Redes eléctricas: el eje del nuevo marco energético

El debate técnico se ha centrado en dos ejes principales: la tasa de retribución de las inversiones (WACC) y el volumen total permitido de inversión. Ambos son factores determinantes para garantizar que España disponga de una red sólida, eficiente y capaz de acompañar el crecimiento de la electrificación, la digitalización y la integración de energías renovables en la próxima década.

La propuesta de la CNMC para el nuevo marco regulatorio establece una tasa de retribución (WACC) del 6,58 por ciento, ligeramente superior al periodo anterior, Sin embargo, las compañías eléctricas de transporte y distribución (T&D) consideran que cualquier tasa inferior al siete por ciento resulta insuficiente, especialmente si se compara con otros países del entorno, como Reino Unido o Italia, donde la retribución se sitúa por encima del 7,5 por ciento, lo que podría derivar inversiones hacia esos mercados, en particular de grupos como Iberdrola y Endesa. El resultado actual representa un equilibrio entre sostenibilidad económica y atracción de capital en un contexto de costes elevados.

En paralelo, el Real Decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica prevé un incremento excepcional del 62 por ciento en los límites de inversión para el periodo 2026-2031, equivalente a unos 11.300 millones de euros adicionales. Este aumento responde a la necesidad de reforzar la inversión en redes eléctricas para alcanzar los objetivos de industrialización, electrificación y transición energética. El esfuerzo permitirá modernizar las redes de distribución y mejorar la capacidad de conexión para nuevas demandas, como el crecimiento de los ‘data centers’ o la electrificación de los puertos. Si bien el incremento es significativo, aún existe margen para optimizar la eficiencia y orientar los recursos hacia proyectos de mayor valor añadido para la red y la industria.

El nuevo marco de inversión sitúa a las redes eléctricas en el centro de la descarbonización. Los ejes prioritarios definidos por el Gobierno —hidrógeno verde, data centers y electrificación de puertos— coinciden con sectores clave para la competitividad del país.

En el ámbito del hidrógeno verde, España parte de una posición favorable por su capacidad renovable. La producción mediante electrólisis favorecerá la creación de valles de hidrógeno y la descarbonización de industrias y transporte marítimo, con los puertos como enclaves estratégicos de conexión y consumo.

El desarrollo de ‘data centers’, avanza impulsado por la inteligencia artificial y la creciente demanda de infraestructura digital. Se prevé que hasta 2027 entren en operación más de 600 MW IT de nueva capacidad, lo que subraya la urgencia de reforzar la red eléctrica para evitar saturaciones y garantizar la continuidad del suministro.

Por último, la electrificación de los puertos es una de las manifestaciones más visibles de esta transformación. Las nuevas inversiones permitirán desplegar sistemas de suministro eléctrico desde tierra (OPS), electrificar la maquinaria portuaria y habilitar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Estas medidas reducirán las emisiones locales y el ruido, mejorando la integración de los puertos en su entorno urbano y consolidando su papel como nodos logísticos sostenibles.

El incremento de la inversión en redes eléctricas y el impulso a sectores estratégicos refuerzan el compromiso de España con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética. La modernización de las infraestructuras será determinante para fortalecer la resiliencia del sistema y gestionar el crecimiento de la electrificación, la generación distribuida y las nuevas cargas derivadas de la movilidad eléctrica o la actividad portuaria.

El nuevo marco regulatorio, orientado a la sostenibilidad y la digitalización, permitirá desplegar redes más inteligentes y flexibles, capaces de integrar el desarrollo del hidrógeno verde y responder con agilidad a las necesidades de una economía en transformación. El reto ahora es acelerar la ejecución de los proyectos y asegurar que esta inversión se traduzca en infraestructuras preparadas para el futuro energético de España, mediante una coordinación eficaz entre administraciones, operadores y empresas tecnológicas que consolide el liderazgo del país en la transición hacia una economía baja en carbono.

"El nuevo marco regulatorio [...] permitirá desplegar redes más inteligentes y flexibles, capaces de integrar el desarrollo del hidrógeno verde y responder con agilidad a las necesidades de una economía en transformación"