La jornada de Tarancón abordó el convenio colectivo, la fiscalidad, el manejo de precios, los servicios complementarios, el cumplimiento ambiental y la recarga eléctrica

La cuarta jornada del 'CEEES Tour 2025/2026', celebrada el pasado 2 de julio en Tarancón, Cuenca, reunió a empresarios, gestores y representantes del sector para analizar los principales retos operativos de las estaciones de servicio. El encuentro puso el foco en la necesidad de anticiparse a los cambios normativos y fiscales, reforzar la profesionalización de la gestión y proteger la rentabilidad mediante un mayor control de los precios, los inventarios, las relaciones laborales, los riesgos ambientales y las inversiones.

El 'CEEES Tour 2025/2026' hizo parada en Tarancón bajo el lema ‘20 ciudades, todas las energías, una sola voz’. La sesión, celebrada en el Restaurante Essentia de la localidad conquense y organizada por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) junto con la Federación Castellano-Manchega de Empresarios de Estaciones de Servicio (Fecamaes), ofreció una visión transversal de los desafíos que afrontan las pymes del sector.

A lo largo de la jornada se abordaron cuestiones con una incidencia directa en la operativa diaria de las estaciones: los recientes cambios fiscales aplicados a los carburantes, la vigilancia de los márgenes, la negociación colectiva, la organización de las plantillas, la profesionalización de la tienda y el lavado, el estado de los suelos y las aguas subterráneas, y las posibilidades de incorporar recarga eléctrica sin asumir la totalidad de la inversión.

Más allá de los asuntos tratados, las intervenciones dejaron un mensaje común: las estaciones necesitan anticiparse. Conocer mejor los costes, documentar los inventarios, formar a los trabajadores, revisar el estado ambiental de los activos y estudiar con tiempo el acceso a potencia eléctrica permite disponer de mayor margen de actuación ante futuras obligaciones o cambios de mercado.

La apertura institucional corrió a cargo de Alberto Domínguez, presidente de Fecamaes, y Nacho Rabadán, director general de CEEES. Este último comenzó su intervención presentando algunas de las herramientas impulsadas por la Confederación para mejorar la cooperación entre empresarios, asociaciones y proveedores.

Una de las iniciativas comentadas fue CEEES360, plataforma concebida para sistematizar la colaboración que ya existe entre los empresarios del sector. A través de ella, los asociados pueden plantear consultas especializadas, localizar proveedores, acceder a ofertas internas y coordinar determinados servicios con otras estaciones próximas.

“CEEES360 no es otra cosa que sistematizar lo que los gasolineros ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo: hablar entre nosotros”, resumió Nacho Rabadán. El director general de CEEES puso como ejemplo la posibilidad de coordinar la recogida de residuos entre varias instalaciones, localizar profesionales de confianza o compartir información sobre proveedores y actuaciones técnicas.

La Confederación también presentó su colaboración con ACompartir, una organización que canaliza excedentes no alimentarios y otros bienes en buen estado hacia entidades sociales verificadas. El objetivo es facilitar que las estaciones puedan donar productos o equipamientos que ya no utilizan, evitar costes de almacenamiento o destrucción y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en su entorno.

La evolución de los precios ocupó buena parte del inicio de la jornada, celebrada apenas un día después de la entrada en vigor de los últimos cambios fiscales aplicados a los carburantes. Rabadán se refirió a la denominada “lista negra” de estaciones con comportamientos considerados anómalos y a la intensificación de la vigilancia sobre los márgenes.

El director general de CEEES recordó que las estaciones deben comunicar los precios siempre que se produzca una modificación y hacerlo con una hora de antelación respecto a su aplicación. Asimismo, insistió en que el importe reportado debe coincidir con el precio que finalmente encuentra el consumidor en la instalación.

Según explicó, la CNMC había analizado anteriormente alrededor de 10.500 estaciones y detectado comportamientos considerados anómalos en tan solo 52 casos. La Confederación expresó su desacuerdo con un sistema que, a su juicio, puede señalar públicamente a empresas que operan en un mercado de precios libres. No obstante, anunció que mantendrá su propia labor de seguimiento para avisar a las estaciones asociadas cuando detecte desviaciones que puedan exponerlas a una investigación.

El mensaje trasladado a los gestores fue que la política de precios ya no puede separarse de la trazabilidad de la información, el conocimiento de los costes y el cumplimiento de las obligaciones de comunicación. En un entorno de mayor escrutinio administrativo y mediático, cualquier decisión debe apoyarse en datos verificables y procedimientos internos claros.

El primer coloquio, dedicado a empresa y personas, contó con la intervención de Miguel Ángel Calle, asesor laboral de CEEES, quien explicó las principales novedades del nuevo convenio colectivo estatal del sector, firmado tras aproximadamente 18 meses de negociación.

El convenio tendrá vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027. Contempla un incremento salarial del 3,4 por ciento para 2025, del dos por ciento para 2026 y del uno por ciento para 2027, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC y sujeta a determinados límites. Una vez publicado, las empresas deberán abonar los atrasos correspondientes a las actualizaciones de 2025 y 2026.

Miguel Ángel Calle, asesor laboral de CEEES, explicó las principales novedades del nuevo convenio colectivo estatal del estaciones de servicio.

Otra de las novedades es la reducción de la jornada anual, que pasa de 1.760 a 1.752 horas desde el 1 de enero de 2026. Calle destacó, no obstante, que se mantiene el cómputo anual y, con él, la flexibilidad necesaria para organizar los cuadrantes en una actividad caracterizada por los amplios horarios, los turnos, el trabajo nocturno y la apertura en festivos.

La negociación también ha conservado la polivalencia de la figura del expendedor-vendedor. El asesor laboral recordó que muchas estaciones operan con un único empleado por turno, por lo que limitar sus atribuciones dificultaría la organización de numerosas pymes.

“La gran mayoría de las estaciones solo tiene un trabajador por turno y ese trabajador tiene que hacer de todo. No podemos excluir funciones”, señaló Calle. Entre esas tareas se encuentran la atención de la caja y la tienda, la supervisión de los suministros, el control de inventarios, la limpieza general de la instalación y las demás funciones necesarias para el funcionamiento del punto de venta.

El convenio mantiene un tratamiento específico para la limpieza de baños y las tareas de jardinería. Estas funciones tienen carácter voluntario, requieren la aceptación del trabajador y están asociadas a un complemento que pasa de 25 a 30 euros mensuales. Calle recomendó regular por escrito cómo debe prestarse el servicio y durante cuánto tiempo se asume, ya que la negativa de algunos trabajadores puede dejar determinados turnos sin cobertura y obligar a externalizar estas labores.

También se incorporan dos nuevas faltas relacionadas con la obligación del trabajador de comunicar que no acudirá a su puesto por una baja médica y con el incumplimiento voluntario del registro de jornada. Asimismo, el plazo de audiencia previa antes de un despido queda establecido en cinco días.

Calle vinculó la amplitud de las funciones del expendedor-vendedor con la necesidad de invertir en formación. Según indicó, más de la mitad del crédito formativo disponible para las empresas del sector no llega a utilizarse, pese a la creciente complejidad de la actividad.

En este ámbito, CEEES y Fecamaes pusieron como ejemplo la microcredencial universitaria desarrollada junto con la Universidad de Castilla-La Mancha. La iniciativa ha permitido formar a varias decenas de trabajadores y podría tener continuidad con nuevos programas dirigidos tanto a empleados como a empresarios.

La sesión también abordó la prevención frente a la posible exposición al benceno. Calle recordó la conveniencia de realizar mediciones en las instalaciones y señaló que la mayoría de los controles efectuados hasta ahora han ofrecido resultados negativos. No obstante, incidió en que existen medidas preventivas que las estaciones deben tener en cuenta, como la doble taquilla, la gestión del lavado de los uniformes y los tiempos destinados a la higiene antes de comer y al finalizar el turno.

CEEES recomendó documentar las actuaciones realizadas y planteó la experiencia de otras asociaciones territoriales como ejemplo de interlocución preventiva con las administraciones. El objetivo, explicaron sus representantes, es acreditar que el sector está evaluando los riesgos y adoptando medidas antes de que se produzcan inspecciones o requerimientos.

El segundo coloquio estuvo dedicado a la diversificación y el comercio minorista, con la participación de Rosa Gracia, responsable de Expansión de Carrefour Express y Estaciones de Servicio, y Rocío Mas, coordinadora de Ventas de ISTOBAL.

La tienda y el lavado no se presentaron como nuevas líneas de actividad, sino como servicios plenamente consolidados en la red tradicional que necesitan una gestión cada vez más profesional. En un contexto de presión sobre el margen del carburante, ambas áreas pueden realizar una aportación relevante a la rentabilidad total de la estación, siempre que se analicen como unidades de negocio y no como servicios accesorios.

Rosa Gracia explicó que una marca reconocida puede ayudar a combatir la percepción de que las tiendas de las estaciones ofrecen necesariamente “precios elevados”. “Lo más importante es el reconocimiento, la imagen y el prestigio que tiene la marca Carrefour”, afirmó.

Antes de incorporar una tienda a su red, Carrefour analiza factores como la ubicación, los metros cuadrados disponibles, la venta de carburantes, el perfil socioeconómico del entorno, la proximidad de la competencia y los hábitos de los clientes. A partir de ese estudio se configuran el surtido, las tarifas y el modelo comercial más adecuado.

Gracia subrayó, no obstante, que los datos deben complementarse con el conocimiento del propio empresario: “También, escuchamos al franquiciado, que conoce a sus clientes, la zona y sabe perfectamente lo que necesita su tienda”.

El modelo contempla que Carrefour suministre aproximadamente el 80 por ciento del surtido, mientras que el 20 por ciento restante puede reservarse para proveedores locales. Esta flexibilidad permite incorporar productos del entorno y mantener la relación con fabricantes o comercios próximos. Los pedidos se generan de forma automatizada a partir de las ventas registradas, aunque el gestor puede reforzarlos ante celebraciones locales, periodos vacacionales o aumentos previsibles de la demanda.

Por su parte, Rocío Mas analizó el potencial del lavado de vehículos y las distintas fórmulas disponibles para renovar los equipos. Junto con la adquisición de quipos, ISTOBAL ofrece otros modelos de pago por lavado y cuotas periódicas que permiten distribuir la inversión a lo largo del contrato.

Mas destacó que el rendimiento de un área de lavado no depende únicamente de la tecnología instalada. La limpieza del espacio, la calidad percibida, los medios de pago, el mantenimiento y la rapidez para resolver una avería influyen directamente en la decisión del usuario.

“Un lavado parado significa que se para vuestra recaudación”, advirtió. Para reducir estos periodos de inactividad, los equipos conectados pueden enviar avisos al servicio técnico y facilitar un diagnóstico previo antes de que el profesional se desplace hasta la instalación. La conectividad permite también consultar a distancia las ventas de cada pista, los medios de pago utilizados y otros indicadores de gestión.

Rocío Mas analizó el potencial del lavado de vehículos y las distintas fórmulas disponibles para la renovación de equipos.

La digitalización de los pagos fue otro de los asuntos analizados. Según los datos expuestos por Mas, la utilización de tarjeta en las nuevas instalaciones está creciendo con rapidez y alcanza porcentajes especialmente elevados en grandes núcleos urbanos. Aunque efectivo y tarjeta continuarán conviviendo, ISTOBAL considera que incorporar pagos digitales puede ayudar a captar a usuarios que habitualmente no llevan monedas y a incrementar la facturación del área.

El coloquio dejó una recomendación clara para los gestores: tienda y lavado requieren análisis de mercado, inversión, mantenimiento, formación y una estrategia comercial propia. Su potencial no depende únicamente de disponer del servicio, sino de gestionarlo correctamente y adaptarlo a la demanda real de cada emplazamiento.

Tras la pausa, José Antonio Berenguer, socio de Fuel Marketing Consulting, analizó la evolución de los mercados, los contratos de suministro y el efecto de los recientes cambios fiscales sobre las estaciones de servicio.

Berenguer fue especialmente crítico con la forma en la que se comunicaron y aplicaron las modificaciones tributarias. “La gestión del cambio, en este caso, ha sido pésima”, afirmó. A su juicio, la incertidumbre de los días previos provocó un aumento puntual de la demanda, problemas de suministro en algunas instalaciones y dificultades para planificar los niveles de producto.

El especialista explicó que los cambios impositivos afectan de forma diferente a cada estación dependiendo de sus existencias, su rotación, el momento de compra y la evolución de las cotizaciones. Por ello, rechazó que las empresas intenten obtener beneficios extraordinarios acumulando o reduciendo producto en función de una expectativa fiscal.

“No se trata de especular; se trata de racionalizar y optimizar las compras”, resumió. La recomendación fue mantener las estaciones correctamente abastecidas, conocer la demanda habitual y evitar tanto el exceso de existencias como el riesgo de quedarse sin producto.

CEEES, además, aconsejó realizar controles documentados de inventario en cada cierre de mes durante el periodo de aplicación de las medidas fiscales. Estos registros permitirían acreditar el volumen de producto disponible ante un nuevo cambio normativo y defender los intereses de la empresa si posteriormente se exigiera algún ajuste o liquidación.

Berenguer también señaló la importancia de elegir adecuadamente el momento de compra. Las variaciones diarias e intradiarias de las cotizaciones pueden modificar de forma significativa el coste de una cisterna, por lo que recomendó seguir el mercado y revisar las condiciones incluidas en los contratos de abanderamiento, arrendamiento o suministro.

El ponente llamó igualmente la atención sobre el renovado interés inversor por las estaciones de servicio. A su juicio, el aumento de operaciones de compra, alquiler y abanderamiento muestra que el sector continúa siendo atractivo y que los emplazamientos bien situados conservan un valor elevado.

De izquierda a derecha: Alejandro Prados, gerente y fundador de AMS; Nacho rabadán, y José Antonio Berenguer, socio de Fuel Marketing Consulting.

El cumplimiento ambiental fue abordado por Alejandro Prados, gerente y fundador de Asistencia Medioambiental en Suelos (AMS). Su intervención se centró en la contaminación de suelos y aguas subterráneas y en los riesgos que pueden aparecer durante la compra, el alquiler, la transmisión o el cierre de una estación de servicio.

Prados recomendó revisar cualquier estudio ambiental existente antes de adquirir o alquilar una instalación. No basta, advirtió, con que el vendedor entregue un informe: es necesario comprobar la calidad de la investigación, la ubicación de los sondeos y si el documento permite descartar razonablemente la presencia de contaminación.

El ponente insistió en que los problemas ambientales pueden trasladarse a los nuevos titulares o propietarios dependiendo de las circunstancias y de la identificación del responsable de la contaminación. Por ello, el estado del suelo debe formar parte de la diligencia previa de cualquier operación empresarial.

“Lo principal es adelantarse a las cosas”, sostuvo Prados. Una investigación voluntaria permite conocer la situación de la instalación, delimitar una posible afección y plantear actuaciones antes de que llegue un requerimiento de la consejería competente o de una confederación hidrográfica.

En caso de detectar concentraciones superiores a determinados valores, explicó, no siempre es necesario iniciar directamente una descontaminación completa. Los análisis de riesgos pueden determinar si existe una exposición real y ayudar a definir medidas proporcionadas. En cualquier caso, cualquier actuación debe estar técnicamente fundamentada y contar con las autorizaciones correspondientes.

“No hay que verlo únicamente como un gasto, sino como una inversión para saber qué tenéis debajo de los pies”, afirmó. Una investigación preventiva puede evitar procedimientos más largos, sanciones y actuaciones cuyo coste llegue a comprometer el valor patrimonial de la estación.

El mensaje tuvo también una dimensión empresarial. Conocer el estado ambiental del activo aporta seguridad en operaciones de compraventa, alquiler, ampliación o sucesión familiar y permite incorporar posibles responsabilidades al precio y a las condiciones contractuales.

El último bloque estuvo dedicado a la movilidad eléctrica y contó con la intervención de Gustavo Mezquita, asesor de CEEES en esta materia y representante de Vestel Ingenieros. Mezquita presentó el acuerdo alcanzado por la Confederación con Iberdrola | bp pulse para facilitar la implantación de puntos de recarga rápida y ultrarrápida en estaciones asociadas.

El ponente defendió que la electrificación será un proceso prolongado y compatible durante décadas con la venta de carburantes. Según su estimación, alcanzar una penetración del vehículo eléctrico del 60 o el 70 por ciento podría requerir entre dos y tres décadas. Mientras tanto, sostuvo, las estaciones continuarán desempeñando un papel esencial en el suministro de combustibles y en la prestación de servicios a los usuarios.

La propuesta presentada contempla la instalación de ‘hubs’ formados habitualmente por al menos cuatro cargadores de 400 kW. Este tipo de infraestructura puede requerir entre uno y 1,5 MW de potencia y una inversión aproximada de entre 620.000 y 1,2 millones de euros, dependiendo de la configuración, según las cifras expuestas durante la jornada.

Ante la dificultad de que una pyme asuma estas cantidades y espere retornos de hasta 15 o 20 años, el modelo plantea que el operador realice la inversión y alquile entre seis y ocho plazas a la estación. La renta orientativa se situaría entre 12.000 y 20.000 euros anuales, con contratos a largo plazo y distintas posibilidades de remuneración fija o variable.

Mezquita señaló que el principal valor no reside únicamente en el alquiler. “La inversión más importante es la instalación eléctrica, no los cargadores. Esa infraestructura se queda y revaloriza la estación porque dispone de potencia asignada”, explicó.

El acceso a la red constituye, precisamente, uno de los principales obstáculos. Las tramitaciones pueden prolongarse entre doce y 36 meses y, en determinadas zonas, la capacidad disponible es muy limitada. La electrificación de viviendas, industrias, centros de datos y otros sectores está aumentando la demanda sobre unas redes de transporte y distribución que requieren nuevas inversiones.

CEEES planteó esta situación como un “juego de las sillas”: la potencia concedida a un emplazamiento puede dejar de estar disponible para los negocios próximos. Por ello, recomendó estudiar cuanto antes la viabilidad técnica de cada estación, aunque el empresario todavía no haya decidido si quiere desarrollar el proyecto.

La propuesta no se presentó, sin embargo, como una solución aplicable a todas las instalaciones. La ubicación, el tráfico, el espacio disponible, la demanda potencial y el coste de oportunidad asociado a un contrato de 20 años deben analizarse con detenimiento. La recomendación fue valorar la posibilidad sin asumir que la recarga será rentable en cualquier emplazamiento ni que sustituirá a corto plazo al negocio tradicional.

Javier de Antonio, presidente de CEEES, clausuró la jornada con una síntesis de los asuntos tratados. Entre otras recomendaciones, recordó la necesidad de comprobar que los empleados que manipulan alimentos cuentan con la formación necesaria y de documentar la coordinación de actividades empresariales cuando instaladores, electricistas u otros profesionales realizan trabajos con riesgo dentro de una estación.

De Antonio también animó a los empresarios a prestar atención a la evolución de las tiendas de conveniencia y, en particular, al crecimiento de los espacios de comida preparada y consumo en el propio establecimiento. No obstante, señaló que cada inversión debe ajustarse a la ubicación, el perfil de cliente y el potencial real de la instalación.

El presidente de CEEES volvió a destacar la importancia de anticiparse en materia ambiental y de estudiar las oportunidades asociadas a la recarga eléctrica, especialmente para aquellas estaciones que disponen de superficie suficiente y se encuentran en vías con un volumen significativo de tráfico.

Finalmente, reivindicó la unidad asociativa como herramienta para defender al sector frente a la presión regulatoria y mediática. “Cuanto más seamos, más fuertes seremos, más representatividad tendremos y más nos respetarán”, afirmó.

La jornada de Tarancón dejó así una hoja de ruta centrada en la gestión. El futuro de las estaciones de servicio no dependerá únicamente de la evolución de las energías para la movilidad, sino también de la capacidad de conocer los costes, proteger el margen, organizar las plantillas, profesionalizar los servicios asociados, controlar los riesgos ambientales y analizar las inversiones con una perspectiva de largo plazo.