El sector energético europeo pide aplazar tres años las obligaciones del Reglamento de Emisiones de Metano

El sector energético europeo reclama modificaciones específicas del Reglamento de la UE sobre las emisiones de metano (EUMR) y una prórroga de tres años para determinadas obligaciones aplicables a las importaciones. Sedigas se ha adherido a una declaración conjunta promovida por una amplia representación de la industria energética europea, que considera necesario disponer de un marco de aplicación viable, armonizado y jurídicamente seguro.

Sedigas y las demás organizaciones firmantes aseguran que el sector mantiene su compromiso con la reducción de las emisiones de metano y que los importadores están dispuestos a cumplir el Reglamento. La petición, subrayan, no busca reducir las sanciones ni flexibilizar las obligaciones, sino contar con el tiempo y las herramientas necesarias para hacer viable su cumplimiento en relación con el petróleo crudo y el gas que necesita Europa.

En este contexto, las asociaciones consideran necesario modificar determinados aspectos del Reglamento y establecer una prórroga de tres años de las obligaciones correspondientes al capítulo V, en particular las contempladas en los artículos 28.1, 28.2 y 29.1.

Reclama que este aplazamiento se articule mediante una medida jurídica vinculante a escala de la Unión Europea. Según las organizaciones firmantes, las recomendaciones no vinculantes o la aplicación discrecional por parte de las autoridades nacionales no ofrecen la seguridad jurídica ni la armonización necesarias para el funcionamiento del mercado interior.

El periodo adicional permitiría completar los sistemas de acreditación, verificación y certificación necesarios tanto dentro de la UE como en los países exportadores, así como desarrollar soluciones de cumplimiento disponibles a escala global y reconocidas de manera uniforme por los Estados miembros.

Asimismo, permitiría realizar una evaluación rigurosa de la viabilidad del cumplimiento y de las consecuencias del Reglamento sobre la seguridad energética, la competitividad y la diversificación del suministro europeo, con vistas a preparar una revisión anticipada de la norma.

Las organizaciones sostienen que el aplazamiento no pretende debilitar el Reglamento ni retrasar sus objetivos, sino garantizar que, cuando las obligaciones sean exigibles, estén disponibles los sistemas y mecanismos necesarios para cumplirlas y que exista un marco de aplicación armonizado y con suficiente seguridad jurídica.