El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Puertos
El Congreso ha aprobado hoy por unanimidad la Ley de Puertos, lo que la convierte en la de mayor respaldo parlamentario de la democracia, como fruto del intenso diálogo con las fuerzas políticas y sociales para dar respuesta a las necesidades planteadas por los agentes económicos y sociales y por la comunidad portuaria. Esta Ley va a ser un pilar sólido para que los puertos españoles desarrollen plenamente sus potencialidades, al servicio del comercio y del transporte marítimo, contribuyendo a la recuperación económica. Proporciona –como señaló el ministro de Fomento en su intervención ante el Senado- “el marco de estabilidad jurídica deseado para avanzar sobre los pilares de la productividad, la competitividad y la eficiencia y para mejorar la competitividad de nuestra red de transportes”.
Blanco añadió entonces que la nueva Ley, además de potenciar la calidad y la eficiencia como elementos claves de futuro, “premia la buena gestión y bonifica la superación de los niveles de productividad actuales, apuesta por unos puertos comprometidos con su entorno socioeconómico, bonificando las buenas prácticas ambientales, e impulsa la plena integración de los puertos en el sistema de transporte”. Debe señalarse que el Sistema Portuario de Titularidad Estatal un instrumento esencial en la economía española, pues por él pasan el 85% de las importaciones y la mitad de las exportaciones de nuestro país, genera un empleo directo de más de 35.000 puestos de trabajo y unos 110.000 indirectos, y su actividad supone el 20% del PIB del sector de transporte español y el 1,1% del PIB nacional.
Principales contenidos
Entre los aspectos más relevantes de la nueva Ley cabe destacar los siguientes:
• Contempla una mayor libertad tarifaria: las Autoridades Portuarias podrán fijar sus propias tasas, al igual que ocurre con el resto de puertos de Europa y del mundo.
• El sistema portuario asume el compromiso de alcanzar una rentabilidad anual del 2,5%, que debe garantizar así su viabilidad económica y financiera. Además, establece un estricto control económico-financiero, bajo criterios de racionalidad y equilibrio.
• Potencia el atractivo de los puertos para la iniciativa privada, facilitando que las empresas puedan desarrollar actividades vinculadas al transporte y la logística.
• Mantiene el libre acceso a la prestación de servicios portuarios, garantizando las condiciones de competencia y ampliando el ámbito de aplicación de la “autoprestación” y de la integración de servicios.
• Amplía la posibilidad de bonificación para tráficos de especial interés estratégico, tanto de importación/exportación, como de tránsito en terminales tipo “hub”. Ello incentiva la competitividad de nuestros puertos en la economía global.
• Se incentiva la buena gestión portuaria, medida en términos de calidad y eficiencia al servicio de los usuarios.
• Favorece, mediante nuevos instrumentos, la plena integración de los puertos en el sistema de transportes, para asegurar la conexión de los puertos con las redes viarias y ferroviarias.
• Apuesta decididamente por la sostenibilidad, estableciendo la obligación de las Autoridades Portuarias de elaborar una Memoria de Sostenibilidad, e incentiva también el desarrollo de buenas prácticas ambientales.
• Y, por último, define las bases para la integración del puerto en su área urbana y metropolitana, y para reforzar sus lazos con el tejido empresarial y, en definitiva, con su entorno socio-económico.
