El acceso al agua es el mayor punto de riesgo sanitario en la interacción entre ganado y fauna silvestre
Científicos del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), de la Universidad de Córdoba, la Universidad de León y del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (Visavet) de la Universidad Complutense de Madrid, con ayuda de colaboradores del sector y administraciones, estudian cómo caracterizar y mejorar la bioseguridad frente a los ungulados silvestres a través de un protocolo de trabajo común y sistemático en explotaciones extensivas en las dehesas mediterráneas.
La bioseguridad frente a fauna silvestre, entendida como la reducción de los riesgos de interacción en la interfaz doméstico-silvestre, resulta una herramienta esencial para el control de estas enfermedades. Sin embargo, los sistemas de producción extensivos carecían de protocolos detallados, específicos y sistemáticos para evaluar su bioseguridad frente a la fauna silvestre, así como para implementar y evaluar acciones para reducir sus interacciones y, por tanto, prevenir la aparición de enfermedades compartidas.
Para controlar la transmisión de enfermedades compartidas relevantes, como la tuberculosis animal (TB) en ecosistemas Mediterráneos o la peste porcina africana (PPA) en Europa Oriental y Central, es fundamental reducir el riesgo de interacción entre el ganado y los ungulados silvestres. La situación actual de la TB y la propagación del virus de la PPA hacia zonas más occidentales están mermando los sectores bovino y porcino en las regiones afectadas, y amenazan seriamente a otros países involucrados en relaciones comerciales con dichas regiones. En esta línea de investigación, desarrollada en España desde 2015, se evaluó el riesgo de interacción entre los ungulados silvestres y el ganado en 100 explotaciones extensivas (55 bovinas y 45 porcinas) para proponer acciones relacionadas con la bioseguridad. Para ello, se desarrolló un protocolo sistemático de mitigación de riesgo, específico para cada ganadería.
El protocolo consta de tres fases. La fase 1 consiste en la recopilación de información general y potenciales puntos o acciones de riesgo. Incluye tanto los datos recopilados antes de visitar la explotación (aportados por las Administraciones responsables), como los recopilados durante la visita (se realiza una encuesta epidemiológica y una auditoría de campo de cada riesgo potencial identificado en la encuesta). Entre los primeros se encuentran el tamaño de la explotación, perímetro, usos del suelo, especies ganaderas presentes y sus censos, estatus sanitario de las mismas, movimientos de entrada y salida de animales, etc. Entre los segundos, información más precisa sobre la distribución, manejo y/o gestión del ganado, la fauna silvestre, el alimento, el agua y las instalaciones.
Toda esta información se utiliza para preparar un plan de acción específico para la explotación (fase 2), el programa de bioseguridad, en el que se enumeran y clasifican los riesgos y se proponen acciones de mitigación (prioritarias y alternativas) para reducir la exposición en cada punto de riesgo. Por último, los planes de acción se entregan a los ganaderos y, al año siguiente, las acciones propuestas se auditan de nuevo para evaluar la aceptación de los planes (fase 3).
Los resultados de estos trabajos mostraron que la mayoría de los puntos de riesgo de interacción (>80%) estaban asociados a abrevaderos para los animales, principalmente manantiales y charcas, sobre todo las de diámetro inferior a 20 metros. Estos puntos supusieron casi la totalidad de los puntos con valoración de riesgo alta o muy alta en una escala 1-5. El riesgo de interacción en los puntos de alimentación y los asociados a instalaciones para la gestión del ganado y/o la caza (<10% cada uno) fueron calificados como de riesgo bajo y muy bajo, respectivamente. Los ungulados silvestres presentes, por su parte, se cazaban y alimentaban de forma suplementaria en más del 50% de los territorios de las explotaciones encuestadas. En promedio, se identificaron 16,0 (rango: 4-43) y 18,5 (rango: 4-56) puntos de riesgo por ganadería bovina y porcina, respectivamente.
Los resultados pusieron de manifiesto los riesgos sanitarios de los puntos de agua, así como la dificultad que existe para gestionarlos. Se transmitió a los ganaderos, además, la necesidad de poner fin a la doble explotación simultánea del territorio (caza mayor/ganadería extensiva), pues genera un conflicto de intereses con las consecuencias sanitarias. Este protocolo tiene la capacidad de definir cualquier característica epidemiológica relevante en las explotaciones, su gestión y riesgos, permitiendo crear planes de acción individuales a nivel de explotación/punto específico de riesgo. Además, permite clasificar la prioridad de las acciones de mitigación en función de su viabilidad y eficacia esperada, lo que facilita el ahorro de recursos y esfuerzo.
