Mantener la central nuclear de Almaraz durante solo 3 años costaría más de 3.800 millones de euros
El análisis, realizado por los investigadores Dr. Eloy Sanz Pérez, director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, y Víctor García Carrasco, de la Universitat Politècnica de Catalunya, compara tres escenarios: cierre (se cumple el calendario de cierre acordado actualmente), prórroga (el cierre de Almaraz se hará efectivo en 2030 y no habrá prórrogas adicionales) y prórroga+desaceleración renovable (el mercado asume que la prórroga de Almaraz será superior al plazo actualmente solicitado y que el resto de reactores se acogerán progresivamente a prórrogas similares).
A partir de aquí, analiza el impacto económico y energético en cada escenario y concluye que mantener la central abierta no abarata la electricidad a medio plazo, sino que genera un efecto desincentivador a la inversión renovable cuya consecuencia es un sobrecoste creciente para los consumidores a partir de los primeros años tras su cierre definitivo y un aumento de las emisiones. A partir de 2031, los escenarios con prórroga resultan sistemáticamente más caros que el cumplimiento del calendario de cierre, acumulando un sobrecoste de hasta 3.831 millones de euros en 2033 y pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta el mismo año.
“El ahorro inicial en precio y emisiones de una prórroga de la central nuclear de Almaraz se convierte en un sobrecoste estructural a medio plazo. Este encarecimiento se explica porque la prórroga frena la entrada de nuevas energías renovables, lo que obliga a mantener una mayor dependencia del gas, la tecnología que marca el precio de la electricidad en el mercado mayorista”, ha señalado Sanz Pérez.
El informe también responde a otra de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía desde el apagón del 28 de abril de 2025: la estabilidad del sistema. Según el análisis, el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se puede sustituir con energía renovable inmediatamente después de su cierre, lo que no solo garantiza la seguridad del suministro eléctrico sino que, además, desmonta el argumento de que sería necesario utilizar más gas (y, por tanto, generar más emisiones).
En términos de emisiones, el informe identifica una reducción temporal del empleo de ciclos combinados durante los años 2028-2030. Sin embargo, este efecto se revierte con fuerza tras el cierre definitivo de Almaraz al finalizar su prórroga. Como resultado, el sistema eléctrico es menos renovable y más dependiente del gas. Así, en el periodo 2026-2033, los escenarios de prórroga generan entre 5,8 y 12,3 MtCO2eq adicionales respecto al escenario de cierre, lo que implica un coste adicional de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutidos de forma directa en el precio de la electricidad. Incluso en caso de llevarse a cabo una prórroga indefinida de Almaraz, el escenario de cierre implica menos emisiones acumuladas en el periodo estudiado.
El estudio también indaga sobre el reciente cambio de postura de las compañías eléctricas al solicitar la prórroga de Almaraz, subrayando que esta decisión responde a criterios estrictamente empresariales y no de seguridad. Según el informe, el cambio de estrategia de las compañías está motivado por la previsión de un aumento del 30% en el precio del gas respecto al promedio de 2015-2018, priorizando así su beneficio comercial sobre el calendario de cierre acordado.
“Los datos que arroja este informe hablan por sí solos: la prórroga de la vida útil de Almaraz, de producirse, frenaría la transición energética al reducir la inversión en renovables y se realizaría a costa del bolsillo de los usuarios, justamente lo contrario de lo que pidió el Gobierno para conceder una eventual aprobación. En cambio, sostener el calendario de cierre nuclear acordado, incluyendo la clausura de Almaraz I en noviembre de 2027, es la vía más coherente para alcanzar la descarbonización. Frente a intereses empresariales cortoplacistas, este Gobierno estaría apostando por el bienestar de la ciudadanía mediante una medida que, además de mostrar credibilidad y liderazgo en la transición, garantiza competitividad, empleos verdes y la estabilidad del sistema eléctrico en las próximas décadas”, ha afirmado Francisco del Pozo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
