El biometano sustituirá el 15% del gas nacional para 2035

La asociación Appa Biogás presentó el informe ‘Potencial de Biometano en España’ durante una jornada en la que se reunió a empresas, administraciones públicas y distintos agentes del sector para celebrar el Día del Biogás y el Biometano. El encuentro sirvió para analizar cómo acelerar el desarrollo de esta tecnología con el fin de sustituir el 15% de la demanda de gas natural en los próximos diez años. Según el documento técnico, el aprovechamiento de residuos orgánicos permitiría movilizar entre 25 y 35 TWh anuales; un volumen necesario para reforzar la seguridad energética y la soberanía industrial del país.

La jornada se celebró en un momento en el que la seguridad energética se ha convertido en una prioridad económica, industrial y social. En un contexto de crisis energética internacional,  el mensaje transmitido durante la jornada fue que “España no puede seguir afrontando tensiones geopolíticas y volatilidad exterior con las mismas herramientas fósiles de siempre”. Según la organización, “la respuesta debe construirse con más energía producida en nuestro país, más aprovechamiento de nuestros residuos y una apuesta mucho más decidida por las moléculas renovables”.

Durante el evento se presentó el informe ‘Potencial de Biometano en España’, el cual confirma que el país dispone de una base sólida para desplegar esta tecnología a escala relevante. El documento sitúa en 151 TWh el potencial bruto estimado de producción de biometano. Si se compara con la demanda convencional actual de gas natural en España, que asciende a 231,8 TWh, ese volumen equivaldría aproximadamente al 65% del consumo actual.

Una de las principales conclusiones de la jornada, inaugurada por el director general de Política Energética y Minas del MITECO, Manuel García Hernández, y el presidente de APPA Biogás, Laureano Parrilla, fue que el debate ya no gira en torno a si España tiene o no recurso, sino en cuántas de esas oportunidades pueden convertirse realmente en proyectos viables y en producción efectiva. Por ello, el sector señaló la necesidad de un marco normativo más claro y estable; mayor agilidad administrativa; mejor coordinación entre administraciones; una regulación más precisa sobre clasificación de sustratos y régimen del digestato; y mecanismos de apoyo que mejoren la bancabilidad de los proyectos.

A estos factores se añaden desafíos logísticos, territoriales y sociales que son decisivos para transformar el recurso en proyecto. La proximidad a los sustratos, la conexión a la red gasista, la disponibilidad de superficies agrarias, el desarrollo de cadenas logísticas adaptadas y la aceptación local siguen marcando la diferencia entre el potencial teórico y el potencial verdaderamente movilizable. Desde la asociación se valora positivamente que el biometano gane peso estratégico en el Real Decreto-ley 7/2026, pero, también, se advierte de que las inquietudes deben resolverse con rapidez para no bloquear las inversiones ni retrasar a las nuevas plantas.

Actualmente, apenas el 0,15% del gas consumido procede de fuentes renovables.

Más allá de su aportación energética, el biogás y el biometano ofrecen una respuesta transversal a varios de los grandes desafíos del país. Permiten mejorar la problemática de los residuos municipales, agroganaderos e industriales; generar actividad económica en el territorio; impulsar economía circular y crear empleo local, especialmente en entornos rurales. Además, aportan una solución renovable y gestionable para descarbonizar usos térmicos e industriales en un sistema que sigue muy expuesto al gas fósil importado.

Adicionalmente, el proceso de obtención de estos gases renovables permite también producir un fertilizante orgánico, sostenible y de proximidad, evitando la importación de este producto crucial para la agricultura. Sin embargo, el punto de partida de los gases renovables sigue siendo claramente insuficiente, ya que, actualmente, apenas el 0,15% del gas consumido procede de fuentes renovables. Por ello, el sector reclama una salida única que simplifique los procedimientos; un derecho efectivo de conexión a las redes de gas y electricidad; así como de inyección a la red gasista y una planificación que acompase la ambición política con la realidad industrial, administrativa y territorial de los proyectos.