El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas

En la reunión del pasado 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, una norma con la que el Gobierno busca reforzar la protección de los servicios esenciales que prestan entidades públicas y privadas en sectores estratégicos como energía, transporte, agua o sanidad. Según informa el Ejecutivo, la iniciativa persigue garantizar el funcionamiento de actividades indispensables para sostener funciones sociales y económicas vitales tanto en España como en la Unión Europea. El texto, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tendrá que ser sometido a la votación parlamentaria. 

Además de sectores tradicionales como la energía, la salud, el transporte, el agua, la Administración pública, la producción y distribución de alimentos o la industria nuclear, este catálogo incorporará nuevos sectores como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada, las instalaciones de investigación o las aguas residuales, entre otros.

El proyecto incorpora al ordenamiento jurídico nacional la directiva europea más reciente en esta materia (Directiva CER) y amplía el foco de actuación ante un mapa de amenazas que abarca desde fenómenos naturales y riesgos meteorológicos hasta sabotajes o amenazas híbridas. Durante la presentación de la norma, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó que el propósito consiste en dotar a estas entidades de mejores instrumentos para prevenir perturbaciones en servicios esenciales en un entorno marcado por crecientes interdependencias entre infraestructuras y sectores.

La futura ley encomienda a la Secretaría de Estado de Seguridad la elaboración, custodia y actualización del catálogo de entidades estratégicas, cuya identificación se apoyará en la futura Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y en la Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos. Junto a sectores ya contemplados en el sistema actual, el texto incorpora otros nuevos, entre ellos hidrógeno, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, seguridad privada, instalaciones de investigación o aguas residuales.

Además, mientras se elaboran esos nuevos instrumentos, seguirán vigentes el Plan Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, los planes estratégicos sectoriales y los planes de apoyo operativos elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivas demarcaciones. De ese modo, el proyecto mantiene la arquitectura operativa actual durante el periodo transitorio y ordena su adaptación al nuevo marco legal.

Las entidades incluidas en el catálogo deberán asumir una batería de obligaciones orientadas a reducir el riesgo de interrupción de los servicios que prestan. Entre ellas figura la elaboración de un plan específico que incorpore medidas de protección física, así como procedimientos de respuesta y mitigación frente a incidentes, en coherencia con el correspondiente plan estratégico sectorial. También deberán establecer un sistema de comprobación de antecedentes personales para el personal vinculado de forma directa con la operación, el mantenimiento o el control de infraestructuras críticas.

La norma añade la obligación de designar un responsable de seguridad y resiliencia de la entidad como punto de contacto con las autoridades competentes e implantar un sistema de notificación de incidentes capaz de alertar sobre cualquier alteración de los servicios esenciales. En paralelo, la Secretaría de Estado de Seguridad seguirá como autoridad nacional competente y el Centro Nacional para la Protección y la Resiliencia de las Entidades Críticas asumirá la interlocución directa con las organizaciones afectadas y la cooperación transfronteriza con el resto de Estados miembros.

El texto regula además las entidades críticas de especial importancia europea, definidas como aquellas que prestan servicios esenciales en seis o más Estados miembros, y crea la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, junto con un Grupo de Trabajo Interdepartamental. Quedan fuera del ámbito de aplicación los sectores bancario, financiero, asegurador y de infraestructuras digitales, así como las entidades dependientes del Ministerio de Defensa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al contar todos ellos con su propia normativa específica.