La conservación de carreteras defiende el actual sistema de contratación pública

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, alerta de las consecuencias de adjudicar este servicio público teniendo como criterio principal el precio. Su posición es firme: la calidad debe ser el eje central de cualquier contratación pública. Los gestores públicos tienen la compleja tarea de optimizar recursos económicos limitados, pero nunca puede hacerse a costa de la seguridad de los usuarios ni de la sostenibilidad del sistema. Porque lo barato sale caro.

Según ACEX, la subasta prima exclusivamente el precio más bajo, relegando a un segundo plano aspectos tan determinantes como la calidad técnica, la seguridad vial, la innovación o la sostenibilidad ambiental, determinantes la eficiencia del servicio a largo plazo.

La decisión se adopta pese a la oposición mayoritaria del sector y en un contexto especialmente sensible, tras sufrir las empresas años de fuerte presión inflacionista, incremento de costes energéticos y de materias primas, y dificultades para atraer y retener talento cualificado. Introducir ahora un modelo que tensiona aún más los márgenes y penaliza la calidad, comprometiendo seriamente la viabilidad de muchas empresas y, con ello, la propia prestación del servicio. Además, agrava la situación que viven nuestras carreteras, con un alto déficit de inversión acumulado.

El modelo de concurso ha permitido históricamente valorar experiencia, solvencia técnica, capacidad innovadora y mejoras en seguridad vial. Gracias a este enfoque, las empresas han competido no solo en costes, sino también en tecnicidad, aportando soluciones que añaden un valor real al ciudadano. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor.

La Directiva 2014/24/UE establece que la contratación pública debe garantizar competencia, transparencia y protección del interés general. Reducir la adjudicación prácticamente al precio desvirtúa ese equilibrio y se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es otro que lograr la mejor relación calidad-precio, con los consiguientes riesgos: bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación.

Aunque la ley permite distintas formas de valorar la calidad, eliminar por completo la evaluación técnica en contratos complejos de conservación supone prescindir del análisis experto en aspectos esenciales como son la planificación, la gestión de riesgos o la innovación. Además, presentar como “mejoras” simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación, no responde al concepto jurídico de mejora, sino que convierte la calidad en un criterio cuantitativo, centrado en ofrecer más de lo mismo en lugar de hacerlo mejor.

• La calidad se convierte en cantidad: no se comparan los planes, la organización, la gestión de riesgos o la innovación, solo se valora cuánto más se ofrece y a qué precio.
• Riesgo de menor durabilidad y más coste futuro: sin incumplir la ley, podrían utilizarse materiales menos duraderos o simplificarse procesos técnicos para compensar la presión económica. Una situación no visible en el corto plazo, pero que con el paso del tiempo podría traducirse en más deterioro y más coste de mantenimiento para la Administración, es decir, para todos los ciudadanos.
• Menos innovación y avance tecnológico: la innovación deja de ser un elemento incentivado para convertirse en un coste que no aporta valor en los criterios de adjudicación. Este cambio desincentiva la inversión en nuevas soluciones y puede frenar la modernización del sector, con el consiguiente impacto en la mejora continua y eficiencia del servicio prestado.
• Doble presión económica sobre las empresas: para ganar el contrato, las empresas deberán bajar el precio y ofrecer, además, más actuaciones adicionales que correrán por su cuenta. Este doble esfuerzo tensionará al máximo sus costes y podrían verse obligadas a ajustar en otros aspectos menos visibles.
• Menos capacidad para elegir la mejor opción: eliminar la valoración técnica experta impide comparar la organización del servicio por parte de la empresa que opte al contrato, prevenir riesgos o mejorar la seguridad vial. La Administración pierde margen para elegir la opción más sólida y mejor diseñada, no solo la que resulte más barata o la que prometa mayor cantidad.
• Riesgo reputacional y de pérdida de eficacia: si el modelo de contratación no garantiza la selección que aporte la mejor relación calidad-precio, Puede ponerse en duda si realmente responde al interés público.

Un sistema centrado casi exclusivamente en precio y cantidad simplifica la adjudicación, pero puede debilitar la capacidad estratégica de la Administración y comprometer la eficiencia real del servicio a medio y largo plazo.