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España es uno de los países más afectados por la nueva norma, ya que el 97%de las importaciones de crudo no serían elegibles bajo los nuevos criterios

Aice y una veintena de organizaciones reclaman cambios urgentes en el Reglamento del Metano para garantizar la seguridad de suministro de la Unión Europea

Redacción Interempresas04/09/2026

La Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) se ha sumado, junto con otras 20 organizaciones del sector energético español, europeo y estadounidense, a una declaración conjunta en la que se solicita a la Comisión Europea la adopción urgente de medidas que permitan garantizar una aplicación efectiva, homogénea y jurídicamente segura del Reglamento Europeo del Metano (EU MER).

A partir del 1 de enero de 2027, los importadores de petróleo y gas deberán demostrar el cumplimiento de nuevos requisitos de control y seguimiento de emisiones de metano por parte de sus proveedores. Sin embargo, el sector advierte de que todavía no existen los sistemas de acreditación, verificación y certificación necesarios para hacerlo, ni en la Unión Europea ni en terceros países exportadores.

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“Aunque el sector valora positivamente los esfuerzos de la Comisión para guiar a las autoridades nacionales en la aplicación del Reglamento, las recomendaciones no aportan la seguridad jurídica necesaria que necesitan los importadores, con propuestas de vías de cumplimiento voluntarias, que dependen de factores fuera del control de los importadores, y sujetas a criterios nacionales”, apuntaron fuentes de la entidad a través de un comunicado.

Esto podría provocar una fragmentación del mercado interior europeo, distorsiones competitivas entre operadores y una merma de la competitividad industrial, advirtió AICE.

Además, la entidad recordó que la ausencia de un marco normativo claro afecta no solo a las decisiones a partir del inicio de aplicación del EU MER (1 de enero de 2027), sino a las que se están tomando ahora mismo, ya que muchas empresas están cerrando ya sus contratos de suministro para 2027 en un contexto de gran incertidumbre regulatoria.

Por ello, AICE, junto con una veintena de entidades, ha reclamado más tiempo y herramientas para poder cumplir con las obligaciones de importación previstas en el Capítulo V del Reglamento. El sector comparte los objetivos del EU MER, si bien insiste en la necesidad de garantizar que, cuando las obligaciones empiecen a exigirse, existan realmente los sistemas necesarios para cumplirlas.

En concreto, ese tiempo adicional serviría para:

  • Completar los sistemas de acreditación, verificación y certificación necesarios, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
  • Desarrollar y poner en marcha soluciones de cumplimiento que funcionen a nivel global y que todos los países acepten por igual.
  • Evaluar con rigor si es realmente posible cumplir la norma y qué consecuencias tendría para la seguridad energética, la competitividad y la diversificación del suministro.
  • Dar a las empresas la seguridad jurídica y la aplicación homogénea entre países que solo puede garantizar una norma vinculante.

Asimismo, la industria del combustible ha instado al Gobierno de España a respaldar una resolución que ajuste las obligaciones sobre importadores del EU MER para evitar riesgos de suministro, así como las exigencias previstas a partir de 2027, y promueva una revisión acotada al capítulo V del Reglamento.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que el volumen de crudo disponible en las refinerías podría reducirse más de un 50 por ciento. Además, AICE recuerda que España es uno de los países más afectados por el Reglamento Europeo del Metano, ya que el 97 por ciento de las importaciones de crudo en España no serían elegibles bajo los criterios del EU MER, frente al 87 por ciento de la Unión Europea, según el estudio ‘EU Methane Emissions Regulation Study’ de Wood Mackenzie.

Los firmantes han advertido que esta situación podría limitar significativamente las opciones de aprovisionamiento energético de Europa, reducir la diversificación geográfica de los suministros, y afectar negativamente a la competitividad industrial y a la seguridad de suministro del continente, con especial afectación a España.

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