Según la última información publicada por la Asociación Española de la Carretera

Solo este verano, el deterioro del 52% de la red viaria generará un sobrecoste de más de 270 millones de euros en combustible, según la Asociación Española de la Carretera.

El grave deterioro de las infraestructuras viarias españolas no solo afecta a la seguridad vial o la sostenibilidad ambiental, sino que repercute directamente en la economía de transportistas, empresas logísticas y conductores particulares. Así lo advierte la Asociación Española de la Carretera (AEC) en su último informe sobre conservación, que constata que más de la mitad (52%) de la red viaria presenta daños graves o muy graves y requiere intervención urgente en un plazo máximo de cuatro años.

En concreto, 34.000 kilómetros necesitan actuación inmediata en menos de un año, y otros 20.000 kilómetros adicionales exigen obras de conservación antes de 2029, lo que eleva a 54.000 kilómetros (el 52% del total) la red afectada por un estado crítico.

Este deterioro del firme se traduce en un aumento del consumo de combustible de hasta el doce por ciento, lo que repercute directamente en los costes de explotación de las flotas y en el gasto diario de los usuarios. La AEC estima que solo durante los meses de julio y agosto de 2025, el sobrecoste asociado al mal estado del pavimento superará los 270 millones de euros, considerando los más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Dicho de otro modo: más de 4,5 millones de euros diarios en carburante extra que podrían evitarse si el estado de las vías fuera el adecuado.

Pero el impacto económico va más allá del combustible. Según el informe, la degradación del firme obliga a reducir la velocidad media de circulación en un diez por ciento, lo que incrementa significativamente los tiempos de viaje. En el caso del transporte profesional, esto supone:

• Un 12,5% más de tiempo para los camiones
• Un 25% más en autobuses
• Un 20% adicional en vehículos ligeros

Al prolongarse los trayectos, también aumentan los costes laborales, logísticos y de mantenimiento, lo que repercute finalmente en el precio del producto transportado. Según cálculos de la AEC, este encarecimiento puede alcanzar hasta un diez por ciento en el producto final.

Además, la AEC reclamó una revisión del actual marco fiscal vinculado a la movilidad, señalando que el transporte por carretera soporta una carga impositiva muy superior a la de otros modos, como el ferroviario, el marítimo o el aéreo, exentos del impuesto especial de hidrocarburos. En este sentido, la Asociación defiende que, dado su papel clave en la logística y la economía, el transporte por carretera debe ser apoyado con medidas fiscales más equitativas, que reconozcan su contribución esencial al abastecimiento, la vertebración territorial y la movilidad cotidiana de millones de personas.

“La situación no se resolverá con parches o señales de advertencia”, advirtió Jacobo Díaz, director general de la AEC, quien defendió la necesidad de una planificación a largo plazo y una inversión estructural que garantice la conservación de las carreteras. Según la Asociación, el déficit acumulado en mantenimiento supera ya los 13.400 millones de euros, y más del 90% de esa cifra corresponde a actuaciones sobre firmes en estado grave o muy grave.

Para el sector del transporte por carretera, estos datos confirman una realidad cada vez más difícil de asumir: el deterioro de la red no solo reduce la eficiencia y competitividad, sino que impone un coste adicional creciente a los operadores que, en muchos casos, ya enfrentan elevados márgenes operativos y presiones regulatorias.