla de construcción, concretamente, de 100.000 viviendas en alquiler social o asequible.

Todo ello, con la ayuda de los fondos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el proyecto NextGeneration de la Unión Europea. No obstante, respecto a esto último, cabe recordar las alertas en el sector de la Construcción sobre la disposición limitada de estos recursos, dos años después.

Como conclusión y como es habitual, hemos de esperar a que tanto los Presupuestos Generales del Estado como las iniciativas locales y autonómicas echen a andar para determinar no solo nuestro voto, sino cuánto pesa en el mismo la inversión en Ingeniería Civil. También el tiempo y los resultados electorales definirán el futuro inmediato de la profesión, especialmente en lo que concierte a licitaciones y Obra Pública.